A menos de tres semanas para que el país defina su rumbo en las urnas, el mapa electoral de Colombia se ha reducido a unos cuantos campos de batalla críticos. Ninguno parece tan encendido ni tan sintomático de los nerviosismos internos del oficialismo como el departamento del Cesar. La orden que llegó directamente desde la Casa de Nariño fue inequívoca y tajante: reestructuración urgente. La misión: salvar la campaña de Iván Cepeda rumbo a la segunda vuelta presidencial.

El detonante de la crisis no es menor. Los resultados de la primera vuelta dejaron un panorama de empate técnico en un territorio que el Pacto Histórico consideraba un bastión consolidado. El crecimiento exponencial de Abelardo De La Espriella y su movimiento Firmes por la Patria en el Caribe no solo encendió las alarmas en Bogotá; desnudó las fracturas, los ruidos financieros y la desconexión de las bases en las regiones. Fuentes de alta fidelidad aseguran que el propio presidente Gustavo Petro no ocultó su indignación ante la falta de cumplimiento de las estructuras locales.

Para contener la hemorragia política, el Gobierno ha enviado a su carta de máxima confianza territorial: Juliana Guerrero. La polémica dirigente, cuya enorme influencia en el Cesar y cercanía con el mandatario han sido objeto de constante debate nacional, aterrizó en Valledupar con una consigna clara y recursos en mano: asumir la dirección absoluta de la campaña durante los últimos 20 días. La llegada de Guerrero es, en la práctica, una intervención directa que desplaza a los liderazgos tradicionales que fallaron en la primera vuelta.

En los pasillos políticos del Cesar, las miradas acusatorias apuntan con nombre propio. La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Alexandra Pineda, es señalada como la principal responsable del bache electoral. Sobre sus hombros no solo pesan los cuestionamientos por el desempeño en las urnas, sino un ruido ensordecedor que genera roces internos: la presunta falta de claridad sobre el destino de 700 millones de pesos destinados a la logística de la primera vuelta. Aunque no existan denuncias judiciales en firme, el ambiente de desconfianza es total; tanto así que la avanzada del «ala dura» del petrismo —incluyendo el despliegue del superintendente de Vigilancia, Larry Álvarez, y el carácter fuerte de Verónica Guerrero en las sedes políticas— busca ajustar las tuercas de una maquinaria que parecía suelta.

El panorama se complica aún más por las dinámicas del camaleonismo político local. La campaña bajo el mando de Guerrero también ha empezado a «apretar las clavijas» a figuras como el representante Alfredo «Ape» Cuello, a quien acusan internamente de jugar a dos bandas al intentar mantener puentes con sectores de la oposición mientras coquetea con la campaña oficialista.

Lo que se vive hoy en Valledupar y en el resto del Cesar no es una simple reorganización de agendas; es un escenario de profunda angustia política. El Pacto Histórico sabe que el Caribe es el fiel de la balanza. Si el Cesar se pierde o se empata, el proyecto de continuidad de Iván Cepeda podría desmoronarse a nivel nacional. Juliana Guerrero ya recorre el departamento con la presión histórica de responder por cada voto. En esta recta final, donde cada apoyo cuenta, el oficialismo se juega su supervivencia en el norte del país, arrastrando sus propias disputas internas hacia un desenlace de pronóstico reservado.