Hay momentos en los que la frontera entre la defensa de derechos y la justificación de la violencia se vuelve peligrosamente difusa. La carta firmada por 31 congresistas de izquierda solicitando la libertad de once personas acusadas de terrorismo es uno de esos episodios que obligan a una reflexión profunda, incómoda y necesaria.

En la lista de solicitantes de “garantías” aparecen figuras de varios sectores políticos. Por el partido Comunes firmaron Imelda Daza Cortés, Julián Gallo Cubillos, Jairo Reinaldo Cala, Luis Alberto Albán y Sandra Ramírez Lobo. Desde Alianza Verde figura el senador Ariel Ávila, mientras que por el movimiento Mais suscribieron la carta Norman Bañol y Aida Quilcué.

El grupo más numeroso corresponde al Pacto Histórico, con las firmas de Robert Daza Guevara, Alirio Uribe Muñoz, Clara López Obregón, Jahel Quiroga, Alfredo Mondragón, Wilson Arias Castillo, Eduard Sarmiento Hidalgo, Erick Velasco Burbano, Ermes Pete, Gabriel Becerra, Gabriel Parrado, Gildardo Silva, Jorge Hernán Bastidas, Heráclito Landínez, Alexandra Vásquez, Leyla Marleny Rincón, Pedro José Suárez y Susana Gómez Castaño, conocida como Susana Boreal.

No se trata de prejuzgar ni de desconocer la presunción de inocencia o el debido proceso. El problema surge cuando, bajo el discurso de la “criminalización de la juventud”, se intenta relativizar hechos que la Fiscalía califica como graves: ataques con explosivos, quema de buses con pasajeros a bordo y atentados contra la Fuerza Pública y la infraestructura de la ciudad.

El país no está frente a simples manifestaciones sociales. Está ante un proceso judicial por violencia sistemática ocurrida entre 2024 y 2025. Minimizarlo no es un acto de defensa de derechos: es un mensaje peligroso para una sociedad cansada de la violencia.

¿Qué se les dice a las víctimas? ¿A los ciudadanos afectados? ¿A los policías atacados? Cuando la política intenta inclinar la balanza de la justicia, los primeros en perder no son los acusados, sino las víctimas y la credibilidad del Estado.

La democracia no se fortalece presionando a la justicia. Se fortalece respetándola.