El relevo en la gerencia del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) se ha vendido ante la opinión pública, de la mano de la gerente saliente Paula Andrea Cepeda Rodríguez, como un tránsito institucional exitoso: la puesta en marcha del sistema de trazabilidad ganadera SINIGAN V6 tras 15 años de intentos fallidos, un enfoque «preventivo» en las regiones, y el fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría en mayo de 2026. Pero esa narrativa de cierre triunfal, construida por la propia Cepeda, se desmorona apenas se cruza con los estados financieros de la entidad, que describen algo muy distinto: una institución en quiebra operativa, capturada durante años por una cuota política regional que convirtió la sanidad animal y vegetal del país en moneda de cambio electoral.

Lo que dicen los números

El deterioro es contundente, y los estados financieros muestran dos capas de gravedad distintas que conviene no confundir.

La primera es el capital de trabajo —la diferencia entre lo que el ICA tiene disponible de inmediato (caja y cuentas por cobrar de corto plazo) y lo que debe pagar en el corto plazo—. Pasó de un saldo positivo de $39.640,51 millones en 2023 a un déficit de $1.863,73 millones en 2024, se profundizó a -$19.381,38 millones en 2025 y llegó a -$21.237,24 millones en mayo de 2026. En términos prácticos: desde 2024 el ICA no tiene, ni liquidando toda su caja y cuentas por cobrar inmediatas, con qué cubrir lo que debe a proveedores y contratistas en el corto plazo.

La segunda capa, más grave todavía, es el resultado operacional: lo que queda de restarle a los ingresos que el ICA genera por su actividad misional —tasas, servicios técnicos— los gastos de esa misma operación, sin contar partidas extraordinarias. Ahí el deterioro no es un episodio puntual, es una tendencia sostenida: -$246.752,87 millones en 2023, -$369.121,85 millones en 2024, -$367.726,42 millones en 2025, y ya -$141.462,18 millones en los primeros cinco meses de 2026. La entidad solo logra maquillar parcialmente ese hueco gracias a un «resultado no operacional» —principalmente ingresos extraordinarios— que le permite mostrar un resultado neto menos alarmante en el papel: $69.636,78 millones positivos en 2023, pero ya -$23.740,24 millones en 2024 y -$30.588,90 millones en 2025. Según el propio reporte financiero de la entidad, ese déficit neto de 2025 representó un aumento del 28,8% frente al de 2024, y ocurrió pese a que los ingresos operacionales crecieron 28,1% ($21.083 millones adicionales): el problema es que los gastos no operacionales subieron 55,4% en el mismo periodo, un ritmo que ningún aumento de ingresos logró compensar.

Dicho sin rodeos: el ICA no solo gasta más de lo que genera por su actividad misional —eso ya sería grave por sí solo—. Además, se ha vuelto dependiente de partidas extraordinarias para no mostrar un descalabro aún mayor en el resultado neto, y aun con ese maquillaje contable termina en déficit todos los años desde 2024.

Resultado financiero del ICA (cifras en millones de pesos)

Capital de trabajo del ICA (cifras en millones de pesos)

Ese desbalance no es abstracto. Se traduce en laboratorios de diagnóstico con riesgo de desabastecimiento de reactivos, en inspectores fronterizos cuyos viáticos y contratos de prestación de servicios penden de que Hacienda gire a tiempo, y en un sistema de guías de movilización animal en el que la Contraloría, en auditorías publicadas a finales de julio de 2026, encontró siete hallazgos graves —tres con presunta incidencia disciplinaria y dos con incidencia fiscal por pérdida de recursos públicos—. En un país con memoria reciente de brotes de fiebre aftosa y peste porcina, dejar la sanidad animal dependiendo de que un giro nacional llegue a tiempo no es un detalle administrativo: es un riesgo directo para todo el campo colombiano.

La cuota que explica el gasto

¿Por qué se disparó el gasto en 2024 mientras la operación colapsaba? La respuesta, documentada por La Silla Vacía, tiene nombre propio: desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro, el ICA fue entregado como cuota política al hoy gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, a cambio del respaldo de su ala de la Alianza Verde en el Congreso. La gerencia general recayó en Paula Andrea Cepeda Rodríguez, compañera de posgrado de Amaya y colaboradora suya en su primera gobernación. A su alrededor se fueron acomodando fichas de la misma cuerda política: la Subgerencia de Regulación Sanitaria para el que fuera asesor jurídico de esa gobernación, la Subgerencia de Protección Vegetal para un exasesor de otra administración verde, y la Dirección Técnica de Inocuidad para un exdiputado del mismo partido. Esa colonización burocrática es, en buena medida, la explicación técnica de por qué la entidad terminó pagando $6,24 por cada peso que generaba: los cargos y contratos de prestación de servicios se multiplicaron para sostener una estructura política, no una operación sanitaria.

A ese entramado se sumó otro nombre que terminó en escándalo: el representante a la Cámara y hoy candidato al Senado por la Alianza Verde, Duvalier Sánchez Arango. Medios y veedurías del Valle del Cauca, como Esto es Cali Ve, reportaron a comienzos de 2026 una relación sentimental entre el congresista y la entonces gerente Cepeda, un hecho que —más allá de la esfera privada— generó alarma precisamente porque el congresista tenía influencia directa sobre el manejo de una de las entidades técnicas más presupuestadas del sector agropecuario. En paralelo surgieron denuncias, todavía sin confirmación judicial, de presiones internas a funcionarios y contratistas de la seccional Valle del Cauca para respaldar la campaña de Sánchez, y columnistas como los de Semana señalaron que, bajo el ala compartida de la Alianza Verde, el ICA se llenó de recomendados de su cuota política, alimentando el mismo gasto en contratos OPS que descapitalizó la caja de la entidad. Son señalamientos que merecen investigación formal antes de darlos por probados, pero que ayudan a explicar el patrón: una entidad técnica que dejó de operar como tal para convertirse en fortín electoral regional.

Lina Garrido y la indignación selectiva del petrismo

El nombramiento de Lina María Garrido al frente del ICA por parte del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella desató una reacción furiosa en sectores del Pacto Histórico, que anunció incluso una demanda ante el Consejo de Estado —liderada por la representante María Fernanda Carrascal— argumentando que Garrido no tendría el perfil técnico exigido, al ser profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, y cuestionando que se haya ajustado el manual de funciones de la entidad para permitir su posesión.

Hay un elemento político innegable detrás de esa molestia: Garrido saltó a la escena nacional en julio de 2025 al confrontar duramente a Petro en el discurso de réplica de la oposición, calificando su gestión de «palabrería y discursos vacíos». Que hoy termine dirigiendo una entidad con un presupuesto de $474 mil millones se lee, para el petrismo, como un premio político. Es una lectura legítima dentro del pulso partidista, pero conviene medirla con la misma vara que se le exige a cualquier señalamiento: si el reclamo es sobre falta de idoneidad técnica, ese debate merece resolverse con criterios técnicos y, si corresponde, en las instancias judiciales que ya se anunciaron, no solo en la indignación de redes.

La politiquería del Pacto Histórico

Lo que sí resulta difícil de sostener es la sorpresa selectiva. Los mismos sectores que hoy cuestionan el perfil de Garrido guardaron silencio mientras el ICA operaba, durante buena parte del gobierno saliente, como el fortín burocrático de Amaya y el terreno de disputa política de Duvalier Sánchez —con el resultado de una pérdida operacional de $141.462 millones en cinco meses y una entidad técnicamente insolvente—. Cuestionar un título universitario es válido; hacerlo sin haber cuestionado antes una gestión que dejó al ICA gastando $6,24 por cada peso que generaba es, cuando menos, una indignación que llega tarde y selectiva.

Dicho sin rodeos: se ven muy indignados por el nombramiento de Garrido, pero guardaron silencio absoluto frente a la quiebra operativa que dejó su propia cuota política al frente de la entidad. Esa es la politiquería de siempre —no la de un partido en particular, sino la lógica de reclamar principios solo cuando el cargo ya no es propio—. Si la vara para juzgar idoneidad es el perfil profesional, esa misma vara debió aplicarse cuando la gerencia general del ICA se repartió entre compañeros de posgrado, asesores de gobernación y fichas de un ala partidista, mientras la entidad se desangraba $141.462 millones en cinco meses. El petrismo no perdió el ICA por falta de un título universitario en Garrido: lo perdió por haber convertido una entidad sanitaria en fortín electoral hasta quebrarla.

Lo que se entrega, en limpio

Más allá de la disputa entre el petrismo saliente y el gobierno entrante, lo que muestran los estados financieros y las auditorías de la Contraloría es una entidad que perdió, en apenas tres años bajo la gerencia de Paula Andrea Cepeda Rodríguez, su capacidad de sostenerse con sus propios ingresos, que se volvió dependiente de que Hacienda gire a tiempo para no paralizar laboratorios y puestos fronterizos, y que arrastra hallazgos fiscales y disciplinarios sin resolver en su sistema de movilización animal. El relato del «empalme exitoso» que la propia Cepeda promovió en los últimos meses no resiste el cruce con esos números. Lo que sí resiste es la evidencia de que convertir una entidad sanitaria en cuota política —sin importar de qué partido venga la cuota— tiene un costo que termina pagando el campo colombiano, no la gerente que administró esa cuota.