Cuando un diario como el Financial Times dedica un análisis de fondo al narcotráfico colombiano, vale la pena detenerse. No porque los británicos tengan la verdad revelada sobre nuestros problemas, sino porque a veces hace falta una mirada desde afuera para ver con claridad lo que la política interna ha decidido ignorar.

El reportaje titulado «What lies behind the new boom in Colombian cocaine» —El nuevo boom de la cocaína colombiana— es una radiografía brutal, documentada y sin concesiones de lo que le pasó a Colombia después del acuerdo de paz de 2016. Y lo que describe no es una tragedia inesperada. Es el resultado predecible de decisiones políticas equivocadas, implementadas sin rigor, en un país que confundió la buena voluntad con la ingenuidad.

El mapa que lo dice todo

El Financial Times presentó algo que vale más que mil discursos: una comparación cartográfica de la presencia de grupos armados ilegales en Colombia entre 2019 y la actualidad, basada en información de la Defensoría del Pueblo.

En 2019, los grupos armados tenían presencia concentrada en regiones específicas: Meta, Caquetá, Arauca, Casanare, Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander, La Guajira y partes de Antioquia. Zonas con conflicto histórico, conocidas, monitoreadas.

Hoy el mapa es otro. Los grupos armados ilegales tienen presencia en gran parte del territorio nacional. Solo algunas zonas aisladas de Amazonas, Vaupés y sectores del norte del Tolima aparecen por fuera de su radio de acción.

En términos simples: en menos de una década, el crimen organizado conquistó Colombia de una manera que ninguna guerrilla ideológica había logrado en cincuenta años de conflicto.

Y esto ocurrió, en buena parte, durante el gobierno de Gustavo Petro.

Del marxismo al mercado: la mutación que nadie detuvo

Para entender lo que pasó hay que entender la diferencia fundamental entre las antiguas FARC y lo que existe hoy.

Las FARC eran una guerrilla con una causa política, por aberrante que fuera. La cocaína era para ellas un medio de financiación, no un fin. Controlaban el 60% del comercio de cocaína en Colombia según estimaciones de la propia Policía Nacional en 2013, pero lo hacían como parte de una estrategia política más amplia.

Cuando empezaron a desarmarse en 2016, el vacío que dejaron no fue llenado por el Estado colombiano. Fue llenado por el mercado. Y el mercado de la cocaína es infinitamente más eficiente, más brutal y más difícil de negociar que cualquier guerrilla ideológica.

El pánico entre los narcotraficantes internacionales fue inmediato. Grupos que iban desde el Cártel de Sinaloa en México hasta la mafia albanesa viajaron a la selva colombiana para asegurar suministros e invertir en nuevos productores. Colombia no perdió un proveedor de droga. Se convirtió en una plataforma de inversión para el crimen organizado global.

El resultado fue una industria radicalmente transformada. Nuevas variedades de coca más productivas. Prácticas agrícolas optimizadas. Drones aplicando fertilizantes en cultivos. Laboratorios que antes eran chozas en la selva y hoy son instalaciones industriales capaces de procesar cinco toneladas de cocaína al mes, como la encontrada por el Ejército en Putumayo hace dos años.

Según la ONU, la cantidad de tierra cultivada con coca aumentó cerca del 50% entre 2018 y 2023, llegando a 253.000 hectáreas. Los rendimientos se han duplicado en las últimas dos décadas. La producción de cocaína se triplicó en la última década.

Esto no es un problema de orden público. Es una revolución industrial del crimen.

La Paz Total y el regalo que nadie esperaba

Cuando Gustavo Petro llegó al poder en 2022, lanzó su política de Paz Total con una lógica que en el papel tenía sentido: si no se incluía a todos los grupos en las negociaciones, los que quedaran por fuera simplemente ocuparían el territorio de los que se desarmaran.

El problema no era la lógica. Era la ejecución. Y la ejecución fue, según el propio ministro de Defensa Pedro Sánchez, fatalmente defectuosa.

«Algunos grupos del crimen organizado se aprovecharon de la buena voluntad del gobierno para aumentar su producción», reconoció el propio funcionario al Financial Times. Es una admisión que merece repetirse: el ministro de Defensa del gobierno Petro reconoció que la política insignia de su presidente fue aprovechada por los narcos para crecer.

Elizabeth Dickinson, subdirectora para América Latina del International Crisis Group en Bogotá, fue más directa: «Realmente pensaron que podían sentarse y tener una charla honesta con esta gente y que los grupos no aprovecharían esto para expandir sus operaciones».

No era ingenuidad inocente. Era negligencia estratégica. Mientras el gobierno negociaba, los grupos armados construían laboratorios, expandían cultivos, tomaban territorio y diversificaban sus negocios hacia la minería ilegal de oro y el tráfico de personas.

El número de colombianos integrados en grupos armados pasó de 12.883 en 2018 a 27.121 a finales del año pasado. Más que el doble. En un gobierno que prometió la paz.

Humberto de la Calle, exvicepresidente y jefe negociador del acuerdo de 2016, lo resumió con una contundencia que no necesita adornos: «La llamada política de paz total ha sido un fracaso absoluto. No hay un solo grupo que esté más débil de lo que estaba hace cuatro años».

El nuevo narco que llegó hasta Amberes y Dubái

Una de las revelaciones más impactantes del análisis del Financial Times es la dimensión global que alcanzó el narcotráfico colombiano en estos años.

Cuando la sobreproducción de cocaína hizo caer los precios a la mitad en 2022, los grupos criminales colombianos no redujeron su producción. Salieron a buscar nuevos mercados. Y los encontraron.

Europa se convirtió en el nuevo gran destino. El continente consume hoy casi tanta cocaína como Estados Unidos. En 2023, los estados miembros de la Unión Europea incautaron 419 toneladas de cocaína, el séptimo año consecutivo de récord. En una sola operación en Düsseldorf, la policía alemana confiscó 35,5 toneladas valoradas en 2.600 millones de euros.

Un juez en Bélgica advirtió que su país corría el riesgo de convertirse en un narcoestado por la infiltración del crimen organizado en los puertos, la policía y el poder judicial.

Esto no es un problema colombiano exportado. Es un problema colombiano que se globalizó mientras el gobierno negociaba con los productores.

Los tres poderes del nuevo narco

El Financial Times identifica con claridad los tres grupos que hoy dominan el narcotráfico en Colombia, y cada uno representa un fracaso diferente del Estado:

El ELN, que sobrevivió décadas de conflicto y hoy tiene presencia sustancial en Venezuela, es el símbolo del fracaso de las negociaciones que nunca llegaron a ningún lado.

Las disidencias de las FARC, integradas por los exmiembros de línea dura que rechazaron el acuerdo de 2016, son el fracaso de la implementación: el Estado nunca llenó el vacío con presencia institucional, desarrollo económico ni seguridad.

El Clan del Golfo, que el Financial Times describe como la mayor empresa criminal de Colombia con una estructura de gestión similar a la de una multinacional, es la síntesis de todos los fracasos anteriores. Como lo dijo María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz: «Es una síntesis de todos los conflictos que hemos tenido en Colombia en los últimos 40 años, y de todos los errores que hemos cometido».

Lo que el 21 de junio no va a resolver

El análisis del Financial Times llega en el momento más oportuno e incómodo: a días de la segunda vuelta presidencial entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda.

De la Espriella promete una ofensiva militar, el respaldo de Trump, un «Plan Colombia 2.0» y la captura o eliminación de 10 líderes criminales en los primeros 90 días. Es un discurso que suena contundente hasta que uno recuerda que los grupos armados de hoy no operan desde campamentos en la selva sino desde las comunidades que controlan. Como preguntó de la Calle: «Si se envía al ejército a algunas de estas zonas, ¿a quién le van a disparar?»

Cepeda, artífice de la Paz Total, sigue creyendo en las negociaciones pero no ha explicado por qué su propio modelo fracasó ni cómo lo corregiría. Es difícil vender una solución cuando uno fue parte del problema.

Juan Manuel Santos, quien negoció el acuerdo de 2016 y ganó el Nobel de la Paz por ello, tiene la postura más compleja y probablemente la más honesta: la única salida combina presión militar real con inversión social, sustitución de cultivos, presencia policial masiva y justicia transicional. No hay atajos.

Lo que Colombia necesita ver

El Financial Times no vino a Colombia a darnos lecciones. Vino a documentar lo que nosotros mismos hemos preferido no ver con suficiente claridad: que el narcotráfico colombiano se transformó en algo cualitativamente diferente y más peligroso de lo que era antes del acuerdo de paz, que esa transformación se aceleró durante el gobierno Petro, y que ninguno de los dos candidatos tiene una respuesta completamente convincente para enfrentarla.

Nora Taquanas, la líder indígena del Cauca que abre el reportaje del Financial Times, lo dijo con una precisión que ningún analista político podría superar: «En el pasado, podías señalar a un grupo, sentarte con las personas involucradas y hablar las cosas. Ahora nos enfrentamos a grupos que se mueven principalmente por intereses económicos».

Eso es lo que cambió. Y ese cambio lo define todo.

Colombia no enfrenta una guerrilla con ideología. Enfrenta una industria con accionistas globales, logística multinacional y mercados en Amberes, Dubái y Río de Janeiro. Derrotarla va a requerir algo que ninguno de los dos candidatos ha mostrado aún con claridad: una estrategia de Estado que dure más de cuatro años y que no dependa del color político de quien esté en la Casa de Nariño.

Mientras tanto, el mapa sigue cambiando. Y no en la dirección correcta.

Fuente principal: Financial Times, «What lies behind the new boom in Colombian cocaine». Datos adicionales de la UNODC, Defensoría del Pueblo, Acled y Fundación Ideas para la Paz.