Hay compras públicas que se explican solas y otras que dejan una pregunta tan simple que cuesta responderla: ¿por qué un equipo que costó casi 12.000 millones de pesos está parqueado y, según la entidad que lo compró, no puede operar? Esa es la pregunta que hoy rodea a la unidad móvil de radio y televisión que RTVC adquirió en diciembre de 2025, cuando Hollman Morris era su gerente. El actual Gobierno la presenta como un nuevo «elefante blanco». Morris lo niega. Entre una versión y otra hay un contrato, unas empresas con nombre propio y una investigación que apenas empieza.

Lo que denuncia RTVC

Según la denuncia de la entidad, la compra se hizo por $11.924 millones para tener un suministro integral de producción y cobertura de eventos institucionales. RTVC sostiene que la unidad no cuenta con una planta eléctrica propia y que, sin ese componente, no puede encenderse, prestar el servicio ni atender coberturas fuera de sus instalaciones. Agrega que los equipos de dotación (ocho cámaras tipo broadcast, una consola de sonido y un dron) cumplen apenas con las características mínimas pedidas y no están pensados para eventos de gran formato. La alerta de posible sobrecosto supera los $2.000 millones. Por ahora, la entidad presentó denuncias para buscar responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales, y se trata de determinar si hay detrimento patrimonial. Es una denuncia, no una decisión de ningún organismo de control.

Quién vendió

La denuncia de RTVC no nombra al vendedor, pero la Unidad Investigativa de El Tiempo lo estableció con documentos: la Unión Temporal Móvil RTVC, representada legalmente por Carlos Arbey Cuadros Morales. La integran dos empresas: Compañía Comercial Curacao de Colombia S.A., con el 60 %, y SEEL S.A., con el 40 %. Según actas societarias, Cuadros es dueño del 94,8 % de la primera. Los accionistas de SEEL, según un acta de 2018, son miembros de la familia Fernández, cada uno con el 20 %. Curacao registró activos en 2026 por $25.737 millones y ha tenido contratos con la JEP, la ART, Prosperidad Social, la Fiscalía, el Dapre y el Comando General de las Fuerzas Militares.

Conviene decir que tener contratos con varias entidades públicas no es una irregularidad ni indica nada por sí mismo. Es un dato de contexto, útil para saber a quién se le compra y con qué frecuencia, pero no una señal de que alguno de esos contratos haya sido irregular.

Lo que responden los señalados

El representante de la unión temporal dijo que presentaron su propuesta con base en un listado de equipamiento elaborado por la propia entidad, que no incluía una planta eléctrica externa. Sostuvo que el vehículo es la parte menor del valor, que la dotación tiene diseños de alto nivel y cámaras 4K, y que el precio debe incluir gastos administrativos y financieros, importaciones e impuestos. Pidió precisión a quienes hacen la denuncia.

Hollman Morris, por su parte, dijo que es «totalmente falso» que la unidad esté en desuso: afirmó que durante su administración se usó en tres eventos de gran magnitud, los juegos paralímpicos de Valledupar, las elecciones presidenciales y el concierto de la esperanza, y que la actual administración también la utilizó. Añadió que la falta de una planta eléctrica es una excusa, porque RTVC tiene otras tres plantas con las que funcionan sus otras tres unidades móviles, y que si hay sobrecosto, tendrá que demostrarse.

Dos versiones, una prueba pendiente

Aquí el lector debe separar dos preguntas. La primera es técnica: ¿se puede operar la unidad? Las dos versiones se contradicen de manera directa. RTVC dice que no y Morris dice que sí, y que ya se usó en tres eventos. Es un hecho verificable con registros de uso, bitácoras y la propia disponibilidad de otras plantas de energía, y no debería quedar en la palabra de unos u otros. La segunda es económica: ¿se pagó de más? Esa respuesta exige comparar el precio con el de equipos equivalentes, revisar los estudios previos y establecer si el listado que elaboró la entidad era razonable o si estaba incompleto. La defensa del vendedor, que dice haber cumplido el pliego tal como estaba, tiene fuerza precisamente por eso: si el faltante estaba en el listado y no en la propuesta, el problema podría estar en la planeación de la compra, no en la oferta, y la responsabilidad apuntaría a otro lado.

Lo que importa de este caso

Más allá de este contrato, el episodio ilustra un patrón que se repite en las revisiones de contratación que hace cada gobierno entrante: una compra grande, una denuncia de sobrecosto y una defensa técnica que apunta a otro eslabón de la cadena. Mientras no haya un peritaje independiente, lo único serio es esperar. La Contraloría y la Fiscalía tienen la tarea de decir si hubo detrimento, quién lo causó y si fue un error de planeación o algo peor. Hasta entonces, nadie debería condenar a Morris ni a los contratistas, y nadie debería dar por cerrada la discusión con una frase sobre plantas eléctricas. El país tiene derecho a una respuesta con papeles, y los $11.924 millones se pagaron con su plata.