Hay cifras que deberían sacudir a un país.
Pero en Colombia, cada vez más, solo pasan.

Treinta y cinco masacres en apenas tres meses. Más de 130 víctimas. El inicio de 2026 se convierte en el trimestre más violento desde 2020. Y, sin embargo, la reacción parece tibia, fragmentada, casi resignada.

El problema no es solo la violencia. Es la normalización de la violencia.

Las masacres ya no ocupan el centro del debate nacional por mucho tiempo. Aparecen, generan indignación momentánea y luego se diluyen en medio de la coyuntura política, los escándalos y las disputas de poder. Como si el país hubiera aprendido —o se hubiera resignado— a convivir con ellas.

Pero detrás de cada cifra hay algo más profundo: un Estado que no logra consolidar su presencia en amplios territorios.

Los datos muestran que estas masacres se concentran en múltiples departamentos, especialmente en zonas donde el control territorial sigue en disputa. Allí, grupos armados ilegales continúan imponiendo reglas, economías ilícitas y, sobre todo, miedo.

El discurso de la “paz total” prometía cambiar esa realidad. Apostaba por el diálogo, la negociación y la reducción de la violencia. Sin embargo, lo que muestran los números es una tensión evidente entre la intención política y la realidad en terreno.

Porque la paz no se decreta. Se construye.

Y se construye con presencia institucional, con seguridad efectiva, con justicia que funcione y con oportunidades reales para las comunidades. Sin eso, cualquier estrategia corre el riesgo de quedarse en el papel.

El aumento de las masacres también plantea una pregunta incómoda:
¿Quién está protegiendo hoy a las comunidades más vulnerables?

En muchos territorios, la respuesta parece ser: nadie.

La ausencia del Estado no es solo física. También es simbólica. Es la sensación de abandono que sienten las poblaciones cuando la violencia se repite y las respuestas no llegan con la contundencia necesaria.

Lo más preocupante es que entre las víctimas hay menores de edad. Es decir, la violencia no solo persiste, sino que sigue atravesando generaciones.

Y eso tiene consecuencias profundas: rompe tejidos sociales, perpetúa ciclos de conflicto y debilita cualquier posibilidad de construcción de paz a largo plazo.

Colombia no puede permitirse normalizar las masacres.

No puede aceptar que sean parte del paisaje informativo.
No puede seguir reaccionando con sorpresa cada vez que los números vuelven a subir.

Porque la verdadera crisis no es solo la violencia.
Es perder la capacidad de indignarse frente a ella.

Y cuando un país pierde esa capacidad, el riesgo no es solo que la violencia continúe.
Es que se vuelva invisible.