Colombia inicia 2026, año electoral, con un panorama de seguridad más frágil que el registrado en los últimos años. Lejos de mostrar señales de contención, el conflicto armado se intensificó durante 2025, con un fortalecimiento sostenido de los grupos ilegales, un aumento histórico de las disputas armadas y un impacto humanitario cada vez más profundo. Así lo advierte el más reciente informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).

El balance del año anterior es contundente: las estructuras armadas ilegales suman hoy 27.121 integrantes entre hombres en armas y redes de apoyo, lo que representa un crecimiento del 23,5 % frente a diciembre de 2024. En solo un año, más de 5.000 personas se incorporaron a estos grupos, evidenciando que ni las operaciones militares ni los procesos de negociación lograron frenar su capacidad de reclutamiento.

El Clan del Golfo lidera este aumento con cerca de 2.300 nuevos miembros, seguido por el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las antiguas FARC. Según la FIP, estas organizaciones han logrado consolidar su expansión gracias a incentivos económicos en territorios donde la presencia estatal es débil o intermitente, mientras la política de Paz Total no logró reducir la recomposición criminal.

Más disputas, más control territorial

El 2025 cerró como el año con mayor número de disputas armadas de la última década. Los enfrentamientos entre grupos ilegales aumentaron un 34 %, impulsados por rupturas internas, nuevas alianzas y la competencia por rutas estratégicas y economías ilegales. Actualmente, el país enfrenta al menos 13 zonas en disputa activa, casi el doble de las registradas al inicio del Gobierno Petro en 2022.

Este recrudecimiento de la violencia también se reflejó en un incremento significativo de los ataques: los dirigidos contra infraestructura y bienes civiles crecieron un 58 %, mientras que los ataques contra la Fuerza Pública aumentaron un 62 %, alcanzando las cifras más altas desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016.

Uno de los factores más preocupantes es la sofisticación de las capacidades militares de los grupos armados. Durante 2025 se registraron 277 ataques con drones cargados con explosivos, más del doble de los reportados en 2024. La mayoría de estos ataques fueron atribuidos al EMC, que ha incorporado esta tecnología de bajo costo y alta letalidad para evadir y golpear a la Fuerza Pública.

Crisis humanitaria en expansión

El impacto sobre la población civil ha sido devastador. El desplazamiento forzado aumentó un 85 %, con el Catatumbo como principal epicentro de la crisis, donde cerca de 92.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares. Además, más de un millón de personas resultaron afectadas por confinamientos y restricciones a la movilidad.

Aunque los homicidios solo registraron un aumento del 3 %, la FIP advierte que esta relativa estabilidad no refleja una reducción del poder armado, sino estrategias criminales más silenciosas para no afectar sus economías ilegales. En contraste, el secuestro se disparó un 133 %, con un cambio hacia modalidades urbanas y extorsivas, y con mayor participación de distintos actores armados.

Un Estado a prueba

Durante 2025, la Fuerza Pública incrementó sus acciones en un 34 %, pero este mayor despliegue no se tradujo en una mejora clara de la seguridad. El informe señala que la respuesta estatal ha sido, en gran medida, reactiva, con debilidades en inteligencia, prevención y anticipación del riesgo. A ello se suma la alta rotación de oficiales experimentados y una menor cooperación internacional, factores que han limitado la efectividad de la estrategia de seguridad.

La FIP concluye que la recuperación del control territorial requiere ajustes urgentes. Mantener abiertas las negociaciones de la Paz Total no puede implicar tolerancia frente a la violencia ni al control armado sobre comunidades. El diálogo, advierte el informe, debe tener límites claros y estar acompañado de respuestas firmes, fortalecimiento de la investigación criminal y un rol central de la Fiscalía.

De lo contrario, el deterioro de la seguridad seguirá marcando el pulso del país en pleno año electoral, con consecuencias directas sobre la gobernabilidad y la protección de la población civil.