La descertificación de Colombia por parte de Estados Unidos en la lucha contra las drogas, anunciada por Donald Trump y respaldada por el secretario de Estado Marco Rubio, marca un punto de inflexión en la relación bilateral. Se trata de la primera vez en más de dos décadas que Washington retira su aval a un socio estratégico en esta materia, lo que supone no solo un golpe diplomático sino también económico, pues están en riesgo cerca de 380 millones de dólares anuales en cooperación antidrogas.

La narrativa desde la Casa Blanca es clara: bajo el gobierno de Gustavo Petro, la producción de cocaína alcanzó “récords históricos” y sus intentos de negociar con grupos armados han “exacerbado la crisis”. Rubio, incluso, fue más lejos: calificó al presidente colombiano como un líder “errático” y “mal aliado” en la lucha contra el narcotráfico.

Sin embargo, la reacción de Petro fue inmediata y desafiante. Desde su cuenta de X, el mandatario no solo defendió su trayectoria personal en la lucha contra el paramilitarismo, sino que lanzó un dardo directo contra el poder político estadounidense:

“No calculé que quedara en manos de amigos de los políticos aliados con el paramilitarismo”.

Además, invirtió el señalamiento: para Petro, quien realmente debería estar “descertificado” es Estados Unidos, por no haber reducido su consumo interno de cocaína y fentanilo, lo que él considera la causa estructural del narcotráfico.

Más allá del cruce de declaraciones, este episodio refleja la fragilidad de la relación colombo-estadounidense en la era Petro. El gobierno demócrata de Joe Biden había intentado mantener puentes, pero la intervención directa de Trump y Rubio —figuras con amplio eco en la política estadounidense— revela que Colombia se ha convertido nuevamente en tema de disputa electoral en EE. UU., donde la narrativa de “aliados o enemigos en la guerra contra las drogas” sigue pesando.

El desafío para Petro es doble: sostener su discurso de soberanía nacional y cambio en la política antidrogas, sin poner en riesgo la cooperación internacional y la estabilidad económica que depende de esos recursos. Para la oposición, la descertificación se convierte en munición política contra un presidente que prometió transformar la lucha antidrogas, pero que hoy enfrenta críticas tanto dentro como fuera del país.

En este pulso, la pregunta de fondo es si Colombia puede redefinir su relación con Estados Unidos desde la autonomía, o si terminará atrapada entre las exigencias de Washington y las expectativas de un cambio que aún no se traduce en resultados tangibles.