Hay una frase que aparece de forma casi burocrática en los documentos que obtuvo La Silla Vacía vía derecho de petición, pero que resume el problema de fondo: 216 millones de pesos de un contrato para crear «Comunidades Energéticas» fueron usados para pagar la logística de una marcha en Popayán, «por solicitud» del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, el Fenoge. No fue un error administrativo ni un malentendido contractual. Fue, según los soportes de pago, un desvío consciente de plata pensada para la transición energética hacia la movilización de un movimiento social que terminó siendo la plataforma política del propio exministro que dirigió esa transición.

Un fondo, un contrato, un patrón que se repite

El Fenoge no llega a este episodio con las manos limpias. Es el mismo fondo que, según reveló La Silla Vacía, entregó decenas de miles de millones de pesos en contratos favorecidos a Euclides Torres, señalado como cabeza del Clan Torres en el Caribe y financiador de la campaña presidencial de Gustavo Petro. En ese contexto llegó, a inicios de 2024, un contrato de 27 mil millones de pesos con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) —agencia de la ONU— para asesorar la creación de comunidades energéticas en todo el país. Un contrato que, vale la pena subrayarlo, nunca debió tener nada que ver con logística de manifestaciones: la OIM no es una organización experta en temas energéticos, y mucho menos en organizar marchas.

Ese contrato, que debía cerrar en diciembre de 2025 con 61 comunidades energéticas creadas y 48 proyectos formulados, sigue sin liquidarse. La razón, según los documentos de supervisión, es que buena parte de los soportes que presentó la OIM para cobrar no corresponden a lo pactado: 1.650 millones de pesos sin soporte de pago, de los cuales 930 millones corresponden a nueve eventos que no tienen relación directa con el objeto del contrato. Ahí, escondida entre esas cifras, aparece la marcha de Popayán.

El movimiento que Petro pidió «multiplicar»

La marcha no la organizó cualquier colectivo. La convocó el Movimiento Nacional Constituyente por la Democracia Energética (Moden), nacido en 2024 de las «asambleas populares» que impulsó el propio Ministerio de Minas y Energía. Desde el principio, el Moden se presentó como un movimiento espontáneo y sin financiación pública, pero su comportamiento contaba otra historia: felicitaba en redes la gestión del entonces ministro Andrés Camacho, le pedía a Petro que lo mantuviera en el cargo, y se atribuía créditos por la selección de beneficiarios en programas ejecutados por el propio Fenoge, como «Hogares Energéticamente Sostenibles».

El propio presidente le dio impulso público. En diciembre de 2024, en Barranquilla, Petro se puso un prendedor del Moden en tarima y dijo que había que «volverlo realidad en las calles». Un mes después llegó el Carnaval Popular por la Democracia Energética, con Petro presente ante unos 15 mil asistentes, pidiendo que el movimiento se «multiplicara por todo el país». Camacho, todavía ministro, fue coprotagonista de ese evento y de las piezas audiovisuales que difundió Presidencia.

Ese mismo movimiento, con Camacho como su cara más visible incluso después de dejar el cargo, fue el que convocó la marcha en Popayán que terminó pagando el Fenoge a través del contrato con la OIM.

Cuando el movimiento social se vuelve plataforma electoral

Lo que consolida la sospecha de que el Moden nunca fue tan autónomo como se presentó es lo que pasó después. Cuando el Pacto Histórico organizó las consultas para definir el orden de sus listas legislativas en 2026, Camacho se lanzó al Senado y escogió como fórmula en el Valle a Juan Camilo Lara, el exlíder estudiantil que fue la primera cara pública del Moden. Ninguno de los dos alcanzó una votación suficiente —Camacho sumó 15 mil votos, Lara apenas 3 mil— pero el gesto deja claro el vínculo: el movimiento que se decía espontáneo terminó siendo, literalmente, la estructura electoral del exministro.

Camacho, consultado por La Silla Vacía, negó haber dado la orden de financiar la marcha con recursos del Fenoge y aseguró desconocer que eso hubiera ocurrido: «El Fenoge tiene una administración independiente. No hay instrucciones directas del ministro, porque no tiene jurisdicción directa (…) Parece un montaje, interpondré acciones legales». Es una respuesta que, sin embargo, no explica quién dentro del «equipo de Fenoge» —la fuente que atribuyen los propios documentos de supervisión— sí dio esa instrucción. Ni el fondo ni la OIM respondieron esa pregunta.

La pieza que falta y la que ya se movió

Ahí está el vacío central de esta historia: los documentos prueban que la plata salió, prueban que se usó para la marcha, prueban que se hizo «por solicitud» de Fenoge, pero no dicen quién, específicamente, dio esa orden. Es la misma opacidad que ha rodeado otros episodios de esta entidad, y que ahora se cruza con un hecho que si tiene nombre propio: hace apenas diez días, Brayan Giraldo, director del Fenoge, cambió al supervisor del contrato que había alertado sobre el desvío de los recursos, argumentando que se le había vencido su contrato de prestación de servicios. Días después, la Procuraduría General de la Nación ordenó suspenderlo por tres meses, aunque por un expediente distinto: presuntas irregularidades en la contratación para la gestión y monitoreo de paneles solares. La entidad de control fue clara en que contra esa decisión no procede ningún recurso, así que Giraldo deberá apartarse temporalmente del cargo.

No hay, hasta ahora, una relación probada entre esa suspensión y el caso de la marcha de Popayán. Pero sí hay una coincidencia que vale la pena seguir de cerca: el mismo funcionario que removió al supervisor que detectó el desvío de recursos para actividades políticas es, hoy, el mismo que enfrenta una investigación disciplinaria por otro contrato de la misma entidad.

Lo que queda planteado

Esta historia no es, todavía, la prueba de una instrucción política directa desde el despacho ministerial hacia el fondo. Camacho lo niega, y su versión —que el Moden es un movimiento autónomo al que simplemente se sumó tras salir del gobierno— sigue en pie mientras no aparezca evidencia que la contradiga. Lo que sí queda establecido, con soportes documentales, es que recursos pensados para la transición energética terminaron financiando la logística de un movimiento que operó, en los hechos, como el brazo social y después electoral de quien fue ministro de esa misma cartera. Y que la entidad encargada de aclarar quién dio esa orden, hasta el cierre de esta nota, prefirió decir que estaba «verificando la información».