El debate económico en Colombia dejó de ser técnico. Hoy es, cada vez más, político.

Las recientes tensiones entre el gobierno de Gustavo Petro y el Banco de la República no solo evidencian una diferencia de criterios sobre tasas de interés. Revelan algo más profundo: una disputa por el control del rumbo económico del país.

En ese escenario, el exministro José Antonio Ocampo terminó en el centro del fuego cruzado.

Más de 300 economistas encendieron las alarmas al firmar una carta en defensa de la autonomía del Banco. El mensaje fue claro: sin independencia del Emisor, la estabilidad macroeconómica y la confianza de los mercados quedan en riesgo. No es un asunto menor. Es, literalmente, la base sobre la cual se sostiene cualquier economía moderna.

Sin embargo, la respuesta del presidente Petro elevó el tono del debate. Sus críticas a Ocampo no solo cuestionan decisiones pasadas, como el manejo del déficit o los subsidios a la gasolina, sino que trasladan la discusión hacia un terreno político más complejo: la legitimidad de quienes toman decisiones económicas.

El problema no es que exista debate. El problema es cómo se da ese debate.

Cuando el jefe de Estado afirma que el Banco podría estar “intentando quebrar al gobierno”, el mensaje que se envía es delicado. No solo hacia los mercados, sino hacia la institucionalidad misma. Porque el Banco de la República no es un actor político: es, por diseño constitucional, un organismo técnico e independiente.

Pero el Gobierno tiene su propio argumento: las altas tasas de interés, necesarias para controlar la inflación, también enfrían la economía, frenan el crédito y afectan el empleo. En otras palabras, hay una tensión real entre estabilidad de precios y crecimiento económico.

Ese dilema no es exclusivo de Colombia. Lo enfrentan todas las economías del mundo.

La diferencia es que, en otros contextos, esa discusión ocurre en términos técnicos. En Colombia, empieza a tomar forma de confrontación pública.

A esto se suma otro elemento clave: la crítica de Ocampo al impuesto al patrimonio aplicado a empresas. Su advertencia sobre una posible doble tributación y el impacto en la inversión abre un nuevo frente en el debate económico. No es solo una discusión fiscal, sino una señal sobre el modelo económico que se quiere construir.

Así, el país queda en medio de tres tensiones simultáneas:
la autonomía del Banco, la estrategia fiscal del Gobierno y la polarización política.

El riesgo es evidente.

Cuando la economía se politiza en exceso, pierde previsibilidad. Y cuando pierde previsibilidad, pierde confianza. Sin confianza, no hay inversión. Y sin inversión, no hay crecimiento.

Colombia no necesita unanimidad. Necesita reglas claras.

El Banco debe mantener su independencia. El Gobierno, su capacidad de proponer y ejecutar políticas. Y los expertos, su voz crítica.

Pero todos, sin excepción, deberían entender algo básico:
la economía no resiste bien las guerras de poder.

Porque al final, más allá de Petro, Ocampo o el Banco, el costo de estas tensiones lo termina pagando el país.