Hay imágenes que, una vez se conocen, es difícil que dejen de perseguir a quien aparece en ellas. Una senadora de la República, dentro de un pabellón de máxima seguridad, recibiendo un arma de fuego de manos de un capo del narcotráfico. Esa escena, capturada en videos que en su momento hizo públicos Noticias RCN, es el punto de partida de la investigación formal que la Corte Suprema de Justicia acaba de abrir contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta.

Lo que investiga la Corte

La Sala de Instrucción del alto tribunal citó a indagatoria a Zuleta por el presunto delito de abuso de función pública. El objetivo del proceso es determinar si la senadora excedió sus funciones y competencias cuando actuó como coordinadora del Gobierno Nacional en el Espacio de Conversación Sociojurídico con las Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, un rol formalizado mediante resoluciones de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Bajo esa condición, Zuleta ingresó a la cárcel La Picota, en Bogotá, el 10 de julio de 2025, acompañada de funcionarios de la Fiscalía. Fue en ese operativo donde se incautó un arma de fuego, a partir de información suministrada por Andrés Felipe Marín Silva, alias «Pipe Tuluá». La Corte ahora buscará establecer si esa participación se ajustó a la ley y a las funciones que el Gobierno le había delegado.

El contexto: un plan de asesinato dentro de la cárcel

El episodio no ocurrió en el vacío. El allanamiento de La Picota se desplegó luego de que las autoridades recibieran información sobre un presunto plan de asesinato que Pipe Tuluá estaría fraguando contra otro recluso, el disidente de las FARC conocido como alias «La Araña», designado como gestor de paz por el propio Gobierno.

Pipe Tuluá no era un delincuente cualquiera: con más de 20 años de trayectoria criminal, comenzó en el cartel del Norte del Valle, luego pasó a Los Rastrojos, y desde 2015 —ya recluido— construyó una estructura que se extendió a Popayán, Armenia y La Tebaida. El Inpec lo trasladó varias veces por la preocupación que generaban sus actividades desde prisión, y se le atribuye un plan pistola que dejó 14 guardianes asesinados. Con la llegada de la política de Paz Total, buscó beneficios judiciales a cambio de una promesa de paz, respaldado, según fuentes conocedoras del proceso, por bandas del Valle de Aburrá.

La defensa de Zuleta: un «gesto de paz»

Tras conocerse los videos del operativo, la participación de la senadora generó un doble cuestionamiento: si su investidura le permitía ese tipo de actuaciones, y si era apropiado que el Gobierno calificara la entrega del arma como un «gesto de paz».

Zuleta respondió a las críticas señalando que su presencia respondía a una obligación del Estado de proteger la vida de quienes le apuestan a la paz, y que acompañó el allanamiento como observadora, evitando así repetir errores de gobiernos anteriores en la protección de gestores de paz.

Un caso que parecía cerrado

El episodio tuvo, además, un capítulo internacional: en medio de este y otros escándalos, Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha contra las drogas e incluyó posteriormente a Petro en la Lista Clinton. Como parte de un esfuerzo por desescalar esas tensiones, el Gobierno accedió a extraditar a Pipe Tuluá, ya requerido por la justicia estadounidense.

Esa extradición, ocurrida hace ya varios meses, había llevado a pensar que el capítulo estaba cerrado. La apertura de esta investigación formal por parte de la Corte Suprema demuestra que no fue así: el componente judicial sobre la actuación de la propia senadora seguía pendiente.

Lo que viene

La indagatoria buscará esclarecer un punto que hasta ahora ha quedado en el terreno de las interpretaciones políticas: si una senadora de la República, actuando como delegada del Gobierno Nacional en un proceso de paz urbana, puede ingresar a un centro penitenciario en medio de un allanamiento judicial y participar de la manera en que lo hizo, sin que ello constituya un exceso de sus funciones constitucionales.

Zuleta enfrenta este proceso en medio de un año ya marcado por otros frentes judiciales relacionados con su papel en la política de paz urbana del Gobierno saliente. Será la Corte Suprema la que determine si, en este caso puntual, hubo abuso de la función pública o si su actuación se mantuvo dentro del margen que le permitía su rol como coordinadora gubernamental.