Hace apenas dos semanas, Iván Cepeda reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial. Hoy, tras una gira de agradecimiento que lo llevó este 4 de julio hasta el Bulevar del Río en Cali, el senador y excandidato presidencial encabeza una de las posturas políticas más controversiales del momento: un llamado a la «desobediencia civil pacífica» frente al gobierno que se posesionará en agosto. El giro ha generado tanto respaldo como fracturas dentro de su propia coalición, y plantea preguntas de fondo sobre hacia dónde se dirige el Pacto Histórico en su nueva etapa como oposición.

¿Qué dijo exactamente Cepeda en Cali?

El Valle del Cauca fue uno de los departamentos donde la fórmula Cepeda-Quilcué obtuvo un respaldo importante en la segunda vuelta, con más de 1,4 millones de votos, razón por la cual Cali fue uno de los primeros destinos de la gira de agradecimiento. Allí, ante cientos de asistentes, el senador presentó lo que llamó la hoja de ruta del Pacto Histórico tras la derrota electoral: una estrategia de «desobediencia civil pacífica» basada en la movilización ciudadana y la defensa de las reformas sociales del actual gobierno.

Cepeda fue enfático en varios puntos. Primero, insistió en que la medida es estrictamente pacífica, comparándola con los legados de Mahatma Gandhi, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. Segundo, precisó que las acciones concretas no las definirá el Pacto Histórico en solitario, sino que se construirán junto con organizaciones sociales, cabildos y asambleas populares. Y tercero, condicionó el fin de la protesta a que el nuevo gobierno abandone lo que él considera medidas lesivas para los colombianos y acepte abrir espacios de diálogo, para lo cual propuso un Acuerdo Nacional.

El origen del conflicto: la doble nacionalidad de De la Espriella

La chispa que encendió esta postura fue la ciudadanía estadounidense del presidente electo. Cepeda sostiene que, al haber jurado lealtad a otro país, De la Espriella enfrentaría un conflicto de lealtades incompatible con el ejercicio de la Presidencia colombiana, y ha exigido que renuncie a esa nacionalidad, aclare su situación jurídica y descarte cualquier vínculo con agencias de seguridad extranjeras antes de posesionarse. También ha cuestionado la intención del gobierno entrante de vincular a Colombia con el llamado Escudo de las Américas, al que calificó como un mecanismo de alineamiento militar con Estados Unidos.

Vale la pena precisar algo que distintos medios han verificado: según la interpretación jurídica disponible, no existe una inhabilidad constitucional para que un colombiano de nacimiento con doble nacionalidad ejerza la Presidencia. Es decir, el reclamo de Cepeda es, ante todo, un cuestionamiento político y de conveniencia, no una controversia sobre una prohibición legal expresa.

Una postura que fracturó a la izquierda antes de unirla

Uno de los datos más reveladores de este episodio es que la decisión de declarar la desobediencia civil fue tomada, según reportó El Espectador citando fuentes internas del Pacto Histórico, unilateralmente por Cepeda, sin una discusión previa con toda la bancada. Aunque figuras como los congresistas María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra y Wilson Arias respaldaron públicamente la postura —y el partido terminó cerrando filas con un respaldo oficial unánime—, otras voces que acompañaron la candidatura han expresado diferencias frente al mensaje que envía esta estrategia justo en medio de un proceso de empalme ya de por sí tenso.

Esa tensión interna no es un detalle menor. Analistas consultados por El Tiempo, como el politólogo Yann Basset, han señalado que el llamado a la desobediencia civil corre el riesgo de dividir a la propia izquierda y de reforzar el argumento de sectores de derecha que ya cuestionaban el compromiso democrático de esa facción del progresismo. En otras palabras: la misma estrategia que busca cohesionar al movimiento de cara a 2027 podría terminar profundizando sus divisiones internas si no todos sus sectores están dispuestos a asumir el costo político de una confrontación abierta con el gobierno entrante.

Las dos lecturas en disputa

Como suele ocurrir con este tipo de anuncios, existen interpretaciones encontradas sobre su naturaleza y sus consecuencias.

Quienes respaldan la postura —principalmente voces del propio Pacto Histórico— la enmarcan como un ejercicio legítimo de resistencia pacífica, amparado en jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre desobediencia civil en contextos donde se percibe una vulneración de derechos fundamentales o de la Constitución. Argumentan que la verdadera amenaza a la democracia no es cuestionar a una autoridad, sino que alguien con juramento de lealtad a otra nación ocupe la jefatura del Estado colombiano.

Quienes la cuestionan —entre ellos, el senador Juan Manuel Galán, quien calificó el llamado como un ataque directo a la democracia— sostienen que deslegitimar por anticipado a un presidente electo por la vía democrática, antes incluso de que asuma el cargo, sienta un precedente peligroso para la estabilidad institucional del país. Analistas jurídicos consultados por medios como El Tiempo han ido más allá, calificando la estrategia como jurídicamente cuestionable y políticamente riesgosa, al considerar que podría evocar dinámicas similares a las del estallido social de 2021.

¿Qué está realmente en juego para el Pacto Histórico?

Más allá de la controversia inmediata, este episodio parece responder a una lógica de mediano plazo que el propio Cepeda dejó entrever en Cali: la necesidad de mantener movilizada a la base electoral que respaldó al Pacto Histórico y a la Alianza por la Vida, de cara a las elecciones regionales de 2027, donde se disputarán gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos.

Vista así, la desobediencia civil no es solo una respuesta a la coyuntura de la doble nacionalidad de De la Espriella; es también una herramienta de construcción política para una izquierda que, tras perder la Presidencia, necesita un relato de resistencia que la mantenga relevante y organizada durante los próximos años. El riesgo es que esa misma estrategia, si se percibe como una negativa a aceptar reglas democráticas básicas, termine por debilitar la credibilidad institucional que el Pacto Histórico necesitará precisamente para competir con fuerza en esas elecciones regionales.

Lo que viene

El propio Cepeda ha dejado una puerta abierta: la desobediencia civil, según sus palabras, cesaría si el nuevo gobierno abandona las medidas que considera lesivas y acepta un espacio de diálogo nacional. Esa condición convierte el anuncio, más que en una ruptura definitiva, en una carta de negociación política de cara a la posesión presidencial de agosto.

Lo que queda claro es que el episodio de Cali marcó un punto de inflexión en la manera como el Pacto Histórico plantea su regreso a la oposición: una apuesta de alto riesgo que puede consolidar a Cepeda como el referente indiscutido de la izquierda colombiana rumbo a 2027, o puede terminar dividiendo a una coalición que, para sobrevivir electoralmente sin el poder presidencial, necesitará más cohesión interna que nunca.