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Contratación exprés: Invías entregó 16 contratos viales por billonarias sumas a días de terminar el gobierno Petro
A pocas semanas de concluir el mandato de Gustavo Petro, el Instituto Nacional de Vías (Invías) encendió las alarmas fiscales y políticas tras adjudicar, en tiempo récord, 16 contratos que superan los 3,2 billones de pesos destinados a la malla vial rural de La Guajira.
Bajo el amparo del programa ‘Vías para la Paz’ y el cumplimiento de la Sentencia T-302 de 2017 —que busca frenar el Estado de Cosas Inconstitucional por crisis humanitaria en el departamento—, la entidad concedió voluminosos recursos con plazos de ejecución que se extienden hasta el 31 de julio de 2035. La cifra impresiona, pero la velocidad y la concentración de los procesos generan dudas legítimas.
La cronología de una adjudicación millonaria
El grueso de la contratación se concentró en dos momentos clave:
7 y 8 de julio: Se adjudicaron tres contratos de obra en Manaure, Maicao y Riohacha por 1,09 billones de pesos, junto con sus respectivas interventorías que sumaron 84.371 millones de pesos.
27 de julio: A solo diez días del cambio de mando, el Invías repartió 1,95 billones de pesos en siete contratos de obra para el municipio de Uribia, acompañados de interventorías por 120.115 millones de pesos. En total, esa sola jornada representó 2,07 billones de pesos.
Las alertas del empalme: competencia cuestionada
Ante semejante movimiento financiero en la recta final del gobierno, el equipo de empalme de la administración entrante expresó su preocupación y solicitó congelar la firma de los contratos hasta realizar una veeduría técnica, jurídica y financiera independiente.
El motivo principal de desconfianza radica en la conformación de los consorcios. Las alertas apuntan a la repetición de actores empresariales en diferentes lotes. Un claro ejemplo es la participación de Solarte Nacional de Construcciones, presente tanto en el Consorcio LHS Guajira (Maicao) como en el Consorcio LHS Guajira 2 (Uribia).
Si bien los pliegos incluyeron una regla para evitar que un mismo proponente se quedara con más de un lote —lo que obligó a varios consorcios líderes a ceder su puesto al siguiente en la fila—, la repetición de los mismos nombres en distintas estructuras societarias pone bajo la lupa la efectividad real de la libre competencia en estos procesos.
Entre la urgencia social y la responsabilidad fiscal
La urgencia por atender a las comunidades wayú que habitan la zona rural dispersa es innegable y responde a un mandato constitucional inaplazable. Sin embargo, comprometer vigencias futuras a más de una década, a escasos días de un empalme presidencial, abre un flanco de desconfianza institucional.
La solicitud del nuevo gobierno no busca sepultar las obras, sino aplicar un filtro de cordura fiscal: revisar presupuestos, fuentes y criterios de adjudicación. Las iniciativas sólidas y transparentes sobrevivirán al escrutinio; las irregularidades, de encontrarse, deberán hallar el freno institucional que merecen los recursos públicos de los colombianos.
