La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió indagación formal contra la excongresista Gloria Elena Arizabaleta Corral, expresidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por los presuntos delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. La decisión la citó a rendir indagatoria ante el alto tribunal.

Pero el expediente que sustenta la investigación, según reveló Semana, cuenta una historia más compleja que la de una sola congresista bajo sospecha: retrata también el papel del abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, en una relación con la investigadora que terminó, según los propios mensajes que hoy están en poder de la Corte, de forma abrupta y con una denuncia penal de por medio.

El origen: una investigadora que tenía en sus manos el destino judicial de Petro

Arizabaleta integró el triunvirato de congresistas encargado de investigar al presidente Petro dentro de la Comisión de Acusación, en el marco del proceso por la presunta financiación irregular de su campaña presidencial de 2022 con recursos de fuentes prohibidas. Su perfil no era el de una opositora: había sido esposa del entonces senador Roy Barreras, cercano al petrismo, de quien se divorció al inicio del Gobierno. Durante buena parte del proceso, fue vista como uno de los votos favorables al presidente dentro de la Comisión.

Ese pronóstico cambió con el tiempo. Según relató la propia Arizabaleta a Semana, un viaje a Estados Unidos para revisar pruebas aportadas por Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, sobre la presunta financiación criminal de la campaña, la llevó a acumular evidencia que, en sus palabras, no dejaba dudas sobre el ingreso irregular de dinero a la contienda electoral de Petro.

Los chats que ahora examina la Corte

Entre las pruebas que sustentan la indagación está un chat fechado el 20 de febrero de 2026, en el que Arizabaleta le habría enviado a Carranza un borrador de auto inhibitorio —el documento con el que el representante Alirio Uribe, otro de los integrantes del triunvirato, planteaba archivar la investigación contra Petro por ausencia de dolo—. Ese envío es uno de los hechos centrales que la Corte investiga como una posible revelación indebida de información reservada del proceso.

Otro conjunto de mensajes, del 8 de abril, resulta según Semana todavía más comprometedor, esta vez para el propio abogado del presidente. En ese intercambio, Carranza le habría pedido a Arizabaleta ayuda para presentar una compulsa de copias ante la Fiscalía contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez —reconocido crítico de Petro—, llegando incluso a ofrecerle redactar él mismo el documento para que ella únicamente lo firmara y radicara. Arizabaleta, según la reconstrucción del medio, no llegó a atender esa solicitud y la compulsa nunca se presentó.

Consultado por Semana, Carranza rechazó de forma tajante haber hecho esa propuesta. Sostuvo que la solicitud sobre Martínez no fue exclusiva para Arizabaleta —dijo haberla planteado también ante la Corte, la judicatura y la Fiscalía— y la justificó en que el exfiscal habría faltado a la verdad bajo juramento en una audiencia donde él mismo actuaba como abogado de una víctima en el caso Odebrecht. Además, acusó a la excongresista de haber usado su cargo para ejercer presiones indebidas.

El quiebre: de aliada a investigada

El expediente registra un tercer intercambio, del 4 de junio, en el que el tono cordial entre ambos ya se había transformado en reproche. Carranza le habría reclamado a Arizabaleta por qué había endurecido su postura frente al Gobierno. Ese reclamo llegó apenas un día después de que Alirio Uribe radicara el auto que buscaba inhibir a Petro de responsabilidad, decisión de la que Arizabaleta se apartó formalmente mediante un salvamento de voto, pidiendo en cambio abrir investigación formal contra el mandatario.

Una semana más tarde, el 10 de junio, Arizabaleta fue más allá: ordenó, en su condición de presidenta de la Comisión de Acusación, la suspensión temporal del presidente Petro por presunta participación indebida en política. La medida, sin precedentes, generó de inmediato una controversia jurídica: constitucionalistas señalaron que solo el Senado tiene competencia para suspender a un presidente en ejercicio, por lo que la decisión de la Comisión carecía de efectos jurídicos inmediatos. La Procuraduría terminó suspendiendo a la propia Arizabaleta de su cargo, al considerar que se había extralimitado en sus funciones al no llevar su decisión ante la Sala Plena de la Comisión.

Al día siguiente de esa suspensión, Carranza anunció que, por instrucción directa del presidente Petro, radicaba una denuncia penal contra Arizabaleta ante la Corte Suprema. El propio Petro calificó la actuación de la excongresista como una posible extorsión contra su Gobierno.

Las versiones de las dos partes

Frente a las revelaciones de los chats, Carranza insistió ante Semana en que jamás participó de una negociación irregular con la excongresista, y sostuvo que fue él quien terminó denunciándola ante la Corte al advertir que ella pretendía usar información reservada para fines indebidos.

Arizabaleta, por su parte, rechazó cualquier irregularidad en el envío del borrador de auto inhibitorio, alegando que el documento fue remitido a quien tenía la condición de sujeto procesal dentro de la actuación. Sobre la solicitud de compulsa contra el exfiscal Martínez, negó haber cedido a esa presión, y sugirió que fue justamente su negativa a acceder a ese tipo de pedidos lo que generó los cuestionamientos posteriores en su contra. Sobre su distanciamiento del Gobierno, sostuvo que todas sus decisiones se basaron exclusivamente en criterios jurídicos, sin consideraciones políticas.

De cara a la indagatoria que debe rendir ante la Corte Suprema, Arizabaleta anunció que presentará pruebas para demostrar que actuó con independencia, sin ceder a presiones externas y sin vulnerar la reserva del proceso.

Lo que investiga la Corte

Según reportó El Tiempo, el expediente de 46 páginas a cargo del magistrado instructor Misael Rodríguez no se limita a la decisión de suspender a Petro: también examina reuniones entre Arizabaleta, Carranza y el secretario de la Comisión de Acusación, Jairo Corzo, incluyendo un primer encuentro que, según la reconstrucción judicial, habría ocurrido entre octubre y noviembre de 2025 en un restaurante bogotano con salones privados. La investigación también documenta un allanamiento a la vivienda de Arizabaleta en La Calera.

Por ahora, el proceso apenas entra en su fase formal de investigación, con fecha ya fijada para que la excongresista rinda su versión ante el alto tribunal.

El otro frente: la amenaza de Néstor Humberto Martínez

El exfiscal general Néstor Humberto Martínez, al ser consultado por Semana sobre el intento de compulsa en su contra, aseguró que durante los últimos cuatro años se ha sentido sometido a una persecución de tipo penal, y anunció que llevará al propio Carranza ante la justicia penal y ante la Comisión de Disciplina Judicial por esta actuación.