Un cruce de bases de datos realizado por La Silla Vacía encontró que al menos 1.050 funcionarios y contratistas del Estado colombiano aparecen inscritos como voluntarios en la plataforma de la campaña presidencial de Iván Cepeda.

El medio cruzó la base de datos de correos electrónicos de Función Pública —con 202.000 registros activos— con los correos inscritos en Michi, la plataforma oficial de voluntariado de la candidatura del Pacto Histórico. El resultado: 1.115 coincidencias, reducidas a 1.050 tras eliminar duplicados.

De ese total, 900 son contratistas del Estado y 150 son funcionarios públicos. La diferencia legal entre ambos es relevante: la ley colombiana prohíbe expresamente la participación política de los funcionarios públicos. Para los contratistas no existe esa restricción. Sin embargo, su presencia masiva en la base de datos de una campaña evidencia vínculos entre entidades estatales y la candidatura, especialmente en agencias que han sido señaladas por su creciente politización durante el gobierno Petro.

La Agencia Nacional de Tierras, el epicentro

La concentración más alta de inscritos proviene de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), una entidad que medios como La Silla Vacía han documentado como un fortín burocrático y clientelar del petrismo, tras un notable aumento de su presupuesto.

La ANT estuvo dirigida hasta hace dos semanas por Felipe Harman, quien renunció al cargo para sumarse directamente a la campaña de Cepeda tras la derrota en primera vuelta. «La remontada arranca ya», escribió Harman al anunciar su salida del Estado para entrar a la campaña.

Junto a la ANT, otras entidades vinculadas a la entrega y productividad de tierras también ocupan los primeros lugares: la Unidad de Restitución de Tierras Despojadas, la Agencia de Desarrollo Rural y el propio Ministerio de Agricultura, todas adscritas a la misma cartera.

Siete de cada diez, concentrados en 75 entidades nacionales

De los 1.050 casos identificados, siete de cada diez trabajan en alguna de las 75 entidades de jurisdicción nacional. En total, los inscritos están repartidos en 217 entidades distintas, desde ministerios hasta personerías municipales.

A nivel territorial, hay funcionarios o contratistas inscritos en 74 alcaldías, 15 gobernaciones, 9 universidades y 6 hospitales.

Por departamentos, Casanare encabeza la lista —gobernado por César Ortiz, avalado principalmente por la Alianza Verde—, seguido por el Valle del Cauca y Boyacá, este último bajo la administración de Carlos Amaya, señalado como aliado estratégico del petrismo en esa región.

Los funcionarios con cargos directivos

De los 1.050 inscritos, 79 son funcionarios de entidades nacionales. De ese grupo, 76 ocupan cargos de rango medio o bajo. Solo tres tienen posiciones directivas:

• Magaly Cala, jefe de gabinete del Ministerio de Vivienda, dijo a La Silla Vacía que desconocía que sus datos estuvieran en la plataforma de voluntarios.
• Sandra Milena Barrios, directora de la Unidad Administrativa Especial de la Junta Central de Contadores, también negó estar al tanto y anunció que adelantará «las actuaciones pertinentes» para esclarecer el origen del registro.
• Dolcey Reales, director de la regional Caribe de Migración Colombia, no respondió a las consultas del medio.

En el ámbito regional, hay 71 servidores públicos distribuidos en 25 regiones del país, con mayor concentración en Antioquia y Valle del Cauca. La mayoría corresponde a personal sin manejo de subalternos: docentes, técnicos, secretarios de nivel asistencial, auxiliares administrativos, vigilantes y personal de aseo. El grupo más numeroso es el de profesores, con 13 inscritos.

Solo seis funcionarios tienen cargos de dirección intermedia: dos inspectores de Policía, un rector y tres secretarios de despacho en la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Guaca (Santander) y la Alcaldía de Sesquilé (Cundinamarca). Además, aparece inscrito un alcalde: Adrian Pabón Luna, mandatario de Almaguer, Cauca, elegido en coalición entre el Mais y el Polo Democrático.

La respuesta de la campaña

Consultada por La Silla Vacía, la campaña de Cepeda explicó que la cifra total de voluntarios asciende a 200.000 personas, entre quienes se inscribieron directamente en la plataforma y quienes ya estaban en las bases de datos de los partidos que conforman el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, la coalición que respalda al candidato.

«Esta información es recopilada a partir de la aceptación voluntaria y consciente de unos términos y condiciones internos de cada movimiento y partido», respondió la campaña.

Sobre la alta concentración de contratistas de la ANT, explicaron que «obedece a su identidad con nuestras propuestas alrededor de la revolución agraria», aunque reconocieron que no tienen cuantificada la procedencia de los voluntarios y que desconocen si existe una concentración particular.

Respecto a los funcionarios que dicen no saber que están inscritos, la campaña argumentó que «seguramente estaba en alguna base de datos de las organizaciones políticas fundadoras». En el caso específico de Magaly Cala, indicaron que su nombre figuraba en un listado de Colombia Humana y que su equipo intentó contactarla para confirmar su participación como abogada de escrutinios, sin éxito, razón por la cual no fue incluida en el listado final.

El contexto: una campaña bajo escrutinio por las reglas electorales

Este hallazgo se suma a una serie de episodios que han puesto en cuestión el respeto de las reglas electorales por parte del presidente Gustavo Petro y la campaña de Cepeda:

• Petro ha intensificado sus ataques contra Abelardo De La Espriella en redes sociales y medios tradicionales, incluyendo comparaciones velabas entre ambos candidatos que el propio mandatario reconoció que rozaban la prohibición legal de hacer política electoral.
• El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, fue grabado invitando a votar en un evento en el Tolima, lo que le generó una investigación preliminar de la Procuraduría.
• La Silla Vacía reveló que el viceministro de las TIC, Andrés López, coordinó a influenciadores petristas para impulsar la campaña de Cepeda desde un chat de WhatsApp institucional.
• La embajadora en Haití, Vilma Velásquez, fue suspendida temporalmente por la Procuraduría por presunto proselitismo a favor de Cepeda.
• El gobierno firmó convenios por medio billón de pesos con organizaciones señaladas internamente como «contrataderos», dirigidos a poblaciones que constituyen la base electoral de la izquierda.
• Un evento de cierre de campaña en Sincelejo generó polémica por la restricción que existe para actos públicos masivos en la última semana antes de elecciones; la campaña lo defendió como un «encuentro programático» en recinto cerrado, tesis respaldada por el procurador Gregorio Eljach.

Iván Cepeda ha insistido públicamente en que ningún servidor público debe intervenir en actividades proselitistas relacionadas con su campaña, postura que reiteró tras conocerse el caso del viceministro López y el de la embajadora en Haití.

Nota metodológica: La Silla Vacía descargó la base de datos completa de 434.039 funcionarios públicos activos en Función Pública, de los cuales 202.000 tienen correo electrónico registrado. Esos correos fueron consultados en la aplicación pública de verificación de voluntarios de la campaña de Cepeda, lo que arrojó 1.115 coincidencias, reducidas a 1.050 tras eliminar registros duplicados asociados a más de un cargo dentro del Sigep.