A pesar de que la ciudad de Cali acoge la COP 16, la cumbre ambiental más importante del planeta, la situación en el Cañón del Micay es alarmante. La Fuerza Pública ha documentado de manera sistemática el daño ambiental significativo que se está causando a esta vital fuente hídrica, que abastece a comunidades como San Juan de Mechengue, El Plateado, La Emboscada y La Honduras, entre otras.

Imágenes y videos captados por tecnología avanzada evidencian la grave situación. La actividad ilegal, que involucra el uso indiscriminado de maquinaria pesada, como dragas y motores, junto con la aplicación de productos químicos altamente tóxicos como mercurio y cianuro, está transformando el río Micay. «La maquinaria amarilla, que engañan mediáticamente diciendo que es para carreteras, ha desviado el cauce natural del río y ha convertido el agua cristalina en una sustancia oscura y estancada, aniquilando la vida animal y vegetal que depende de ella», denuncia el Ejército.

El impacto de estas actividades es devastador. En varias zonas del Cañón se han formado «piscinas» de agua de colores extraños, resultado del uso de químicos, lo que representa un grave riesgo tanto para la salud de la población civil como para la flora y fauna local. Esta situación afecta a más de 16,000 personas que habitan en los municipios de Argelia, El Tambo y López de Micay.

Además, las disidencias de las Farc, bajo el liderazgo de alias Iván Mordisco, han estado utilizando tácticas para eludir la acción judicial y militar. Están instrumentalizando a la población civil, presionando a los habitantes para que informen sobre la llegada de tropas y ocultando sus actividades ilegales. Estas acciones buscan recuperar el control sobre las rentas ilegales que han perdido, y han llevado a algunas comunidades a protestar contra la presencia de la Fuerza Pública en la región.

La situación se agrava con la ubicación de maquinaria en las carreteras cercanas al cauce del río, dando la apariencia de legalidad al argumentar que se realizan trabajos de mantenimiento. Sin embargo, este es un engaño utilizado por los grupos armados para justificar su presencia y continuar con la depredación de las fuentes hídricas.

La magnitud del daño ambiental ya supera las 100 hectáreas a lo largo del cauce del río Micay, una afectación que podría tardar años en ser reparada. La Fuerza Pública estima que estas actividades ilegales generan entre 8,000 y 10,000 gramos de oro mensualmente, lo que representa ganancias criminales de aproximadamente 7,000 millones de pesos para la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc, que se encuentran en abierta confrontación con las autoridades.

La situación en el Cañón del Micay no solo representa una crisis ambiental, sino también un desafío social y de seguridad para las comunidades afectadas y la Fuerza Pública en su lucha contra la criminalidad organizada. Las autoridades hacen un llamado a la población y a las organizaciones internacionales para visibilizar este grave problema que amenaza la biodiversidad y la vida en la región.