Hay historias de corrupción que se miden en contratos, adjudicaciones o sobrecostos. Y hay otras, más graves, que se miden en vidas: en operaciones filtradas, en tropas que caminan hacia una emboscada que alguien ya conocía, en estupefacientes y armas que se mueven con libertad porque el propio Ejército les avisó el camino. El caso del coronel Carlos Didier Pérez Amorocho pertenece a esta segunda categoría, y por eso merece más atención de la que suele darse a un capítulo judicial más.

Un patrón que se repite con dos guerrillas distintas

Según la Fiscalía General de la Nación, Pérez Amorocho no tuvo una sola relación irregular con un grupo armado, sino dos, separadas por seis años y por estructuras criminales completamente distintas. La primera, en 2020, con el Frente de Guerra Oriental del ELN, en la zona de Arauquita, Arauca, donde habría recibido 15 millones de pesos a cambio de reducir la ofensiva militar contra esa estructura. La segunda, ya en 2026, con el Bloque Alfonso Cano de la Segunda Marquetalia, mientras comandaba una unidad de despliegue rápido con jurisdicción en Nariño.

Que un mismo oficial aparezca vinculado a esquemas de corrupción con dos organizaciones armadas en momentos distintos de su carrera no es un detalle menor: sugiere no un episodio aislado de debilidad frente a una oferta puntual, sino una disposición sostenida a monetizar su cargo, sin importar qué estructura criminal estuviera del otro lado.

$30 millones semanales por seis meses

El capítulo más reciente es también el más cuantioso. Entre enero y junio de 2026, según la investigación, Pérez Amorocho habría recibido 30 millones de pesos semanales de la Segunda Marquetalia. Hacer la cuenta ayuda a dimensionar el caso: a lo largo de esos seis meses, la cifra ronda los 720 millones de pesos, un monto que revela algo más que un pago ocasional por un favor puntual. Es, en la práctica, un salario paralelo pagado por una organización armada ilegal a un oficial en servicio activo.

A cambio, según la Fiscalía, el coronel debía retardar u omitir actuaciones propias de su cargo como comandante, y mantener informada a la estructura sobre los movimientos de la Fuerza Pública. El objetivo de esas alertas no era abstracto: permitirle al grupo mover estupefacientes, armas, municiones y dinero con la tranquilidad de saber por dónde no se iba a topar con una patrulla.

Lo que está en juego más allá del proceso judicial

Es importante ser claros sobre el estado procesal del caso: se trata de señalamientos de la Fiscalía, con elementos materiales probatorios que aún deberán ser controvertidos en juicio, y Pérez Amorocho, capturado esta semana en el Cantón Norte, tiene derecho a presentar su defensa. La presunción de inocencia sigue vigente mientras el proceso avanza.

Pero incluso como señalamiento en investigación, el caso plantea una pregunta que trasciende al oficial mismo: ¿cuántas operaciones militares en Arauca y Nariño se vieron comprometidas por filtraciones como las que aquí se describen? ¿Cuántas capturas fallidas, cuántos cargamentos que «milagrosamente» lograron pasar, cuántas bajas de la Fuerza Pública en zonas donde el enemigo parecía anticiparse a cada movimiento, tienen detrás un origen tan simple como un pago semanal a la persona equivocada?

La Segunda Marquetalia, la estructura señalada en el capítulo más reciente, está vinculada según la propia Fiscalía a tráfico de estupefacientes, porte de armas de uso privativo y homicidios selectivos. Que un comandante con jurisdicción real sobre el territorio haya estado, presuntamente, del lado equivocado de esa ecuación no es solo un problema disciplinario: es una falla de seguridad nacional con consecuencias que probablemente nunca se podrán medir del todo.

La institucionalidad frente a sus propias grietas

El Ejército Nacional enfrenta, con este caso, un ejercicio incómodo pero necesario: reconocer que la corrupción armada no solo opera desde afuera de la institución, sino que a veces viste el mismo uniforme que se supone debe combatirla. La captura de Pérez Amorocho y la exposición pública de estos señalamientos son, en ese sentido, un paso correcto —la alternativa, el silencio institucional, sería mucho más peligrosa.

Lo que queda pendiente es que el proceso judicial establezca con claridad qué tanto de lo señalado se sostiene en juicio, y que ese ejercicio sirva para identificar si existen fallas estructurales en los controles internos que permitieron que un oficial sostuviera este tipo de esquema durante meses, en dos momentos distintos de su carrera, sin ser detectado a tiempo.