El Gobierno del presidente Gustavo Petro parece haber entrado en una carrera contrarreloj para contener los efectos inflacionarios derivados del aumento del 23,7 % del salario mínimo, una decisión unilateral que ahora amenaza con desatar tensiones económicas, jurídicas y sectoriales en distintos frentes de la economía nacional.

Aunque el propio jefe de Estado aseguró que no permitiría que el alza salarial se trasladara al consumidor final, sus recientes pronunciamientos y acciones revelan una estrategia cada vez más confrontacional: señalamientos públicos, advertencias de investigaciones, presión a los entes de control y anuncios de desindexación por decreto, incluso en sectores donde la ley es clara.

Advertencias, acusaciones y presión institucional

El episodio más reciente se produjo con el gremio constructor, Camacol, luego de que el presidente calificara como una posible “estafa delictiva” la indexación de los precios de la vivienda de interés social (VIS) y prioritaria (VIP) al salario mínimo. La afirmación encendió las alarmas del sector, no solo por su tono, sino porque desconoce el marco legal vigente, aprobado por el propio Gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo.

La normativa establece que los precios máximos de la VIS y la VIP están definidos en salarios mínimos legales vigentes, no por decisión discrecional de los constructores. Aun así, el mandatario solicitó la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio y pidió al Ministerio de Vivienda abstenerse de entregar subsidios a empresas que mantengan este esquema legalmente establecido.

Incertidumbre y deterioro de la confianza

Para analistas y voceros del sector, el problema de fondo no es la indexación, sino el impacto inesperado de un incremento salarial de magnitud histórica, decretado sin acuerdo con empresarios ni sindicatos. La concejal de Bogotá Sandra Forero advirtió que los mensajes del presidente están erosionando la confianza en un sector que aún no logra recuperarse de la crisis de ventas y empleo.

Camacol, por su parte, aseguró que no ha definido aumentos de precios y recordó que más de 24.000 familias desistieron de comprar vivienda en 2025, tras el desmonte del programa Mi Casa Ya. A esto se suma un panorama crítico: desempleo sectorial cercano al 14 % e informalidad que ronda el 70 %.

¿Control de precios encubierto?

Las advertencias al sector constructor no parecen ser un hecho aislado. Desde el anuncio del salario mínimo, el Gobierno ha insistido en contener “fenómenos especulativos”, controlar expectativas del mercado y evitar un “desbordamiento” inflacionario. Incluso se solicitó a aerolíneas mantener tarifas “socialmente responsables” durante la temporada alta, una medida que muchos interpretan como presión indirecta sobre los precios.

Ahora, el Ejecutivo prepara un nuevo decreto de desindexación, que buscaría desligar más productos y servicios del salario mínimo, incluyendo la vivienda VIS y VIP. Sin embargo, expertos advierten que esta medida no puede adoptarse por decreto, ya que el esquema está definido por ley y solo el Congreso tiene la facultad de modificarlo.

Una política que intenta corregirse a sí misma

Para Guillermo Herrera, presidente de Camacol, el problema surge de una política salarial desproporcionada, cuyos efectos ahora se pretenden corregir con medidas que podrían ser ilegales y que trasladan la responsabilidad al sector privado. Según el gremio, el aumento del mínimo implicará un crecimiento de costos de entre 10 % y 13 % en la producción de vivienda, impacto que no desaparece por decreto.

Además, una desindexación forzada podría afectar la inversión, el ahorro y el valor de los activos inmobiliarios, profundizando la incertidumbre económica en un país que ya enfrenta desaceleración y fragilidad en varios sectores productivos.

El dilema de fondo

El Gobierno insiste en que el “salario vital” impulsará mayores ventas y productividad, sin inflación. No obstante, la realidad del mercado no responde a consignas, sino a costos, expectativas y reglas claras. La pregunta que queda abierta es si el Ejecutivo está dispuesto a asumir las consecuencias de su decisión salarial o si continuará recurriendo a presiones y controles para contener un problema que él mismo creó.

Mientras tanto, empresarios, trabajadores y consumidores observan con preocupación un escenario donde el aumento del ingreso podría terminar diluyéndose entre incertidumbre, confrontación y desconfianza institucional.