Hay escándalos que sacuden la opinión pública. Y hay otros que golpean directamente el corazón de las instituciones. El caso de los computadores de alias “Calarcá” pertenece, sin duda, a este último grupo.

Lo que comenzó como una denuncia periodística hoy tiene respaldo judicial. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, confirmó que la información hallada en esos dispositivos es veraz. Y lo que revelan no es menor: posibles vínculos entre estructuras criminales y altas esferas del Estado, incluyendo al Ejército.

El nombre del general Juan Miguel Huertas, jefe del Comando de Personal, aparece en medio de estos señalamientos. La gravedad no radica únicamente en la acusación, sino en lo que representa: la sospecha de que desde adentro se habría facilitado información sensible a grupos armados ilegales.

Frecuencias de radio, bases de datos, movimientos operacionales. Si siquiera una parte de esto es cierta, no estamos frente a un caso aislado. Estamos ante una grieta profunda en la seguridad nacional.

Pero hay algo aún más delicado: la moral de la tropa.

Mientras en Bogotá se debate si hay o no pruebas suficientes, en las selvas, montañas y carreteras del país hay soldados que patrullan con una pregunta clavada en la cabeza: ¿en quién se puede confiar? La guerra no solo se libra contra un enemigo armado. También se libra contra la desconfianza interna.

Y esa desconfianza es letal.

Las voces que advierten sobre una moral baja dentro del Ejército no deberían ser tomadas a la ligera. Un soldado que siente que su institución está comprometida, que sus superiores pueden estar filtrando información o actuando en doble vía, es un soldado que pierde claridad en su misión. Y cuando eso ocurre, pierde el Estado.

Aun así, la respuesta institucional parece moverse entre la cautela y la pasividad. El ministro de Defensa ha señalado que esperará las pruebas de la Fiscalía, mientras la Procuraduría ya levantó la suspensión del general Huertas. Resultado: el oficial puede volver a sus funciones en medio de la tormenta.

¿Es prudente? ¿Es responsable?

Porque aquí no solo está en juego el debido proceso —que debe respetarse—, sino también la confianza pública en una de las instituciones más sensibles del país.

El problema no termina ahí. Este escándalo se cruza con otro debate de fondo: la política de “paz total”. ¿Cómo sostener negociaciones con estructuras armadas cuando al mismo tiempo se revelan posibles infiltraciones en el Estado? ¿Cómo garantizar que esas mesas no estén siendo utilizadas para fortalecer redes criminales?

Las preguntas son incómodas, pero inevitables.

Más aún cuando desde distintos sectores políticos ya se plantea un escenario inquietante: que la continuidad de estos diálogos tenga un cálculo electoral detrás, especialmente en territorios donde la presencia de grupos armados coincide con resultados políticos favorables al Gobierno.

Puede que esa hipótesis sea debatible. Lo que no lo es, es el daño reputacional que este caso ya está causando.

El Ejército no puede darse el lujo de cargar con dudas sobre su integridad. Es una institución que, más allá de los errores individuales, sostiene buena parte de la estabilidad del país. Cuando esa confianza se resquebraja, el impacto es nacional.

Por eso, este no es un momento para tibiezas. Ni para cálculos políticos. Ni para silencios incómodos.

Es el momento de la claridad.

Si hay responsabilidad, que se establezca con toda la contundencia. Si no la hay, que se demuestre sin ambigüedades. Pero lo que no puede pasar es que el país se acostumbre a convivir con la sospecha.

Porque cuando la sospecha se vuelve normal, la institucionalidad empieza a desmoronarse.

Y en un país como Colombia, ese es un riesgo que simplemente no se puede permitir.