El informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela un panorama preocupante para Colombia en 2023. El área sembrada con coca ha aumentado un 10%, alcanzando 253.000 hectáreas, con una producción potencial de 2.664 toneladas métricas de cocaína. Este incremento de 23.000 hectáreas no solo refleja un desalentador avance en la lucha contra el narcotráfico, sino que también evidencia la complejidad del fenómeno en el país.

Es alarmante que 16 de los 19 departamentos con presencia de coca hayan mostrado un crecimiento en los cultivos, siendo Cauca y Nariño los más afectados. Estos territorios se han convertido en focos de producción, donde las condiciones socioeconómicas, la falta de alternativas viables y la presencia de grupos armados han hecho que las comunidades se vean empujadas a optar por cultivos ilícitos. En este sentido, la situación no solo es un problema de oferta, sino también de demanda, de pobreza y de exclusión.

El informe también señala que el 48% del área sembrada con coca se encuentra en zonas de manejo especial, incluidos Parques Nacionales y Resguardos Indígenas. Esto plantea un dilema moral y práctico: la protección de la biodiversidad y los derechos de las comunidades indígenas frente a la necesidad de erradicar un cultivo que alimenta la violencia y la criminalidad. La geografía de la coca se presenta como una red intrincada, donde las zonas de concentración se encuentran en la misma proporción de territorio, lo que indica un modelo productivo más industrializado y con altos rendimientos.

El dato de que 10.500 hectáreas de coca están a menos de 42 km de un centro metropolitano de mercado resalta la conexión directa entre la producción rural y el consumo urbano, lo que convierte el problema en un fenómeno social que trasciende las fronteras del campo. La creciente proximidad de los cultivos a centros poblados, que pasó de 189.000 a 209.000 hectáreas en solo un año, es un llamado de atención para las autoridades: la lucha contra el narcotráfico no puede limitarse a erradicar cultivos, sino que debe incluir un enfoque integral que contemple desarrollo económico y social.

Frente a este escenario, el gobierno colombiano ha puesto en marcha la Estrategia de Misiones Territoriales y ha comprometido recursos significativos para el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que se espera beneficie a más de 80.000 familias. Sin embargo, la efectividad de estas iniciativas dependerá de su capacidad para ofrecer alternativas sostenibles y viables a las comunidades que actualmente dependen de la coca para subsistir.

La lucha contra el narcotráfico es, por tanto, una batalla multidimensional que requiere el compromiso conjunto de las autoridades, la sociedad civil y la comunidad internacional. Es fundamental que se adopten enfoques inclusivos que reconozcan la complejidad del problema y busquen soluciones que vayan más allá de la simple erradicación. Solo así se podrá romper el ciclo de violencia y pobreza que ha mantenido a Colombia atrapada en el narcotráfico.