En la política colombiana, la «eficiencia» suele ser una virtud escasa, a menos que se trate de asegurar un contrato multimillonario antes de que cambie el jefe. Lo ocurrido en las entrañas del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) entre mayo y junio de 2025 no fue gestión pública; fue una coreografía de precisión quirúrgica para entregar 33 mil millones de pesos a una red que hoy la Fiscalía General de la Nación califica como un «contratadero» de la corrupción: Aremca.

La anatomía de este escándalo revela cómo el discurso de la transparencia se estrella contra la realidad de los expedientes. Mientras el entonces director de Planeación Nacional, Alexander López, denunciaba públicamente a Aremca como parte de una red que succionaba regalías, en el DPS —entidad que acababa de dejar Gustavo Bolívar— hacían oídos sordos y preparaban el terreno para beneficiar a esa misma asociación.

Los nombres del «Acelerador»

El montaje de este negocio tiene rostros claros. Jeraldin Vera Ortiz, exconcejal del Cesar y cercana al círculo de Bolívar, fue la arquitecta desde la Dirección de Soberanía Alimentaria. Vera no solo gestionó el proyecto en zonas donde ella misma hace política, sino que forzó una «invitación» donde los competidores de peso, como la FAO, advirtieron que los tiempos eran absurdos. Solo Aremca, con una disposición sospechosa, aceptó el reto.

Pero el momento estelar ocurrió el 19 de junio de 2025. En menos de una jornada laboral, se fabricaron los estudios previos, se obtuvo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y, pasadas las seis de la tarde, se radicó la solicitud de contratación. Al día siguiente, en una sesión relámpago de un comité virtual, Diana Carolina Martínez, entonces secretaria general y hoy vinculada formalmente por la Fiscalía, firmó el contrato que adjudicó a dedo lo que debió ser una licitación pública.

El fiscal del caso lo resumió con una frase demoledora: «Es como si le hubieran cuadrado todo para que Aremca fuera la feliz adjudicataria».

La Recompensa y el Silencio

Lo que siguió fue el Manual del Cinismo Administrativo. A pesar de que la nueva dirección del DPS intentó frenar el contrato tras los allanamientos de la Fiscalía a la sede de Aremca en Barranquilla, la asociación se atrincheró en cláusulas penales para no soltar el negocio. Resultado: un anticipo de $9 mil millones entregado a una entidad cuyos directivos hoy duermen en celdas, y un proyecto de alimentación para 6.900 familias del Caribe que, a una semana de vencerse el plazo, apenas roza el 31% de ejecución.

La rotación de los implicados en el sector público es el toque final de esta ironía. Diana Carolina Martínez, la mujer que firmó el cheque para el «contratadero», aterrizó meses después como asesora de control disciplinario en RTVC. Sí, la encargada de velar por la ética en el sistema de medios públicos es la misma persona a la que la Fiscalía le imputa cargos por saltarse los principios de planeación y transparencia.

Mientras tanto, Gustavo Bolívar guarda silencio sobre las actuaciones de las funcionarias que él mismo seleccionó y empoderó. La pregunta para la opinión pública es inevitable: ¿Cuántas «carreras» de 24 horas más se están corriendo en los pasillos oficiales mientras el país mira hacia otro lado? El contrato con Aremca no es un error de cálculo; es el retrato de una estructura que aprendió a usar los resortes del Estado para favorecer a los mismos de siempre, con la velocidad de quien sabe que el tiempo se le acaba.