La tensión vuelve a sentirse en los alrededores de la Universidad del Valle. Este viernes, las autoridades activaron un plan de contingencia ante la salida de manifestantes del campus de Meléndez, una escena que se ha vuelto recurrente en el sur de Cali durante las últimas semanas. Aunque hasta el momento los corredores viales permanecen habilitados, Policía y agentes de tránsito permanecen en alerta por posibles bloqueos o disturbios.

El ambiente dentro y fuera del alma mater es complejo. A las preocupaciones por el orden público se suman las denuncias de la propia institución sobre amenazas, presencia de encapuchados y la constante sospecha de que actores ajenos estarían infiltrando las protestas con fines violentos.

Durante una sesión del Concejo de Cali, el jefe de Planeación de Univalle, Luis Carlos Castillo, reconoció que la universidad atraviesa una situación delicada. “Estamos inmersos en un conflicto que refleja el que vive la sociedad colombiana. La Universidad del Valle ha sido víctima de ese conflicto”, aseguró el funcionario, al tiempo que explicó que se han implementado medidas de seguridad como cámaras, controles de acceso y monitoreo perimetral.

Sin embargo, Castillo también fue enfático en que la institución no tiene funciones policiales. “Nosotros somos estudiantes, profesores, empleados y trabajadores víctimas de un conflicto. Cuando los hechos de violencia ocurren fuera del campus, ya corresponde a la Fuerza Pública actuar”, añadió.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, condenó los actos violentos protagonizados por encapuchados y anunció una recompensa de 30 millones de pesos por información que permita identificarlos. “No vamos a permitir que el terrorismo urbano siga afectando a los caleños. Cali se respeta”, afirmó el mandatario.

Pero las versiones sobre lo que realmente ocurre dentro de Univalle van más allá. El senador Carlos Abraham Jiménez, de Cambio Radical, aseguró en una entrevista con El País que detrás de los disturbios podrían existir intereses criminales. Según él, “los desmanes no son casuales: hacen parte de una estrategia del narcotráfico para distraer a la fuerza pública y mantener libres los corredores del Pacífico”.

Jiménez incluso sostuvo que redes de microtráfico estarían financiando a los grupos que alteran el orden. “Cada semana se repiten los mismos días de disturbios. Eso coincide con los movimientos de droga hacia la ciudad”, advirtió.

Mientras tanto, la comunidad universitaria vive con preocupación el estigma que deja esta situación. Profesores y estudiantes aseguran sentirse entre dos fuegos: de un lado, las amenazas de actores desconocidos; del otro, la desconfianza ciudadana que asocia las protestas con vandalismo.

Lo cierto es que la Universidad del Valle enfrenta uno de sus momentos más tensos de los últimos años. Entre el reclamo por su autonomía y la exigencia de control, el debate sigue abierto: ¿cómo proteger la libertad universitaria sin permitir que la violencia la tome por rehén?