El presidente Gustavo Petro volvió a estar en el centro de la polémica tras una serie de declaraciones en las que lanzó duros calificativos contra varias mujeres del escenario político colombiano, en medio de la discusión por el accidente del avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) en Putumayo.

Las reacciones del mandatario se produjeron luego de que figuras como la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la senadora María Fernanda Cabal cuestionaran al Gobierno por el estado de las aeronaves militares. En respuesta, Petro utilizó expresiones como “animal de carroña” para referirse a López y “mujer vampira” en alusión a Cabal, además de calificar a la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez como “princesa de la oligarquía”.

Las declaraciones generaron críticas desde distintos sectores, no solo por el tono confrontativo del jefe de Estado, sino también por el uso de expresiones que, según analistas y organizaciones, podrían interpretarse como ataques con connotaciones de género en un contexto de alta sensibilidad política.

El episodio ocurre en paralelo a un momento clave en el país: la Procuraduría General de la Nación acaba de emitir la Directiva 004, una hoja de ruta que busca prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres de cara a las elecciones de 2026.

La medida, impulsada por el procurador Gregorio Eljach, establece lineamientos para que más de 10.000 funcionarios del Ministerio Público identifiquen, prevengan y actúen frente a este tipo de conductas. Además, crea nuevos canales de denuncia y ordena el registro de los casos en la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel).

La directiva se suma a la reciente Ley 2453 de 2025, que endurece las sanciones contra quienes incurran en violencia política basada en género, un fenómeno que históricamente ha afectado la participación de mujeres en cargos públicos y procesos electorales.

Para expertos, la coincidencia entre ambos hechos —los pronunciamientos del presidente y la nueva directriz institucional— evidencia la tensión existente entre el discurso político y los esfuerzos por garantizar condiciones equitativas en la participación femenina.

Mientras tanto, el debate sigue abierto: ¿dónde está la línea entre la confrontación política y la violencia simbólica contra las mujeres en el poder? Una discusión que, a poco más de un año de las elecciones, promete intensificarse.