Una decena de contratos, un contrato vigente y una pregunta que Petro no respondió
octubre 26, 2026
Casinos, prostíbulos y retiros en efectivo: Así se deterioró Coosalud bajo la intervención del gobierno Petro
Una cooperativa fundada por familias humildes de Cartagena terminó, bajo administradores designados por el Gobierno, con pagos en un casino y un establecimiento para adultos, contratos cuestionados y una EPS que pasó de patrimonio positivo a un hueco de casi $4 billones. Los hallazgos, basados en documentos conocidos por la revista CAMBIO, apenas empiezan a salir a la luz.
El origen: de El Pozón al ranking mundial de cooperativas
Coosalud nació el 20 de junio de 1994, cuando 800 asociados del barrio El Pozón, en Cartagena, firmaron el acta de constitución frente a la Terminal de Transportes para conseguir atención médica para sus familias en situación de pobreza. Su primer presidente fue Aniano Cantillo, un profesor de clases particulares de matemáticas y física.
Tres décadas después, la organización se había convertido en un conglomerado. En 2017 separó su negocio de aseguramiento y lo trasladó a Coosalud EPS, de la que la cooperativa conservó la mayoría accionaria (94,49% en 2024). La aseguradora llegó a atender a más de 3 millones de afiliados, y la cooperativa reportaba activos por $236.319 millones. El World Cooperative Monitor de 2025 ubicó a Coosalud S. A. en el puesto 92 entre 300 grandes organizaciones cooperativas del mundo.
El grupo controlaba nueve sociedades: Inversa (inversiones), Soluinnova (administración de inmuebles), Portichelly (confección de uniformes), Alma Servicios (labores administrativas) y Eventravels (turismo), además de participaciones en IPS y clínicas del Caribe.
La intervención: 16 días entre la orden y la medida
El 6 de noviembre de 2024, durante la posesión de Giovanny Rubiano como superintendente de Salud, el presidente Gustavo Petro señaló públicamente a Coosalud en medio de una denuncia sobre una presunta red de EPS que estaría desviando recursos a paraísos fiscales. Según el relato, le dejó la tarea al nuevo funcionario: «En mi opinión debe ser intervenida, ya usted lo examinará».
Dieciséis días después, el 22 de noviembre, la Superintendencia Nacional de Salud intervino la EPS. Un mes más tarde, la Superintendencia de la Economía Solidaria asumió el control de la cooperativa. Con ello, los agentes designados pasaron a ejercer derechos de propietarios sobre todo el grupo, incluidas Portichelly y Soluinnova, donde —según los documentos— se registraron varias de las operaciones hoy cuestionadas.
Los pagos en el casino y el prostíbulo
De acuerdo con extractos bancarios conocidos por CAMBIO, el 23 de septiembre de 2025, con la cooperativa ya bajo intervención, una tarjeta corporativa de Inversiones Portichelly se usó para cuatro pagos por $5 millones en el Texas Luxury Casino, en el barrio El Bosque de Cartagena (dos de 1milloˊn,unode2 millones y otro de $1 millón).
Dos meses después, el 28 de noviembre, la misma cuenta registró dos pagos de $400.000 en El Paraíso del Marino, descrito en el informe de hallazgos como un establecimiento para adultos del barrio Vista Hermosa.
Los movimientos no se limitaron a esos sitios. Entre agosto y diciembre de 2025, de la cuenta de Portichelly salieron más de $56 millones en efectivo por cajeros. El caso más llamativo: un retiro de $14,6 millones el 25 de septiembre, apenas dos días después de los pagos en el casino.
En ese periodo, el interventor Andrés Felipe Arango Romero —designado por la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro Muñoz— administraba la cooperativa. Fue él quien nombró a Jhonathan Mauricio Ortiz como representante legal de Portichelly.
La conexión con ‘la Coco’
El 20 de agosto, CAMBIO había publicado la investigación ‘La Coco, una de las mariposas amarillas, y su cercanía con un billonario negocio de la salud’, sobre la presunta cercanía entre la superintendente María José Navarro y María Masip Zawady, señalada como integrante de las llamadas «mariposas amarillas», un grupo de mujeres cercanas al expresidente Petro. Según ese reporte, Arango Romero presentó una lista única para la junta de Coosalud Inversa en la que figuraban Ortiz (de Portichelly) y la periodista Martha Elena Zawady, prima de ‘la Coco’.
Contratos de obra y el mismo apellido en las dos puntas
En Soluinnova, entre abril y mayo de 2025 —bajo la administración de la interventora Solange del Socorro Ariza Guerrero—, se celebraron dos contratos de obra con Transsem. El detalle que llama la atención: Alejandro González Pérez, representante legal suplente de Soluinnova (la contratante), era a su vez representante legal de Transsem (la contratista). González Pérez, además, tenía otro contrato con Soluinnova como auxiliar jurídico por $3 millones mensuales.
Por esos contratos, Soluinnova registró anticipos por $399 millones: 299millonesportransferenciasy∗∗100 millones retirados en efectivo** el 7 de mayo de 2025. Según los hallazgos del empalme, no se han encontrado documentos que respalden la entrega de esos $100 millones a Transsem ni actas de avance o terminación de las obras.
En asesorías jurídicas, durante la intervención la cooperativa contrató a Alianza Gesa, WISS Consultoría Jurídica y Undejur por un total de $3.629 millones, las tres para funciones similares.
Embargos, deudas y el regreso a los asociados
El 26 de agosto de 2026, el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Cartagena ordenó devolver la administración de la cooperativa a sus asociados, al considerar que la Superintendencia no justificó suficientemente prolongar la intervención. El 31 de agosto, la Asamblea General designó a Jorge Luis Torrecilla Benavides para recibir la entidad.
La nueva administración encontró:
- 26 embargos judiciales por $16.272 millones.
- Diferencias por $7.479 millones entre saldos bancarios y registros contables, pendientes de aclaración.
- Deudas con la DIAN por $5.041 millones (cooperativa y cinco empresas vinculadas), parte de ellas de 2025 y 2026, bajo control de administradores designados por el Gobierno.
- Pagos por $1.450 millones en agosto de 2026 a empresas cuyos contratos no aparecieron.
- Gastos vigentes en honorarios y asesorías por al menos $594 millones mensuales.
La EPS: de 290.183 millones positivos a un hueco de 3,7 billones
El deterioro de Coosalud EPS —intervenida por separado— fue el golpe mayor. En octubre de 2024, un mes antes de la intervención, reportaba un patrimonio positivo de $290.183 millones. Un año después, el déficit patrimonial alcanzó los $3,7 billones (cerca de $4 billones).
El impacto llegó a los pacientes:
- Los reclamos por procedimientos quirúrgicos pasaron de 2.896 a 7.647 (un 164% más).
- Las tutelas por atención médica subieron 20% (de 16.845 en 2024 a 20.194 en 2025).
El dato que incomoda a la lógica de la medida: según un informe de la propia SuperSalud del 15 de enero de 2025, antes de la intervención Coosalud acumulaba 225 reclamos por cada 10.000 afiliados, frente a un promedio nacional de 322 —casi 30% menos que otras EPS—. Es decir, la entidad no estaba entre las peores cuando el Gobierno decidió intervenirla. El remedio, en este caso, parece haber resultado peor que la enfermedad.
Lo que viene
La administración que retomó el control apenas empieza a descubrir el contenido de esta caja de Pandora. Los hallazgos conocidos podrían derivar en acciones penales y civiles para establecer responsabilidades por el manejo de recursos de una cooperativa nacida de familias humildes de Cartagena —parte de los cuales, según los documentos, terminó gastándose en casinos y establecimientos nocturnos, lejos del propósito social que le dio origen.
