La política tradicional colombiana tiene una capacidad asombrosa para camuflar el beneficio propio detrás de discursos de defensa regional. El caso del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, que sirve a Cali y está ubicado en mi natal Palmira, es el vivo reflejo de cómo la infraestructura estratégica de todo el Valle del Cauca puede ser sacrificada en el altar de las cuotas burocráticas y el silencio conveniente.

Hoy, la terminal aérea atraviesa una de sus peores crisis operativas, técnicas y de mantenimiento desde que la Aeronáutica Civil (Aerocivil) asumió su administración directa tras finalizar la concesión con Aerocali. Lo que debió ser una transición técnica impecable se convirtió en una debacle visible: el Sistema de Aterrizaje Instrumental (ILS) lleva meses fuera de servicio porque la entidad ni siquiera cuenta con el avión laboratorio para calibrarlo. Para los gremios empresariales de la región, como Propacífico y el Comité Intergremial del Valle, esto no es una simple falla técnica; es un freno de mano al desarrollo económico del suroccidente colombiano. Sin el ILS, las aerolíneas internacionales se ven obligadas a desviar o cancelar vuelos, poniendo al Bonilla Aragón en un riesgo inminente de perder su categoría internacional, lo que nos aislaría por completo de las rutas directas con Estados Unidos, Europa y Suramérica.

A esta alarmante pérdida de conectividad se le suma el caos vehicular por el cierre de los parqueaderos principales, el deterioro físico de las pistas (con grietas y desgaste evidente), las constantes fallas en el sistema de climatización de las salas de espera y las vergonzosas denuncias por desalojos arbitrarios de locales comerciales y salas VIP. Los líderes gremiales ya advierten las secuelas: pérdida de confianza para la inversión extranjera, sobrecostos logísticos para nuestros exportadores y un golpe directo al turismo de eventos en el departamento.

Ante este panorama de desidia centralizada, cualquier líder político del Valle con un mínimo de dignidad y sentido de pertenencia estaría exigiendo respuestas enérgicas en el Congreso. Sin embargo, el actual presidente de la Cámara de Representantes, el palmireño Julián López Tenorio, ha optado por una moderación sospechosa y un silencio que la opinión pública no puede pasar por alto. ¿Por qué el llamado a hacer control político desde la Comisión Sexta de la Cámara se transformó en un murmullo complaciente mientras el motor logístico de la región se apaga? La respuesta se encuentra al revisar el árbol genealógico y los registros de contratación estatal.

La «mermelada», ese viejo mal de la política nacional, parece haberse transformado en un negocio estrictamente familiar. Resulta éticamente indefendible que el representante López no haya declarado en sus conflictos de interés que su esposa, la abogada Beatriz Helena Galindo Lugo, fue nombrada en abril de 2024 como asesora aeronáutica de la regional de Occidente de la Aerocivil —justamente la seccional encargada del monitoreo del Bonilla Aragón— con el grado salarial más alto de la entidad (12 millones de pesos). Dos meses antes de ese nombramiento, López lideraba debates sobre el futuro del aeropuerto; un año después, en febrero de 2025, repitió el debate ocultando que su cónyuge ya era funcionaria de la entidad auditada.

«El trabajo del cónyuge debe estar entre la información que se aporta para que se tenga en cuenta cuando haya una discusión en el legislativo», ha recordado la Misión de Observación Electoral (MOE), amparada en la Ley Quinta de 1992. No declarar este vínculo anula de tajo la independencia del control político y configura un conflicto de intereses flagrante.

Pero el entramado no termina ahí. La influencia en el sector transporte se extiende a su círculo más íntimo:

• El cuñado contratista: Danny Mora Delgado, hermano de la esposa del congresista y dueño de una empresa de seguridad industrial en Palmira, incursionó con éxito como proveedor de la Aerocivil, ganando millonarios contratos para suministros y uniformes de bomberos aeronáuticos precisamente en las regionales de Occidente y Atlántico.

• El mejor amigo en la región: Carlos Eduardo Marín Rueda, amigo personal del presidente de la Cámara, fue designado como director territorial del Ministerio de Transporte en el Valle del Cauca, cartera a la cual está adscrita la Aerocivil.

• La notaría del padre: Para completar el cuadro de beneficios, su padre, el experimentado excongresista José Ritter López Peña, recibió mediante decreto presidencial del gobierno de Gustavo Petro el nombramiento en la Notaría 22 de Cali.

Frente a estas evidencias, el representante López ha intentado defenderse con evasivas ante los medios, argumentando que ignoraba los contratos de su cuñado y cuestionando con ligereza los alcances de la ley: “¿Si mis tíos tienen una panadería y hablamos de un proyecto de la harina, tendría que declararlos?”. Esa respuesta es una ofensa a la inteligencia de los vallecaucanos. No estamos hablando de harina; estamos hablando de la administración directa del segundo aeropuerto más importante del país y de la entrega de puestos clave en las entidades que regulan la infraestructura vial y aérea de la región.

El giro político de Julián López, quien pasó de las filas tradicionales del Partido de la U a convertirse en uno de los principales aliados del Gobierno Nacional en el Congreso bajo el rótulo de «independiente», coincide matemáticamente con el florecimiento laboral de su círculo cercano. Mientras el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón pierde competitividad frente al continente y arriesga su conectividad internacional por la ineficiencia de la Aerocivil, el fortín político de la familia presidencial de la Cámara se consolida.

El Valle del Cauca no puede seguir pagando el costo de las transacciones políticas individuales. Entregar el futuro técnico y logístico de nuestro aeropuerto a cambio de notarías, asesorías de alto nivel y contratos de dotación es la muestra clara de una política desalmada y desconectada de las necesidades de la región. Es hora de que los órganos de control actúen y de que la ciudadanía recuerde quiénes prefirieron el silencio burocrático cuando el departamento más necesitaba carácter, transparencia y defensa de su patrimonio.

Perfil del entramado burocrático vs. Impacto en el Bonilla Aragón