La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló en exclusiva nuevos hallazgos obtenidos de los computadores incautados a alias Calarcá y a sus hombres, líderes de una de las disidencias más violentas del país. Los archivos muestran que, mientras el Gobierno avanzaba en negociaciones dentro de la política de “Paz Total”, este grupo criminal seguía asesinando, reclutando menores y fortaleciendo su poder militar en varias regiones de Colombia.

Asesinatos durante el cese al fuego

Entre los hallazgos más graves se encuentra la conversación que demuestra cómo alias Calarcá, en pleno cese al fuego, ordenó el asesinato de Juan Gabriel Hurtado Bentancourt, firmante del Acuerdo de Paz de 2016.
En chats revelados, el jefe criminal responde al reporte de su sicario, alias Chala, con una instrucción tajante:
“Maten a ese tipo y lo dejan por ahí que lo recojan.”

En los dispositivos se encontraron fotos de la víctima amarrada antes de ser asesinada y de su cuerpo posteriormente, evidencia que confirma la ejecución extrajudicial. Tras el crimen, la Asociación de Firmantes del Acuerdo de Paz alertó sobre el avance de un “genocidio” contra quienes apostaron por la dejación de armas: 482 asesinados, 1 secuestrado y 54 desaparecidos desde 2017.

Reclutamiento forzado de menores

Pese a haberse comprometido en 2023 a no reclutar menores, las conversaciones halladas prueban lo contrario.
Un chat entre alias Mueco y Calarcá revela el ingreso de dos nuevos reclutas, entre ellos una niña de solo 14 años, identificada plenamente con nombres y datos familiares. La Defensoría del Pueblo confirmó que esta práctica nunca cesó y que no hubo mecanismos efectivos de monitoreo.

Fortalecimiento militar durante la negociación

Los archivos también muestran cómo las disidencias aprovecharon los ceses bilaterales para expandirse territorial y militarmente.
Chats entre “Calarcá” y “Richard Catatumbo” detallan la compra de armamento sofisticado: rifles Dragunov, fusiles Tavor y granadas para fusil, además del traslado de arsenales entre regiones.

Según la Fundación CORE, su presencia creció de 66 municipios en 2022 a 110 en 2024, y su pie de fuerza pasó de 1.400 a 2.800 combatientes. Lo que significa un fortalecimiento del 100% en solo tres años, aun mientras sostenían conversaciones de paz.

Controversia por suspensión de capturas

Los hallazgos reavivan el debate por la suspensión de órdenes de captura concedida por el Gobierno a alias Calarcá tras ser nombrado negociador.
Semanas después, la caravana en la que se movilizaba fue detenida con armas, dinero y un menor reclutado. Aun así, por orden de la Fiscalía fueron dejados en libertad, generando cuestionamientos de la Defensoría del Pueblo sobre posibles abusos de esa figura jurídica.

Un proceso de paz desconectado de la realidad territorial

Voces expertas señalan que mientras en la mesa se habla de paz, en los territorios la violencia persiste.
Kayle Johnson, director de investigaciones de CORE, advirtió que el grupo usa la negociación para expandir su control y que el Gobierno debe establecer “líneas rojas” claras, especialmente por los ataques contra excombatientes y comunidades.

María Victoria Llorente, de la Fundación Ideas para la Paz, añadió que si un negociador continúa delinquiendo, compromete la legitimidad del proceso y afecta directamente la credibilidad del Estado.

Un panorama alarmante

Las nuevas revelaciones de los archivos de alias Calarcá muestran que, lejos de desescalar la violencia, las disidencias han utilizado la “Paz Total” para consolidar su poder, reclutar menores, asesinar firmantes de paz y expandir sus economías ilegales.

Mientras el Gobierno insiste en avanzar en una negociación, los territorios viven una realidad completamente distinta: el único beneficiado hasta ahora es alias Calarcá y su estructura criminal.