Gustavo Petro tardó pocas horas en contestar la denuncia de Deicy Jiménez, y su respuesta dice mucho. Dos páginas de reflexiones sobre la sexualidad, la libertad, el amor y la política social, pero ni una línea sobre lo que realmente se le pregunta: quién es esa mujer, por qué sus contratos aparecen una y otra vez en entidades de su órbita y por qué personas de su círculo la reconocen.

Lo que dice la denunciante. Jiménez, de unos 26 años, dio la cara en una entrevista con Vicky Dávila en Semana. Cuenta que conoció a Petro en 2019, cuando era senador, a través de una página para adultos, y que luego él la ayudó a conseguir contratos a cambio de su silencio y su compañía. Dice que fue parte de una red de “30 o 40 mujeres” que recibían contratos estatales a cambio de acompañar al entonces mandatario a fiestas y reuniones.

Afirma que en esos encuentros había consumo de drogas, en particular cocaína, que según ella él llevaba o le pedía conseguir. Dice que Petro usaba perfiles falsos de Facebook para contactarla, y que esos mensajes son parte de lo que entregó a la revista.

Explicó por qué habla: “No estoy de acuerdo con el abuso de poder que hubo durante el gobierno de Gustavo Petro; usaba a mujeres jóvenes para sus beneficios propios, personales, a cambio de contratos”. Y sobre la naturaleza de esos vínculos, dijo que cuando las mujeres aceptan acompañarlo en sus fiestas o reuniones y a cambio reciben contratos, “es un abuso de poder, como un control que tiene para que no hablen”. También contó que se cansó de guardar silencio. Teme represalias y le pidió seguridad al presidente De la Espriella, que ya activó la ruta de protección.

Sobre el exministro del Interior Armando Benedetti, Jiménez dijo que nunca habló con él y que no cree que conociera la naturaleza de la relación.

Lo que consta y lo que no. Jiménez sí tuvo contratos con el Estado. Los registros públicos muestran al menos una decena entre 2021 y 2026 en el Congreso, la Superintendencia de Vigilancia, el Ministerio del Interior y el Dapre. Durante cuatro meses de 2025 tuvo dos contratos estatales al mismo tiempo. Y desde enero de este año tiene otro con el Mininterior por 30,4 millones de pesos, que sigue vigente. La Silla Vacía, con base en la Función Pública, ubica sus contratos desde 2023, y Semana publicó otros del Congreso de 2021 y 2022, así que los registros no coinciden en el punto de partida.

Pero la existencia de esos contratos no prueba, por sí sola, que fueran un pago. Y los chats que aportó son de perfiles con nombres como “Mihail Bukharin” o “Michel Foucault”: no vinculan directamente a Petro, y su atribución al expresidente depende solo del testimonio. El detalle que apunta hacia él es la mención de “Jesusita”, nombre que coincide con quien fue su asistente privada. Dávila dice tener más pruebas, pero las reservó para las autoridades.

El libreto de siempre. Petro respondió que “la operación viene del Gobierno de Abelardo De La Espriella y hay dinero de por medio”. Es la misma estrategia de cada escándalo de su gobierno: detrás de cada denuncia hay una conspiración. Lo dice sin pruebas. El expresidente que exigió pruebas a todos sus críticos hoy no presenta ninguna para sustentar su propia tesis.

Su comunicado tampoco responde a lo esencial. Dice que “jamás” entregó un contrato a cambio de relaciones sexuales y que “vomitaría sobre mí mismo” si lo hiciera. Pero la negación genérica no explica los chats, la mención de “Jesusita”, ni el hecho de que en el Palacio sí reconozcan a la joven como una persona cercana a Petro cuando era senador, por periodos cortos. Que alguien con quien se tuvo trato figure luego en la nómina estatal no es una pregunta menor: es un problema de transparencia.

El silencio de María José Pizarro. Hay un nombre que el comunicado de Petro no menciona, y que la denunciante sí. Jiménez dice que sus primeros contratos en el Senado fueron con la entonces senadora María José Pizarro, y que ella sabía que llegaba recomendada por Petro. Cuando Dávila le preguntó si Pizarro conocía esa condición, respondió: “Sí”.

Semana intentó comunicarse con la excongresista y no fue posible. Hasta ahora, Pizarro, quien le puso la banda presidencial a Petro en 2022, no ha dicho una palabra.

El detalle es incómodo por una razón política. Semana recuerda que, en la misma época en que Jiménez trabajaba en su oficina, Pizarro “investigaba” casos de violencia sexual en el Congreso. Es la bandera con la que el Pacto Histórico se presenta ante el país: la defensa de las mujeres frente al abuso de poder.

No se le atribuye ningún delito, porque no hay una sola prueba de que Pizarro supiera la naturaleza de lo que se denuncia. Lo que sí hay es una afirmación concreta de la denunciante, y eso exige una respuesta concreta: ¿conoció a Jiménez? ¿Quién la recomendó? ¿Cuántos contratos firmó y para qué funciones? ¿Supo, y desde cuándo, que llegaba por recomendación del entonces senador Petro? Callar solo alimenta las sospechas que ella misma tendría interés en despejar.

Un patrón que se acumula. Esta denuncia no llega sola. Llega después de las actas de FonIgualdad donde Juliana Guerrero, condenada por fraude procesal, aparece presidiendo juntas con dos cargos distintos. Después de un Ministerio de la Igualdad que ejecutó entre el 2 % y el 5 % mientras acumulaba cargos duplicados. Después de las acusaciones de la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez. Cada caso, por separado, tiene su propia explicación posible. Pero juntos describen un estilo de gobierno donde la cercanía personal pesaba más que el mérito y donde los contratos y los cargos se repartían por confianza, no por capacidad.

La autocrítica que falta. Cuando Iván Cepeda reconoce que la corrupción fue el más grave problema del Pacto, abre la puerta a la autocrítica. Pero esa puerta sirve de poco si nadie la cruza. El silencio de Pizarro es la primera prueba de si el Pacto está dispuesto a dar la cara.

Lo que viene. Las pruebas existen o no existen, y la Fiscalía y la Comisión de Acusación deberán decirlo. Pero la discusión política no puede esperar. Un expresidente que respondió con discursos a una denuncia concreta, y con una acusación de montaje a quienes la reportaron, deja en el aire la sensación de que no tiene nada que contestar. Y un movimiento que se dice defensor de los más débiles no puede mirar hacia otro lado cuando la denuncia viene de una joven pobre que dice haber sido usada.

El país merece que esto se resuelva con pruebas. Pero Petro debe algo más que un comunicado: debe explicaciones. Y Pizarro, una respuesta.