Pocas historias resumen tan bien las tensiones internas del petrismo como la de Gabriela Muñoz, la joven influencer y militante del Pacto Histórico que en cuestión de semanas pasó de ser una figura marginal en redes sociales a convertirse en el centro de un pulso que involucra a la Procuraduría, a varios medios de comunicación y, finalmente, al propio expresidente Gustavo Petro.

El expediente que no se puede ignorar

Lo primero que hay que decir es que el escándalo detrás de Muñoz no es una invención mediática: la Procuraduría General de la Nación abrió formalmente una indagación por presuntas irregularidades en la Aeronáutica Civil, entidad en la que —según las denuncias conocidas— la joven habría ejercido una influencia desproporcionada en nombramientos y decisiones de alto nivel, pese a no contar con la experiencia ni el cargo formal para hacerlo.

El punto más delicado del expediente es un contrato suscrito en enero de este año por cerca de 400 millones de pesos que, tras sucesivas modificaciones y adiciones, terminó valorado en cerca de 12.000 millones. La Procuraduría también investiga si Muñoz favoreció a su círculo familiar: además de su hermano Santiago, otros parientes habrían conseguido vínculos contractuales con la entidad en un patrón que las autoridades buscan esclarecer.

A esto se suma el descontento que se ha filtrado desde las propias bases del Pacto Histórico. Diversos sectores del movimiento han cuestionado en redes que se le entregue protagonismo y responsabilidades de comunicación política a una figura tan cuestionada, en momentos en que el partido necesita, más que nunca, mostrar coherencia con las banderas de transparencia que lo llevaron al poder. Esa crítica interna —matizada, es cierto, entre sectores que no siempre hablan con micrófono abierto— retrata una incomodidad real: la sensación de que premiar la cercanía personal por encima de la trayectoria técnica termina siendo, para muchos militantes, una contradicción difícil de digerir.

De la investigación a la defensa presidencial

Lo que ha cambiado en los últimos días es el tono del debate. Ya no se discute solamente si hubo o no irregularidades en la Aerocivil: ahora la conversación gira en torno a la seguridad personal de Muñoz, después de que la Unidad Nacional de Protección le retirara el esquema que le había sido asignado durante el gobierno anterior.

Petro reaccionó con una defensa contundente. Aseguró que Muñoz ha recibido amenazas de muerte provenientes de sectores universitarios y de las redes sociales, y calificó el retiro de su protección como una injusticia que deja expuesta, en sus palabras, a la militancia progresista frente a una campaña de odio que atribuye directamente a su sucesor, Abelardo de la Espriella. El expresidente fue más allá al anunciar instrucciones a sus abogados para emprender acciones judiciales contra quienes, a su juicio, contribuyen a exponer la vida de personas amenazadas —mencionando explícitamente a la dirección de la UNP y a medios de comunicación como Semana y Pulzo, a los que acusó de formar parte de lo que llamó una «red de mentira».

Muñoz, por su parte, respondió reivindicando su trayectoria familiar dentro del progresismo —heredada, según ella misma ha contado, de su abuelo militante del M-19 y de su madre, funcionaria de la administración de Bogotá durante la alcaldía de Petro— y rechazando que la discusión sobre su rol se centre en su imagen o en rumores sentimentales que tanto ella como el expresidente han negado de forma reiterada.

Los líderes que nunca tuvieron abogados de Petro

Y aquí aparece el contraste que más debería doler. Mientras Petro instruye a sus abogados para litigar por la seguridad de una sola persona y convierte el retiro de un esquema de protección en un asunto de Estado, Colombia sigue enterrando a líderes sociales y autoridades indígenas que jamás recibieron ese nivel de atención institucional.

El caso más reciente y doloroso ocurrió en Florida, Valle del Cauca, donde el gobernador del resguardo indígena Kwe’sx Yu Kiwe, Julián Gutiérrez, fue asesinado junto a otras dos personas después de haber denunciado amenazas contra él y su familia en un consejo de seguridad. La propia gobernadora del Valle del Cauca reconoció que se solicitó protección urgente a la UNP, pero la respuesta nunca llegó a tiempo, y calificó lo ocurrido como una crónica de una muerte anunciada. No es un caso aislado: departamentos como Cauca, Nariño y el propio Valle del Cauca concentran buena parte de los homicidios contra líderes comunitarios e indígenas del país, muchas veces en medio de largas esperas por una respuesta institucional que nunca alcanza a llegar.

Ninguno de esos líderes tuvo un expresidente denunciando en cadena nacional que los estaban dejando expuestos. Ninguno contó con el peso político necesario para que se hablara de «campaña de asesinato» o para que se anunciaran acciones judiciales contra quienes, supuestamente, contribuían a su exposición. Simplemente esperaron una respuesta de la UNP que, en demasiados casos, llegó demasiado tarde o no llegó nunca.

Eso no significa que las amenazas que denuncia Muñoz no merezcan atención institucional; toda amenaza real merece protección, sin excepción. Pero la desproporción entre la urgencia con la que se activa el aparato político y comunicacional del Estado para una figura cercana al poder, frente al silencio que ha rodeado durante años el asesinato sistemático de líderes sociales, es una de las contradicciones más incómodas —y más reveladoras— de este episodio.

El verdadero problema no es Muñoz, es lo que representa

Más allá de si las amenazas denunciadas son reales —algo que corresponde establecer a la Fiscalía— el caso deja una pregunta incómoda para el Pacto Histórico: ¿puede un movimiento que construyó su identidad sobre la promesa de transparencia y meritocracia blindar a una de sus figuras más señaladas simplemente porque cuestionarla se interpreta como un ataque externo?

Petro tiene razón en un punto: la exposición mediática de personas bajo amenaza real es un asunto serio que merece cuidado. Pero convertir cada cuestionamiento periodístico o cada crítica interna en parte de una conspiración orquestada por la oposición es un terreno resbaladizo, porque termina blindando no solo a la persona, sino también a las irregularidades que la rodean. Ese es, probablemente, el costo político más alto de este episodio: no el destino judicial de un contrato que pasó de 400 millones a 12.000 millones de pesos, sino la señal que envía un movimiento que parece dispuesto a cerrar filas antes de exigir explicaciones.