El presupuesto del gobierno de Gustavo Petro para 2025, anunciado recientemente por decreto, ha revelado una cruda realidad fiscal: la necesidad de un recorte de 12 billones de pesos. Este recorte es consecuencia directa del hundimiento de la reforma tributaria que pretendía ampliar las fuentes de financiamiento del gobierno. Sin embargo, lo que realmente resalta en este ajuste no es solo la falta de recursos, sino la clara preferencia del presidente por mantener una estructura burocrática cada vez más pesada, sacrificando en el camino programas cruciales para la reactivación económica y el bienestar de los ciudadanos.

La decisión de suspender los subsidios para la compra de vivienda, un programa clave para el sector de la construcción, es el primer gran efecto de este recorte. El Ministerio de Vivienda justificó la medida afirmando que el gobierno no tiene los recursos suficientes debido a la caída de la reforma tributaria. Este sacrificio parece ser una clara señal de que el presidente Petro prefiere recortar programas de inversión que podrían haber dinamizado la economía en 2025, antes que frenar el aumento desmedido de la burocracia que ha crecido de manera descontrolada durante su mandato.

Es cierto que el gobierno Petro ha tenido acceso a recursos históricos, impulsados por un buen crecimiento económico en 2023 y 2024, y por un recaudo récord gracias a la reforma tributaria del 2022. Sin embargo, en lugar de aprovechar estos recursos para fomentar una inversión pública estratégica que beneficie a la sociedad, el gobierno ha optado por aumentar de manera sustancial los gastos de funcionamiento, especialmente en el área de la nómina pública. De hecho, según los datos del Ministerio de Hacienda, en 2024 los pagos de nómina aumentaron un 14%, mientras que los pagos de inversión cayeron en un 13%. Esta disparidad refleja una clara falta de prioridad por la inversión pública en proyectos estructurales que realmente impulsen el crecimiento económico a largo plazo.

El aumento en los gastos de nómina no se limita únicamente a las entidades nacionales, sino que también se refleja en una expansión significativa de la burocracia. Entre 2022 y 2023, diez ministerios incrementaron sus gastos operativos en más del 15%, destacando los casos de los ministerios de Hacienda, Minas, Cultura y Transporte, que registraron aumentos de hasta el 150%. Este aumento en la burocracia pública tiene un efecto negativo a largo plazo, ya que representa un gasto inflexible y difícil de recortar, a diferencia de los gastos de inversión, que se distribuyen en proyectos que pueden generar un retorno económico directo.

La creación de nuevas entidades y cargos, como los 116 nuevos puestos aprobados en la Cancillería y el aumento de la planta de personal en la Procuraduría, son claros ejemplos de cómo el gobierno de Petro ha preferido ampliar el aparato estatal en lugar de priorizar inversiones estratégicas. Este crecimiento de la burocracia se vuelve especialmente problemático en un contexto fiscal complejo, ya que estas nuevas contrataciones generan un gasto recurrente que es difícil de eliminar sin causar un impacto directo en la operación del gobierno.

La pregunta crítica que surge aquí es: ¿por qué el gobierno está dispuesto a sacrificar sectores claves como la vivienda, la cultura y la salud, antes que revisar sus propios gastos en personal? La respuesta parece radicar en una cuestión política: el fortalecimiento de una estructura burocrática que le permita al presidente Petro consolidar su poder político y clientelismo. Los recortes al presupuesto de inversión, que han afectado a entidades clave como la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio de Cultura, reflejan la falta de un plan de reactivación económica sólido y la ausencia de una estrategia clara para enfrentar la difícil situación fiscal que atraviesa el país.

El gobierno Petro se enfrenta a una encrucijada económica. Si bien la austeridad es necesaria para manejar un presupuesto desfinanciado, no puede recaer únicamente sobre los sectores productivos y de inversión. El sacrificio de programas que podrían haber dinamizado la economía en 2025 y generar empleo y crecimiento en sectores estratégicos no puede ser justificado por la defensa de una burocracia inflada que solo incrementa los costos del Estado sin generar valor tangible para la sociedad.

Es imperativo que el gobierno de Petro reevalúe sus prioridades y trace una hoja de ruta que no solo contemple el recorte de los subsidios y programas de inversión, sino también una reforma profunda de su estructura administrativa. Si se continúa por este camino de sacrificios desequilibrados, la capacidad del país para crecer y generar bienestar en el futuro estará comprometida. La reactivación económica de Colombia no puede depender únicamente de un gasto burocrático creciente, sino de una visión clara que apueste por la inversión, la infraestructura y el fortalecimiento de los sectores productivos. De lo contrario, el país seguirá atrapado en un ciclo de recortes que afectará a los más vulnerables, mientras el aparato estatal sigue creciendo sin rumbo claro.