Colombia acaba de ganar una medalla de plata que nadie quiere colgarse al pecho. Según el último reporte de The Economist, somos el segundo país con el mayor déficit fiscal del mundo, solo superados por Egipto. Mientras el discurso oficial intenta vender una recuperación económica moderada, las cifras frías de Londres y los analistas locales nos escupen una realidad distinta: estamos gastando lo que no tenemos y, lo que es peor, nos está saliendo más caro que a países en guerra.

El club de los desordenados

Estar en el mismo renglón que Egipto o Pakistán no es una coincidencia estadística; es el síntoma de una gestión que ha decidido ignorar las alarmas de la prudencia internacional. Mientras el mundo intenta aterrizar sus déficits por debajo del 3% del PIB, Colombia vuela a ciegas con un hueco del -7,5%.

La gravedad no reside solo en el número, sino en la pérdida de confianza. Cuando expertos como Diego Montañez-Herrera o el exministro Juan Manuel Restrepo advierten que nuestras tasas de interés a 10 años rondan el 12,8%, nos están diciendo que el mercado ya no nos cree. Hoy, financiar el funcionamiento del Estado colombiano es más costoso que financiar a Ucrania. Sí, leyó bien: el riesgo de prestarle a un país bajo invasión rusa es percibido, en ciertos términos, como menor al riesgo de apostar por la estabilidad fiscal del Gobierno Petro.

La trampa del salario y la deuda

El panorama se ensombrece cuando miramos hacia adelante. El reciente aumento del 23% en el salario mínimo —una medida popular en el discurso pero letal en la contabilidad— le meterá una presión adicional de $5,3 billones al déficit de 2026, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf). Es la tormenta perfecta: ingresos tributarios que no llegan, gastos que no se cortan y una deuda que ya roza el 60% del PIB.

Fitch Ratings nos da una de cal y otra de arena. Dicen que creceremos al 2,7%, lo cual es una buena noticia, pero advierten que ese crecimiento será devorado por el servicio de la deuda. Es como un trabajador que recibe un aumento, pero descubre que ahora debe pagar el triple en intereses de su tarjeta de crédito.

¿Hacia dónde vamos?

La «emergencia económica» decretada no puede ser una patente de corso para seguir dilatando el ajuste. No se trata de «neoliberalismo» versus «progresismo»; se trata de aritmética básica. Si el Gobierno sigue estirando la cuerda de los TES y desafiando la Regla Fiscal, el aterrizaje no será suave.

Colombia está en una encrucijada donde la ideología se ha estrellado contra la caja menor. O se recupera la credibilidad con un plan de austeridad real y técnico, o seguiremos ocupando los primeros puestos de los rankings que avergüenzan a cualquier economía emergente que aspire a la seriedad.