Gustavo Petro lleva semanas repitiendo, con la voz y el peso institucional de la Presidencia de la República, que le robaron las elecciones. Lo dijo en consejo de ministros, lo dijo en tarima, lo dijo frente a su bancada en la Casa de Nariño y lo repite cada vez que puede frente a cámaras. Y mientras lo decía, sobre su propio escritorio reposaba, desde el 30 de junio, un informe de cuatro páginas que desmonta esa narrativa: la fuente que él mismo citó como sustento del fraude —un hacker que decía tener pruebas, que alegó estar hackeado con Pegasus y que pidió protección presidencial— no entregó nada. Nada verificable, nada técnico, nada que sostuviera ni una fracción de la acusación más grave que puede hacer un presidente saliente contra el sistema democrático que lo eligió a él mismo.

No es un matiz. Es la diferencia entre gobernar con hechos y gobernar con un relato inventado para no soltar el poder.

Tres puertas cerradas y una obsesión que no cede

Petro no se conformó con una fuente fallida: tocó al menos tres puertas del propio Estado —dos organismos de inteligencia y el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones— buscando desesperadamente algo que confirmara su tesis. Ninguna se la dio. La más cercana a un hallazgo real encontró evidencia de que unas credenciales del software electoral circularon antes de los comicios, un problema de seguridad informática legítimo, pero absolutamente distinto de una alteración en el conteo de votos. Petro tomó ese fragmento y lo infló hasta convertirlo, en su discurso público, en la prueba de un fraude orquestado desde California con algoritmos, la empresa israelí Black Cube y la nube de Google. Es una escalada retórica sin respaldo técnico, construida ladrillo a ladrillo sobre hallazgos que ni siquiera sus propios funcionarios se atreven a interpretar como él los interpreta.

La prueba que pedía imaginación, no evidencia

El detalle más revelador de todo este episodio es casi grotesco: buena parte de la intervención del hacker que Petro citó como su fuente consistió en pedirle a la sala que usara la imaginación. No mostró capturas verificables. No entregó los archivos que decía tener. No aportó un solo rastro técnico de su supuesto hackeo. Pidió que le creyeran por lo que podría haber pasado, no por lo que demostró que pasó.

Ahí está la verdadera irrealidad de esta historia: no en el triunfo de Abelardo de la Espriella en las urnas, sino en el relato con el que Petro se niega a reconocerlo. Cuando la «prueba reina» de un fraude depende de que el país imagine un escenario en lugar de verificar un hecho, dejó de ser una denuncia y se convirtió en una ficción política. Desconocer un gobierno legítimamente electo con ese nivel de sustento no es ejercer un derecho a la duda razonable. Es pedirle a la democracia colombiana que se rija por un acto de fe hacia un solo hombre.

El costo de sostener una mentira con el poder del Estado

Cuestionar un proceso electoral es legítimo en cualquier democracia. Lo que ya no lo es tanto es sostener esa denuncia con certeza absoluta —anuncios de acciones penales, la cifra exacta de «880.000 votos irregulares», movilizaciones convocadas para las calles— cuando las propias instituciones de inteligencia del gobierno, no las del adversario, le están diciendo que no hay nada. Ahí el argumento de autoridad reemplaza a la evidencia: «cuando el presidente habla es porque hay gato encerrado», dice una fuente cercana a la Casa de Nariño citada en el reportaje, una frase que pide fe ciega y que, de paso, admite lo que Petro no quiere admitir en público: que no hay ninguna prueba «reina» sobre la mesa.

Esto no se queda en el terreno simbólico. La demanda de nulidad radicada por Luis Guillermo Pérez ante el Consejo de Estado, con la pretensión de impedir que De la Espriella se posesione mientras se resuelve el proceso, convierte esta ficción en una maniobra con dientes constitucionales: activaría una presidencia interina en cabeza del presidente del Senado. Es un mecanismo que existe dentro de las reglas democráticas, pero que solo se justifica si el fraude puede probarse. Y no se puede. Lo dice la propia inteligencia del Estado que Petro dirige.

Un patrón que ya conoce la región, y que la historia ya juzgó

Este guion no es nuevo, y tampoco le ha salido bien a nadie que lo haya intentado. Donald Trump sostuvo durante meses, con gráficas, cifras sueltas y testigos que nunca resistieron el escrutinio judicial, que le habían robado las elecciones de 2020. Ninguno de esos «hallazgos» sobrevivió a más de sesenta demandas ante tribunales estadounidenses, muchos con jueces nombrados por él mismo. Jair Bolsonaro hizo lo mismo en 2022 con las urnas electrónicas de Brasil, sin lograr jamás una sola prueba que resistiera el análisis técnico del Tribunal Superior Electoral. El patrón es idéntico al que hoy se repite en Colombia: una fuente que promete la prueba definitiva y nunca la entrega, una base social movilizada para sostener la presión en la calle, y la negativa a aceptar un resultado incluso cuando las propias instituciones del Estado —no las del rival— desmienten la denuncia.

La diferencia es que Petro no es un expresidente derrotado gritando desde la oposición: es el presidente en ejercicio, con el aparato de inteligencia del Estado a su entera disposición para encontrar esa prueba. Y no la encontró. Sostener la denuncia después de ese resultado ya no es una pelea electoral: es recorrer, con los ojos abiertos, el mismo camino que en Estados Unidos y en Brasil terminó calificado, sin ambigüedades, como un intento de golpe contra la voluntad popular. Si la historia termina poniendo a Petro en esa misma fila, junto a Trump y a Bolsonaro, no será por la comparación en sí. Será porque él mismo, con todo el poder del Estado en la mano, no logró producir ni una sola prueba que lo salvara de merecerla.

Una apuesta que ya no es solo jurídica

Al final, lo que este informe deja claro no es solo que una fuente falló. Es que la maquinaria completa del Estado, puesta a prueba por su propio comandante en jefe, no encontró lo que él necesitaba encontrar. En una democracia, ese resultado debería cerrar la discusión. Cuando ni siquiera las entidades técnicas del propio gobierno hallan evidencia de fraude, insistir en la acusación deja de ser una búsqueda de la verdad: es una estrategia. Puede ser una estrategia para mantener movilizada a la base social que Petro necesitará después del 7 de agosto. Puede ser, como sugieren varias fuentes, una forma de ganar tiempo antes de perder el fuero.

Y el propio presidente lo ha dejado entrever sin mucho disimulo. En una rueda de prensa reciente, tras semanas de bajo perfil, aseguró que una vez deje la Presidencia será «el jefe de medio país». No es una frase menor: es la confesión de que el objetivo ya no es demostrar un fraude que ni su propia inteligencia encontró, sino consolidar, con esa denuncia como bandera, un liderazgo de calle que le sobreviva al cargo. Lo que ya no puede seguir siendo, sin una sola prueba real, es una certeza repetida con el peso institucional de la Presidencia de la República para desconocer un gobierno que Colombia eligió en las urnas.