En un crimen tan grave como el asesinato de Miguel Uribe Turbay, cada pista nueva produce dos reacciones opuestas: la tentación de darla por cierta porque encaja con lo que se sospecha, y la de descartarla porque llega demasiado tarde o por una vía inusual. Las dos son malas consejeras. Lo que reveló María Claudia Tarazona esta semana pide algo más difícil, que es tomarla en serio y, al mismo tiempo, no darle más peso del que hoy tiene.

Lo que leyó Tarazona

En entrevista con Mañanas Blu, la viuda del senador leyó un mensaje que, según ella, circuló unos dos meses antes del atentado del 7 de junio de 2025. Un informante advertía de que se preparaba un ataque contra Uribe o contra Paloma Valencia, que el dinero venía de Venezuela y que, según una fuente cercana al grupo, «la orden salió del Senado». El texto menciona a un «Marcos Calarcá» que estaría organizando a ocho hombres, y pide reforzar la seguridad de ambos políticos. Habría un segundo mensaje, posterior al ataque, que reclamaba por el esquema de seguridad y decía que se había advertido que lo iban a matar.

Tarazona explicó que identificó a «Marcos Calarcá» como Luis Alberto Albán, exrepresentante a la Cámara por Comunes, y que no es la misma persona que el cabecilla disidente conocido como Calarcá. Subrayó, además, que la información no era anónima: según ella, el material incluye nombres, fotografías y datos que permitirían ubicar a quienes intervinieron en la cadena. Entregó todo a la Fiscalía y dice no haber recibido respuestas.

Lo que ese chat no demuestra

Aquí está el punto central. Un mensaje que dice que «la orden salió del Senado» no prueba que así haya sido. No demuestra que Albán haya ordenado ni coordinado nada, y quien lo lee debe separar con cuidado el homónimo del alias del cabecilla disidente, para evitar atribuirle a uno lo que no se ha dicho del otro. Tampoco se ha verificado de forma independiente cuándo se redactó ni se envió el mensaje, si hubo modificaciones posteriores ni por qué dispositivos circuló. No hay, hasta ahora, una cadena de custodia pública que siga el recorrido desde el emisor hasta Tarazona.

Hay, además, una diferencia que la propia Fiscalía marcó. Tarazona sostiene que sabe quién le entregó la información. Fuentes de la Fiscalía citadas por Caracol Radio dijeron que las autoridades todavía desconocen la identidad de quien se la dio a ella. Las dos afirmaciones pueden ser ciertas a la vez, porque no se refieren al mismo eslabón de la cadena, pero ilustran cuánto falta por reconstruir. Lo que sí confirmó la Fiscalía es que ya se ordenaron actividades de policía judicial para establecer el origen y la autenticidad del correo y los chats, que Tarazona envió el 3 de septiembre. Esas verificaciones están a cargo del grupo de tareas especiales creado por la fiscal Luz Adriana Camargo.

Lo que sí está establecido

Para medir la pista nueva hay que ponerla frente al expediente, que ya tiene resultados. La Fiscalía ha vinculado a 16 personas al proceso y ha logrado ocho condenas, además de la sanción a un adolescente señalado de disparar. Alias El Viejo, Simeón Pérez Marroquín, condenado a 22 años, atribuyó a la Segunda Marquetalia haber ordenado y financiado el crimen, y señaló a alias Zarco Aldinever.

Hay además un hilo documental que viene del propio expediente, reportado por El Colombiano. Un joven que era menor de edad al declarar, alias Churco, contó que el cabecilla Elder José Arteaga, alias Chipi, decía tener contactos entre las personas que rodeaban al senador, que uno aparecía guardado en su teléfono como «escolta senador» y que una llamada de menos de tres segundos, en la que una voz dijo «hay manifestaciones», era para él prueba de información en tiempo real. En su teléfono apareció una foto de Uribe del 29 de mayo de 2025. Todo eso apunta a una fuga desde el círculo de protección, que es una línea distinta de la del Congreso.

Dos hipótesis que no son lo mismo

Conviene no mezclarlas. Una cosa es que la estructura criminal haya tenido información privilegiada sobre los movimientos del senador, lo que está respaldado por declaraciones y por material del expediente. Otra, muy distinta, es que la orden haya partido de un congresista o de un integrante de Comunes, lo que hoy descansa en un chat sin autenticar. Ambas hipótesis pueden coexistir, pero ninguna prueba la otra. Y la versión de la Segunda Marquetalia, con financiamiento venezolano, ya tiene un condenado que la sostiene. Si el chat de Tarazona logra encajar en ese cuadro o lo contradice, eso lo dirá la investigación.

Las reacciones

Comunes, que perdió su personería jurídica, negó cualquier relación con el asesinato, habló de ataques y estigmatización y dijo estar dispuesto a atender a las autoridades. Albán firmó ese comunicado. El presidente del Senado, Honorio Henríquez, le pidió a la fiscal general una investigación rigurosa y prioritaria sobre posibles participaciones de personas vinculadas al Congreso. Y desde el Centro Democrático hubo reacciones políticas inmediatas. Aquí vale una advertencia: es legítimo exigir investigación, pero es injusto convertir un chat en condena política antes de que exista una verificación.

Las preguntas que la Fiscalía debe responder

¿Quién redactó el primer mensaje y a quién llegó? ¿Quién era la fuente «metida allá adentro» y qué relación tiene con el informante de Caquetá? ¿Fue entrevistado ese informante? ¿Qué funcionario recibió la advertencia antes del atentado y qué hizo? ¿Qué dijeron en sus interrogatorios alias Araña y alias Águila sobre la coordinación y la financiación? ¿Se puede probar la fecha real de los chats?

La respuesta a la última pregunta decide casi todo. Si los mensajes son auténticos y de abril de 2025, hay un problema serio sobre quién sabía qué antes del 7 de junio. Si no lo son, estaremos ante un material que arrastra reputaciones sin sustento.

Una alerta, un indicio y una prueba

Tarazona hizo lo que le correspondía: entregó la información a las autoridades y no pretendió ser ella quien la verificara. Lo que sigue es responsabilidad de la Fiscalía, que debe informarle a la familia qué ha hecho y por qué. Mientras tanto, a los demás nos corresponde algo menos vistoso: tratar una alerta como alerta, un indicio como indicio y una prueba solo cuando lo sea. En un caso donde ya hay condenados y víctimas, la verdad sobre quién ordenó este crimen no puede construirse con atajos, y el mejor homenaje a Miguel Uribe es que, cuando se sepa, esté a prueba de dudas.