La tensión entre el presidente Gustavo Petro y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se mantiene en aumento en medio de la crisis de seguridad que afecta a la región. Los enfrentamientos públicos se han intensificado tras recientes atentados, incluyendo uno en Cali atribuido al ELN que dejó dos policías muertos.

Declaraciones de la gobernadora

Toro ha denunciado que la paz total ha sido un fracaso, afirmando que “la seguridad la estamos asumiendo solos en las regiones”. Además, criticó al jefe de Estado por sus “palabras calumniosas” y reclamó su presencia directa en el territorio para atender los atentados y problemas de control territorial.

La mandataria regional también destacó los avances del Valle del Cauca en seguridad y desarrollo: “Aquí seguimos firmes entregando drones, apoyando las capacidades logísticas para la defensa del territorio, invirtiendo en seguridad y siendo el departamento que más ha reducido la pobreza multidimensional, disminuyendo en un 60 % en los últimos 10 años de trabajo”.

Respuesta del presidente Petro

Por su parte, Petro ha señalado que existe una red de contrabandistas operando en el Valle del Cauca, vinculada a la zona franca de Palmaseca, el aeropuerto de Cali y el puerto de Buenaventura. Según el mandatario, esta red habría comprado funcionarios y amenazado a investigadores de la DIAN, generando riesgos para la seguridad pública y el control aduanero.

El presidente también defendió la presencia de miles de hombres del Ejército en la región, indicando que decenas de ellos han perdido la vida “al servicio del pueblo” en el enfrentamiento con narcotraficantes armados.

Contexto de los enfrentamientos

Los choques entre Petro y mandatarios regionales no son exclusivos del Valle del Cauca. Durante el año, el presidente también ha tenido desencuentros con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, principalmente por temas de seguridad y control territorial.

Conclusión

El intercambio de acusaciones y denuncias entre el Gobierno nacional y la Gobernación del Valle del Cauca pone en evidencia la fragilidad de la seguridad regional y la necesidad de una coordinación más efectiva entre autoridades nacionales y locales para enfrentar el crimen organizado y la violencia en la región.