Hay denuncias que, aunque no cuenten todavía con una confirmación judicial, obligan a mirar con atención la frontera entre Colombia y Venezuela como un territorio donde la política, el crimen organizado y el poder estatal parecen entrelazarse cada vez con mayor naturalidad. La más reciente de ellas la expuso el periodista de investigación venezolano Casto Ocando, en entrevista con La FM: según su versión, Diosdado Cabello, uno de los hombres más poderosos del régimen venezolano, mantendría vínculos directos con Luz Amanda Pallares, alias «Silvana Guerrero», comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN.

Una finca, una frontera y una guerrillera protegida

De acuerdo con la investigación de Ocando, Guerrero habría encontrado refugio en la finca El Chaparral, un predio ubicado en el estado venezolano de Apure, muy cerca de la frontera con el departamento colombiano de Arauca. Según el periodista, esa propiedad habría sido expropiada años atrás por el propio Cabello, lo que explicaría por qué la cabecilla guerrillera puede operar allí con relativa tranquilidad, lejos del alcance de las autoridades colombianas, que mantienen vigente una recompensa de hasta 1.600 millones de pesos por información que permita su captura.

La ubicación no es casual: el estado Apure limita directamente con Arauca, territorio colombiano donde el ELN mantiene una presencia histórica y una actividad armada constante. Esa cercanía geográfica es, precisamente, uno de los elementos que la investigación periodística destaca como clave para entender la dinámica fronteriza que beneficiaría a la estructura armada.

Reuniones, corredores y tráfico de cocaína

Según Ocando, en esa misma zona se habrían producido encuentros directos entre Cabello y Guerrero, relacionados con la operación del ELN en la frontera y con la seguridad de los corredores utilizados para el tráfico de cocaína. El periodista sostuvo además que existirían informes de investigación que documentarían desplazamientos del propio Cabello hacia pistas clandestinas administradas por integrantes de esa guerrilla, vinculadas al traslado de cargamentos de droga.

De confirmarse, este patrón no sería menor: implicaría que un alto funcionario del Gobierno venezolano no solo toleraría la presencia de una estructura armada extranjera en su territorio, sino que además coordinaría directamente con ella la protección de rutas de narcotráfico, a cambio de algún tipo de beneficio para ambas partes.

Un antecedente que no es nuevo

Lo que hace más verosímil esta denuncia, aunque no la confirme, es que no se trata de una acusación aislada contra Cabello. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha documentado, a través de distintos expedientes judiciales, una relación histórica entre altos funcionarios venezolanos y estructuras de narcotráfico que, según esos registros, se remontaría hasta 1999. Cabello mismo ha sido señalado en años anteriores en procesos judiciales estadounidenses relacionados con narcotráfico, por lo que esta nueva denuncia se suma a un patrón de señalamientos que, aunque recurrente, sigue sin traducirse en una acción judicial concreta contra él.

Vale la pena recordar, además, que Silvana Guerrero no es una figura ajena a los espacios oficiales: según la propia investigación, habría participado en las negociaciones de paz que el gobierno colombiano adelantó con el ELN en Caracas, lo que significa que su presencia en territorio venezolano no sería un hecho clandestino aislado, sino parte de una dinámica más amplia en la que Venezuela ha fungido como sede de esos diálogos.

Lo que falta por confirmar

Es importante ser precisos sobre el estado actual de esta información. Se trata, hasta el momento, de una investigación periodística basada en fuentes de inteligencia y en el trabajo de un comunicador, no de una decisión judicial que haya establecido como probada la relación entre Cabello y la cúpula del ELN. Diosdado Cabello no se ha pronunciado públicamente sobre estos señalamientos, y no existe, por ahora, un pronunciamiento oficial de organismos de inteligencia colombianos o estadounidenses que confirme punto por punto la versión de Ocando.

Esa cautela no implica restarle relevancia al hallazgo. Por el contrario, confirma la necesidad de que organismos como el FBI y las agencias de inteligencia colombianas profundicen en estas pistas, en momentos en que la cooperación entre Bogotá y Washington en materia de seguridad fronteriza se ha intensificado notablemente.

Una pregunta que trasciende a un solo funcionario

Más allá de si finalmente se logra demostrar judicialmente la relación específica entre Cabello y Guerrero, esta denuncia reabre una pregunta estructural sobre la frontera colombo-venezolana: qué tan posible es desarticular estructuras armadas como el ELN mientras existan, del otro lado de la línea fronteriza, actores estatales dispuestos a ofrecerles protección, refugio y, presuntamente, beneficios económicos a cambio de tolerancia operativa. Mientras esa ecuación no cambie, cualquier estrategia de seguridad que se concentre únicamente en el lado colombiano de la frontera corre el riesgo de ser, en el mejor de los casos, incompleta.