Hay cifras que deberían detener cualquier debate político por un momento. Esta es una de ellas: al menos 1.500 niños, niñas y adolescentes han sido reclutados por grupos armados en Colombia desde 2021, según un análisis de datos de la Defensoría del Pueblo realizado por Human Rights Watch. Más de la mitad de esos casos se concentran en el Cauca. Casi la mitad de las víctimas son niños y niñas indígenas, pese a que los pueblos indígenas representan apenas el 4 % de la población del país. Y más del 30 % tenían entre 10 y 14 años, una franja de edad cuyo reclutamiento podría constituir un crimen de guerra según el derecho internacional.

Estas cifras hacen parte de un informe de 124 páginas titulado «Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá», publicado esta semana, que documenta cómo los grupos armados —principalmente disidencias de las extintas FARC— reclutan niños en Colombia, y cómo el Estado ha fallado sistemáticamente en prevenirlo, detenerlo y sancionarlo.

El mecanismo del reclutamiento: de las aulas a las redes sociales

El informe describe una maquinaria de captación que combina métodos históricos con herramientas nuevas. Los grupos armados aprovechan la pobreza, la exclusión social, la violencia doméstica y las barreras de acceso a la educación para atraer a menores con promesas de dinero, poder y prestigio. En algunos casos, el reclutamiento ha ocurrido directamente en escuelas rurales, incluyendo internados. También operan a través de intermediarios civiles, a quienes llegan a pagarles hasta 1.000 dólares por cada niño o niña entregado.

Una vez dentro de las estructuras armadas, los menores suelen ser trasladados a otras regiones —una estrategia deliberada para aislarlos de sus familias y comunidades y dificultar cualquier intento de escape—. Algunos reciben entrenamiento militar; otros son utilizados para recopilar información, servir como mensajeros, prestar atención médica, vigilar rehenes, participar en el tráfico de drogas o actuar como guardaespaldas de comandantes. Las niñas, además, enfrentan un riesgo particularmente alto de violencia sexual dentro de estas estructuras.

Human Rights Watch documentó también el papel que juegan las redes sociales en este fenómeno. Los investigadores revisaron más de 70 cuentas y 40 publicaciones en Facebook y TikTok que glorificaban la pertenencia a grupos armados o publicaban ofertas de trabajo que, en la práctica, funcionaban como señuelos de reclutamiento. En algunos casos, los propios algoritmos de estas plataformas parecían amplificar ese contenido, ampliando el alcance de los reclutadores. Consultadas por la organización, tanto Meta como ByteDance (matriz de TikTok) señalaron contar con políticas y mecanismos para prevenir este tipo de contenido, y confirmaron haber retirado los perfiles señalados durante la investigación.

Un Estado que no ha estado a la altura

Si la primera parte del informe es alarmante por la magnitud del problema, la segunda lo es por la respuesta institucional que ha recibido. Human Rights Watch encontró que la Política Pública de Prevención del Reclutamiento, aprobada en 2018, está desactualizada y carece de un plan de acción claro y de presupuesto específico. El organismo encargado de coordinar la respuesta estatal, la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento (CIPRUNNA), no cuenta con la capacidad de ejecución ni los recursos necesarios para implementar esa política a nivel local, y las autoridades departamentales y municipales enfrentan sus propias limitaciones presupuestales que dejan a muchos menores sin protección efectiva.

Un hallazgo particularmente preocupante tiene que ver con la desigualdad en el trato a los niños desvinculados de grupos armados: aquellos reclutados por estructuras consideradas parte del conflicto armado acceden a un programa especializado con derecho a reparaciones, mientras que quienes fueron utilizados por grupos delictivos organizados —que no son reconocidos como parte del conflicto— pueden terminar procesados penalmente o remitidos a un programa genérico para víctimas de cualquier forma de abuso. Es decir, el mismo daño recibe un tratamiento estatal completamente distinto dependiendo de una clasificación jurídica sobre el victimario, no sobre la víctima.

El sistema de justicia, por su parte, ha sido casi inoperante frente a este fenómeno: en la última década, apenas el 1 % de las denuncias por reclutamiento ha derivado en una investigación penal, y solo el 0,2 % ha terminado en una condena —en su mayoría contra autores materiales, no contra los máximos responsables de estas estructuras.

El vacío que llenan las comunidades indígenas

Ante estas fallas estatales, son las organizaciones comunitarias locales, en particular las guardias indígenas, las que han asumido un papel central en la protección y rescate de niños y niñas frente a los grupos armados. Esa labor, según documenta el informe, los expone a riesgos graves: varios de sus integrantes han sido asesinados en represalia por estas acciones de protección.

Que comunidades sin recursos estatales suficientes terminen supliendo —a riesgo de sus propias vidas— una función que debería corresponder al Estado, es quizás el resumen más contundente de lo que este informe documenta.

La responsabilidad del nuevo gobierno

Human Rights Watch fue explícito en su llamado al gobierno entrante de Abelardo De La Espriella: adoptar una política integral de seguridad y justicia que enfrente estas violaciones de derechos humanos, garantizar que las instituciones responsables —especialmente a nivel municipal— cuenten con recursos y personal suficientes, y establecer una colaboración real con las organizaciones indígenas y otros liderazgos comunitarios que hoy sostienen, de forma precaria, buena parte de la protección efectiva de estos menores.

Como resumió Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, frenar el reclutamiento va a requerir mucho más que presencia militar en el territorio: los niños y niñas en riesgo necesitan oportunidades reales de educación y un proyecto de vida que las estructuras armadas no puedan igualar con sus promesas de dinero y poder.

El nuevo gobierno hereda, con este informe, no solo un diagnóstico técnico, sino una advertencia concreta: cada niño reclutado seguirá siendo, mientras no cambie esta realidad, una prueba pública de que el Estado no estuvo donde debía estar.