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Democracia bajo ataque: planes para asesinar mandatarios locales sacuden al país
El poder bajo amenaza: la peligrosa arremetida criminal contra los alcaldes y gobernadores de Colombia
La política en Colombia nunca ha sido un terreno exento de riesgos. Pero hoy, a meses de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, el panorama se oscurece aún más: mandatarios locales enfrentan una de las ofensivas más peligrosas de los últimos años. La revelación de que el Tren del Llano, un grupo criminal venezolano aliado del Tren de Aragua, llegó al país con la misión de asesinar alcaldes y gobernadores, destapa la crudeza de la violencia que amenaza directamente la democracia.
No se trata solo de intimidación. Según informes de inteligencia, este grupo ofrece “servicios de sicariato de alto nivel” por 10.000 dólares, incluyendo la eliminación de mandatarios regionales. Sus vínculos con estructuras como La Terraza y El Mesa —hoy interlocutores del Gobierno Petro en procesos de paz urbana— muestran la compleja red de alianzas donde el crimen organizado avanza más rápido que el Estado.
A la amenaza del Tren del Llano se suman las disidencias de las FARC, que habrían ordenado atentados contra líderes visibles como Alejandro Eder (Cali), Dilian Francisca Toro (Valle del Cauca), Andrés Julián Rendón (Antioquia) y Federico Gutiérrez (Medellín). Todos, con posiciones críticas frente al narcotráfico y al modelo de paz total, se han convertido en blanco de ataques que van desde drones cargados de explosivos hasta sicarios al servicio de estructuras locales.
El Clan del Golfo, con su poder militar y económico, también intimida a los mandatarios. En departamentos como Caquetá, la extorsión es el pan de cada día: cuotas entre 100 y 250 millones de pesos anuales son exigidas a alcaldes como “peaje” para poder gobernar. En palabras del gobernador Luis Francisco Ruiz: “Muchos alcaldes, por no decir que todos, tienen que pagar a las disidencias para poder ejercer”.
El resultado es un panorama de zozobra y debilidad institucional: 80 % de los mandatarios locales tiene algún esquema de protección, pero la desconfianza hacia la Unidad Nacional de Protección (UNP) —acusada de infiltrar excombatientes de las FARC en los equipos de seguridad— ha obligado a que la Policía Dipro cargue con la mayor responsabilidad.
¿Qué está en juego?
La democracia regional. No es menor que hoy se hable de alcaldes y gobernadores que gobiernan “secuestrados” por cuotas criminales, o que sobreviven entre amenazas de drones explosivos y sicarios. La desconexión entre el Gobierno central y los territorios ha dejado un vacío de poder que bandas ilegales están ocupando con rapidez y sin resistencia suficiente.
El caso del Tren del Llano es apenas un síntoma. La amenaza no solo proviene de grupos extranjeros: en el fondo, la violencia contra los mandatarios locales refleja la incapacidad del Estado de garantizar el ejercicio libre y seguro del poder político en Colombia. Sin seguridad para los gobernantes, la democracia queda en entredicho.
La gran pregunta es: ¿puede el Gobierno Petro garantizar elecciones libres y seguras en 2026 cuando los alcaldes y gobernadores hoy gobiernan bajo la mira de fusiles y la presión de mafias?
El tiempo corre, y con cada atentado frustrado, Colombia confirma que la paz total se escribe con sangre.
