Hay una deuda de la que casi nadie habla en campaña porque no aparece en los titulares de déficit fiscal ni en las metas de deuda bruta que negocia el Ministerio de Hacienda con el mercado. Es el patrimonio neto de la Nación: la resta simple entre lo que el Estado tiene y lo que debe. Y esa cuenta, la más elemental de todas —la que le haría cualquier contador a una empresa antes de prestarle un peso—, cuenta una historia distinta a la que domina el debate público.

En 2022, cuando Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, el patrimonio consolidado de las entidades del Estado nacional era positivo: 137 billones de pesos. Hoy, a las puertas de la transición hacia Abelardo de la Espriella, ese número es de -273 billones. La caída, según un cruce de 2,8 millones de registros contables reportados al Chip de la Contaduría General de la Nación, ronda los 410 billones de pesos en apenas tres años. Y si se suma la deuda que administra la Dirección de Crédito Público —la que sí aparece en los reportes de deuda bruta que conoce el país—, el hueco patrimonial se dispara hasta los 1.398 billones.

Por qué esto importa más que el déficit del año

El país está acostumbrado a medir sus cuentas por el déficit fiscal anual o por la relación deuda/PIB. Son indicadores útiles, pero miran solo hacia adelante un año o dos. El patrimonio neto mira más lejos: acumula todas las obligaciones que el Estado ya reconoce que tendrá que pagar, aunque la factura llegue dentro de veinte o treinta años. Por eso, cuando ese número se desploma de forma sostenida, la señal no es de un mal trimestre fiscal, sino de un compromiso estructural que el país está adquiriendo con sus propios ciudadanos y con sus acreedores, financiado con los impuestos de gobiernos que todavía no han sido elegidos.

Como advierte el profesor Francisco Azuero, de la Universidad de los Andes, ese es justamente el patrón que antecedió a los ajustes forzosos de Argentina y Grecia: el patrimonio negativo crece hasta que los acreedores dejan de prestar, y entonces el ajuste que antes pudo hacerse de forma gradual se vuelve súbito y doloroso.

Tres grietas, un mismo boquete

La caída no tiene una sola causa, sino tres, y las tres comparten un rasgo: son deudas que el Estado ya reconoce en sus libros contables, pero que no exige pagar hoy.

La primera y más grande es el pasivo pensional. Solo entre las entidades públicas —sin contar Colpensiones— pasó de 554 a 740 billones de pesos entre 2022 y 2025, equivalente al 40% del PIB. Si se suma la garantía estatal que respalda el régimen de prima media, la cifra trepa al 150% del PIB. No es un error contable ni un cambio de metodología: es el resultado de que los colombianos viven más años de lo proyectado, de que el salario mínimo subió por encima de lo esperado, y de que la nómina pública creció. Cada punto adicional de inflación o de salario mínimo se traduce, con esa fórmula actuarial, en billones adicionales de deuda futura.

La segunda es más silenciosa: la multiplicación de fondos y patrimonios autónomos, esos «bolsillos» del Estado que manejan presupuesto por fuera de las reglas de contratación pública ordinarias. Pasaron de 46 a 69 entre 2018 y 2025, y el dinero que administran casi se duplicó, hasta 183 billones. Algunos, como el Fondo Colombia en Paz, ya operan con patrimonio negativo. Y hay una cauda de entidades formalmente liquidadas —38 de 39— que siguen gastando dinero años después de su cierre, como el remanente de la Caja Agraria, extinta desde 1999 y que todavía cuesta cerca de 97 mil millones de pesos al año.

La tercera es la factura judicial. Las condenas contra el Estado se cuadruplicaron en una década, y las pretensiones de las demandas activas suman 775 billones de pesos —aunque el Estado termine pagando solo una fracción mínima de esa cifra—. El problema no es solo el tamaño del riesgo, sino que buena parte de las entidades lo subdeclara: Mindefensa reconoce apenas el 6% de las contingencias que le registra el sistema Ekogui. Y cuando Hacienda sí gira recursos para pagar condenas, lo hace por debajo de lo provisionado, generando una mora que ya llegó a 17 billones de pesos en 2025.

El límite de la motosierra

Aquí es donde la cifra deja de ser un dato de archivo y se convierte en un problema político inmediato. Abelardo de la Espriella construyó buena parte de su oferta electoral sobre la promesa de un recorte drástico del Estado: cerrar ministerios, fusionar agencias, eliminar fondos. Pero estos números muestran que gran parte del gasto que más ha crecido en el cuatrienio de Petro —el de personal, que pasó de 44 a 95 billones de pesos— está blindado por regímenes especiales: las mesadas de militares y policías, la nómina de la Fuerza Pública, la Rama Judicial y la Fiscalía. Son nóminas que ningún decreto de austeridad puede tocar de un plumazo sin chocar con la Constitución o con la independencia de poderes.

Y liquidar entidades tampoco es gratis en el corto plazo. Como advierte Jairo Bautista, exdirector de presupuesto del propio gobierno Petro, cuando se cierra un fondo cuyos activos no alcanzan para cubrir sus pasivos, esa diferencia no desaparece: la termina asumiendo la Nación, lo que «por debajo de la línea» se vuelve gasto explícito «por encima de la línea» en el presupuesto del año siguiente. La motosierra, en otras palabras, puede aliviar el patrimonio a mediano plazo —borrando pasivos pensionales futuros de las entidades que cierre— pero puede disparar el déficit de caja en el corto plazo, justo cuando el nuevo gobierno más necesita mostrar resultados rápidos.

Lo que sí depende de la próxima administración

Ninguna de estas tres deudas es, en el fondo, inevitable ni ajena a la voluntad política. El pasivo pensional seguirá creciendo mientras los regímenes especiales permanezcan abiertos y el salario mínimo se negocie por encima de la inflación. Los fondos autónomos seguirán multiplicándose mientras sigan siendo la vía más fácil para esquivar la Ley 80 de contratación. Y el riesgo judicial seguirá subdeclarado mientras no haya un incentivo real para que cada entidad reconozca en sus libros el tamaño real de lo que puede perder en los tribunales.

El patrimonio negativo de la Nación no es, por sí mismo, una sentencia de quiebra: casi ningún país del mundo tiene un balance patrimonial positivo, porque activos como el subsuelo o la garantía de derechos ciudadanos no se contabilizan. Lo que sí es una alarma es la velocidad de la caída y la opacidad con la que se acumula. El próximo gobierno no hereda solo un Estado por recortar: hereda una contabilidad que, leída con cuidado, le dice exactamente dónde están enterradas las facturas que alguien, tarde o temprano, va a tener que pagar.