El colapso del sistema de salud en Colombia no es un hecho fortuito ni una crisis inesperada. Es el resultado de una estrategia política que ha llevado al sistema a un punto de no retorno, afectando directamente a millones de colombianos. Mientras las imágenes de pacientes esperando tratamientos, farmacias sin medicamentos y hospitales desbordados inundan los medios, el Gobierno de Gustavo Petro insiste en negar la realidad y atribuir el desastre a una conspiración de las EPS y el sector privado.

La debacle del sistema se ha gestado de manera metódica. Desde el comienzo de su mandato, Petro dejó claro su objetivo: acabar con las EPS y estatizar la salud. No necesitaba una reforma para hacerlo, solo dejar que las piezas cayeran solas, como él mismo lo expresó con su famoso «chu chu chu». La asfixia financiera, el retraso en los pagos y la intervención masiva de EPS han generado un efecto dominó que hoy nos tiene al borde de una calamidad pública.

El ahogo financiero y la crisis de medicamentos

El sistema de salud opera con recursos que, en su mayoría, provienen del Estado. Sin embargo, las EPS han denunciado que los giros de dinero no han sido suficientes para cubrir los costos operacionales. La Unidad de Pago por Capitación (UPC), que define los montos que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado, fue establecida en valores insuficientes. Mientras el sector advertía que se necesitaba un aumento del 16,9 %, el Gobierno fijó un incremento de apenas 5,36 %, generando un déficit insostenible.

El resultado es evidente: deudas impagas a clínicas, hospitales y proveedores de medicamentos, lo que ha desembocado en la escasez de insumos esenciales. No es que los medicamentos no existan, sino que las empresas que los distribuyen no pueden seguir haciéndolo sin garantías de pago. La deuda con los gestores farmacéuticos ya supera los 4,4 billones de pesos, llevando a una crisis peor que la vivida durante la pandemia de COVID-19.

Intervención y estatización: La jugada del Gobierno

El Gobierno de Petro ha intervenido una tras otra las EPS que considera inviables, consolidando en sus manos el control de la salud. Hoy, el 62,5 % de los colombianos están afiliados a una EPS intervenida por el Estado. Pero lejos de mejorar la atención, la situación se ha agravado: las pérdidas se han multiplicado y los servicios se han deteriorado. La Nueva EPS, ahora manejada en su mayoría por el Gobierno, es el reflejo del fracaso de la estatización: deudas impagables, falta de medicamentos y hospitales que ya no aceptan sus pacientes por falta de pago.

El mensaje es claro: si la intervención gubernamental es la solución, ¿por qué el sistema sigue en caída libre? La respuesta es simple: no hay una estrategia real de recuperación. La narrativa del Ejecutivo se centra en culpar a terceros, ignorando su responsabilidad en el desastre que ha causado.

El costo de la negligencia: vidas en riesgo

Más allá de las cifras y los debates políticos, la consecuencia más grave de esta crisis es la pérdida de vidas humanas. La falta de acceso a medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas, la cancelación de procedimientos quirúrgicos y el cierre de unidades de neonatología y pediatría en varios hospitales son solo algunos ejemplos del impacto real de esta tragedia. Hoy, miles de pacientes mueren no por la gravedad de sus enfermedades, sino por la imposibilidad de recibir atención oportuna.

El Gobierno insiste en que no hay crisis, que todo es parte de un complot del sector privado para sabotear su administración. Sin embargo, las cifras y los testimonios de pacientes y profesionales de la salud cuentan una historia diferente. Lo que estamos viviendo es una crisis humanitaria, agravada por la indiferencia de quienes tienen el poder de solucionarla pero prefieren jugar a la confrontación política.

La pregunta que queda es: ¿cuántas vidas más deben perderse antes de que el Gobierno acepte la realidad y actúe con responsabilidad? El «chu chu chu» de Petro no es un juego de dominó, es una sentencia de muerte para miles de colombianos.