La política colombiana suele ser un escenario implacable con quienes se sientan a celebrar antes de tiempo. Lo ocurrido el pasado 31 de mayo en las urnas no fue un simple giro del destino o un error de cálculo matemático; fue una lección de realidad para un Pacto Histórico que prefirió gobernar y hacer campaña desde una cómoda burbuja de superioridad moral, desconectado del termómetro de las calles.

El resultado de la primera vuelta dejó un panorama que pocos en la Casa de Nariño se atrevían a diagnosticar en público: un Iván Cepeda estancado en el 40.9% de los votos, obligado a remar contracorriente frente a un Abelardo de la Espriella que, capitalizando el descontento urbano y el reclamo de orden, trepó al 43.74%. La ventaja de casi 700.000 votos en favor de la oposición no es solo un dato estadístico; es el síntoma de un oficialismo que se confió de las maquinarias, de la chequera estatal y de una supuesta inmunidad política que resultó ser ficticia.

El primer gran error del petrismo fue mirar por encima del hombro al electorado. Al encasillar cualquier crítica a la gestión del presidente Gustavo Petro bajo el rótulo de «derecha retrógrada», el Pacto Histórico terminó dinamitando los puentes con los sectores moderados. El castigo fue inmediato en las urnas de Antioquia, Santander y el Eje Cafetero, regiones que le pasaron una factura de cobro directo a la soberbia centralista. Mientras la campaña oficialista se desgastaba en discursos densos, lecturas monótonas en plazas a medio llenar y en la controvertida movilización de la Minga Indígena —que terminó activando el voto del miedo en las clases medias—, la oposición supo leer la fatiga ciudadana frente a la inseguridad y el rumbo económico.

Tampoco calcularon las consecuencias de la sobreexposición del propio mandatario. La intervención directa de Petro, lejos de blindar la candidatura de Cepeda, terminó convirtiendo los comicios en un plebiscito sobre su propio gobierno y le regaló a la oposición el argumento perfecto. Hoy, la Comisión de Acusación investiga al presidente por presunta participación en política, restándole legitimidad a un proyecto que prometía cambiar las viejas costumbres del poder. Para colmo de males, la reacción inicial del binomio oficialista ante el preconteo no fue la autocrítica, sino el refugio en la narrativa del fraude y el cuestionamiento a la Registraduría, un libreto predecible que solo alimenta la incertidumbre.

A escasas semanas del 21 de junio, la campaña de Cepeda se encuentra en máxima alerta, atrapada en un dilema de supervivencia. Para remontar, han tenido que archivar el purismo ideológico y llamar de urgencia a bomberos del pragmatismo tradicional como Roy Barreras y Armando Benedetti para intentar seducir a figuras de centro como Juan Daniel Oviedo. El problema es que el tiempo corre al revés. Cepeda necesita suavizar su discurso para atraer a los indecisos sin desmovilizar a las bases radicales que exigen mantener vivas banderas como la Asamblea Constituyente. El Pacto Histórico descubrió tarde que controlar el aparato del Estado no garantiza el afecto popular, y que en política, el exceso de confianza suele pagarse con la pérdida del poder.

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