Si hubiera que resumir en una frase el diagnóstico que hace el centro de pensamiento Así Vamos en Salud sobre el sistema de salud que el Gobierno de Gustavo Petro le entrega al país, sería esta, tomada casi textualmente de su propio informe: el sistema recibió la mayor inyección de recursos de su historia, y aun así terminó peor de lo que empezó. Esa es la paradoja que atraviesa todo el documento «Corte de cuentas del sector salud en el periodo de Gobierno 2022-2026».

Un millón de personas que dejaron de estar cubiertas

El dato más contundente del informe tiene que ver con la cobertura. En junio de 2022, cuando arrancaba el gobierno Petro, la afiliación al sistema de salud alcanzó su máximo histórico: 99,61% de la población. Para enero de 2026, al cierre del cuatrienio, esa cifra había caído a 98,23%.

Puede sonar a una diferencia menor en términos porcentuales, pero Así Vamos en Salud hace la cuenta en números absolutos: esa caída sostenida representa que poco más de un millón de personas dejaron de estar afiliadas al sistema de salud colombiano durante el gobierno Petro. Un millón de personas que hoy están, literalmente, por fuera de la cobertura que sí tenían hace cuatro años.

El informe también documenta un cambio de fondo en la composición del sistema: el peso del régimen contributivo —el que se financia con los aportes de trabajadores formales— se redujo frente al régimen subsidiado, ampliando una brecha que ya venía de atrás.

Menos gente atendida, no solo menos gente afiliada

La pérdida de cobertura no fue el único síntoma. El informe rastrea también el acceso efectivo a los servicios, y ahí encuentra un patrón todavía más preocupante: no es solo que menos personas estén afiliadas, sino que las que sí lo están reciben menos atención real.

La consulta ambulatoria llegó a un máximo de 17,91 millones de personas atendidas en el primer semestre de 2024. Para el cierre de 2025, ese número había caído a 13,77 millones —un nivel similar al que existía cuando arrancó el gobierno, como si cuatro años de gestión no hubieran movido la aguja—. El informe señala que la misma tendencia se repitió en urgencias y hospitalización, lo que lleva a la conclusión más incómoda del documento: durante el cierre del cuatrienio, el volumen real de atención médica que recibió la población colombiana disminuyó.

Más plata, pero no donde se necesitaba

Aquí es donde el informe pone el dedo en la contradicción central. El presupuesto que administra la Adres para el sistema de salud pasó de $73,8 billones en 2022 a $114,9 billones en 2026: un crecimiento nominal de 55,7%, el mayor de la historia del sistema. La Unidad de Pago por Capitación (UPC) del régimen subsidiado creció 59,8%, y la del contributivo 49,6%, achicando una brecha histórica entre ambos regímenes.

Cualquier lectura superficial de esas cifras sugeriría un sistema mejor financiado que nunca. Pero Así Vamos en Salud es explícito en que esa lectura sería engañosa: «esta inyección récord de recursos no se tradujo en una mejora de la salud financiera de los actores del sistema, sino en una aceleración del déficit generalizado», concluye el documento.

Parte de la explicación está en los retrasos: el informe documenta demoras persistentes en la asignación y el giro de los llamados «presupuestos máximos» —los recursos destinados a tecnologías y servicios que no cubre la UPC—, lo que trasladó obligaciones de una vigencia a la siguiente y generó presiones de liquidez cada vez mayores para EPS, IPS y proveedores del sistema.

Nueve EPS intervenidas, y un patrimonio negativo de $11,9 billones

En paralelo a esa presión financiera, el Gobierno impulsó lo que el informe describe como una de las mayores olas de intervenciones administrativas sobre EPS en la historia del país: Nueva EPS, Sanitas, Famisanar, Coosalud, Emssanar, Savia Salud, Asmet Salud, el Servicio Occidental de Salud y Capresoca pasaron, en algún momento del cuatrienio, a estar intervenidas por el Estado.

No todas esas intervenciones resistieron el escrutinio judicial. El caso de Sanitas, según recuerda el informe, terminó en junio de 2025 con una decisión de la Corte Constitucional que dejó sin efectos la medida, al encontrar errores y vulneraciones al debido proceso administrativo, y ordenó devolver el control de la entidad a sus administradores anteriores.

El estado financiero de Nueva EPS —la aseguradora más grande del país tras la salida de Sura y Sanitas del negocio— es uno de los datos más alarmantes del documento. Aunque la entidad no reportó información oficial correspondiente a 2025, con base en sus propios datos divulgados, el informe estima que Nueva EPS habría cerrado 2024 con un patrimonio negativo de $11,9 billones, después de pérdidas operacionales de $6,5 billones en 2023 y $4,8 billones en 2024.

El malestar ciudadano más alto desde que existe el sistema

Si hay un capítulo del informe que resume el estado de ánimo de los usuarios del sistema, es el de las quejas y las tutelas. Así Vamos en Salud es categórico: el Gobierno entrega el sistema con los niveles de inconformidad más altos registrados desde la creación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Los números lo confirman. En 2025 se contabilizaron 2,04 millones de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes —el mayor volumen histórico jamás reportado—, con el detalle de que el 60% de esas reclamaciones provino de EPS que estaban intervenidas por el propio Estado. Es decir: la intervención administrativa, lejos de resolver el malestar de los usuarios, coincidió con un aumento de sus quejas. El informe documenta ese contraste con cifras específicas: tras las intervenciones, las PQRS subieron 44% en Nueva EPS, 41% en Famisanar, 27% en Sanitas y 11% en SOS.

Y donde la insatisfacción no encontró respuesta administrativa, buscó salida judicial: en 2025 se presentaron 312.573 tutelas para reclamar el derecho a la salud, una cifra récord, casi el doble que en 2022 y 54% por encima de los niveles previos a la pandemia.

Un sistema hospitalario que sigue por debajo del estándar internacional

El informe cierra con un retrato de la capacidad instalada del país que ayuda a explicar buena parte de lo anterior. Colombia termina el cuatrienio con 1,9 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, muy por debajo del promedio de 4,2 camas que registran los países de la OCDE.

Dentro de esa infraestructura insuficiente, el informe detecta además un desequilibrio interno: mientras las camas para atención de adultos crecieron durante el periodo, la capacidad destinada a la atención materna y neonatal se redujo. Al cierre del cuatrienio, el país contaba con 3.156 camas para atención del parto y apenas 1.681 camas de cuidado intensivo neonatal, concentradas en su mayoría en Bogotá y Antioquia —una distribución territorial que deja a buena parte del país con una oferta mínima para la atención de los momentos más críticos del embarazo y el nacimiento.

El balance que queda

Leído en conjunto, el informe de Así Vamos en Salud no describe un sistema colapsado de la noche a la mañana, sino uno que fue perdiendo terreno de forma sostenida pese a recibir, al mismo tiempo, más recursos que nunca. Esa combinación —más plata, menos cobertura, menos atención efectiva, más quejas, más tutelas— es la que hace del informe algo más que una lista de indicadores: es la constatación de que el problema del sistema de salud colombiano no fue, al menos durante este cuatrienio, exclusivamente de financiación, sino también de gestión.

El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella recibe, con este diagnóstico sobre la mesa, un sistema con más plata que nunca en su historia y, al mismo tiempo, con los niveles de insatisfacción ciudadana más altos desde que existe. Esa es la herencia que tendrá que administrar la nueva ministra de Salud, Ana María Vesga, desde el primer día de su gestión.

Fuente: «Corte de cuentas del sector salud en el periodo de Gobierno 2022-2026», Así Vamos en Salud.