El lenguaje político es maleable, pero la realidad de los datos suele ser testaruda. En 2024, el propio gobierno de Gustavo Petro, a través del entonces director de Planeación Nacional, Alexander López, puso el grito en el cielo por el uso de los llamados “contrataderos”. El mismo presidente calificó el esquema de empresas mixtas como un “inmenso robo” que ponía en riesgo 12 billones de pesos en regalías.

Sin embargo, entre finales de 2025 e inicios de 2026, la indignación oficial parece haber sufrido una conveniente amnesia. Justo en la víspera de la Ley de Garantías y a las puertas de un año electoral crucial, el Ejecutivo ejecutó medio billón de pesos utilizando, precisamente, a los mismos «contrataderos» que su propia Secretaría de Transparencia denunció ante la Fiscalía.

La paradoja es mayúscula: el gobierno que prometió un cambio en las costumbres políticas del país recurre hoy a la opaca ingeniería contractual del pasado para aceitar su maquinaria territorial en plena campaña.

Lo mejor de los dos mundos: ¿Qué es un «contratadero»?

Para entender la gravedad de la denuncia revelada por La Silla Vacía, hay que comprender cómo funciona esta zona gris de la contratación. El mecanismo es tan simple como perverso. Una entidad pública se asocia con privados para crear una empresa mixta con un objeto social tan ridículamente amplio que lo mismo puede organizar un taller de costura que construir un megaparque.

Al ser mixtas, gozan de un doble beneficio: reciben contratos del Estado de manera directa (como si fueran entidades públicas) pero ejecutan y subcontratan los recursos bajo el flexible régimen privado, evadiendo las estrictas reglas de la licitación pública.

El resultado es un agujero negro de rendición de cuentas. De los 16 convenios analizados en esta red, 13 operan bajo una absoluta opacidad. No hay bitácoras claras, no hay soportes de ejecución en los portales públicos y las evidencias de en qué se gasta la plata brillan por su ausencia.

De la colusión al banquete electoral

El año pasado, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia de la Presidencia, le pidió a la Fiscalía investigar a organizaciones como AlDesarrollo y Red Summa por presunta «colusión». Explicó que se ponían de acuerdo para inflar precios y repartirse la contratación direccionada.

Hoy, esas mismas firmas —junto a la Red Universitaria y el Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (Cisp)— son las consentidas del presupuesto nacional. AlDesarrollo, manejada tras bambalinas por particulares que ostentan fortunas inexplicables, concentra más de 290.000 millones de pesos provenientes del DPS, la Unidad de Víctimas y el Ministerio de Minas.

¿En qué se gasta ese dinero? Casualidad o no, el grueso de los recursos va para programas de altísima visibilidad comunitaria: ferias empresariales, entrega de electrodomésticos, dotaciones agrícolas y kits para comunidades vulnerables. Es el clásico clientelismo de especie, pero financiado a una escala sin precedentes bajo el ropaje de la «Economía Popular».

El factor Cepeda y las bases bajo sospecha

Nadie discute que las víctimas del conflicto y las comunidades indígenas necesitan atención inmediata. Lo cuestionable es el timing y el intermediario. Que el Ministerio del Interior canalice 100.000 millones de pesos hacia comunidades indígenas a través de una ONG italiana (Cisp) —señalada previamente de inflar costos y subcontratar a AlDesarrollo— levanta todas las alarmas.

Especialmente cuando los cabildos beneficiados coinciden geográficamente con las bases electorales del Pacto Histórico y han participado activamente en eventos de campaña de Iván Cepeda, el candidato de la continuidad del gobierno. La intervención abierta del presidente Petro en plazas públicas, arengando a los pueblos a «no elegir a su propio verdugo», borra cualquier frontera entre la gestión de Estado y la campaña electoral.

La respuesta oficial: Legalismo ciego

Frente a las denuncias, la respuesta de los ministerios y superintendencias es un coro de formalismo legal: «No hay condenas judiciales vigentes, por ende, no podemos excluir a estos contratistas sin violar la presunción de inocencia». Argumentan, además, que todo responde al Plan Nacional de Desarrollo y no al calendario de las urnas.

Es una verdad jurídica a medias que esconde una profunda irresponsabilidad ética. Un gobierno que se eligió bajo la bandera de la anticorrupción no puede escudarse en la lentitud de la Fiscalía para seguir alimentando las finanzas de redes contractuales bajo sospecha.

Gastar medio billón de pesos de forma opaca en vísperas de elecciones rompe el equilibrio democrático y desfigura la promesa del «cambio». Si en 2024 este modelo era un «inmenso robo» a ojos del presidente, en 2026 mantenerlo activo solo puede leerse como una gigantesca hipocresía con fines electorales.