El sistema de salud colombiano, alguna vez mirado con orgullo por su cobertura, transita hoy por una de sus horas más oscuras. Y el epicentro de este sismo institucional tiene nombre propio: la Nueva EPS. Lo que comenzó como promesas de transformación y rescate financiero se ha convertido en una cruda radiografía de ineficiencia, con pasivos billonarios y, lo más grave, con millones de pacientes de carne y hueso atrapados en medio del naufragio.

La reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación de abrir investigación formal contra exfuncionarios de peso pesado —como el exministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el exsupersalud Daniel Quintero y el exinterventor Jorge Iván Ospina— no es un hecho aislado. Es la consecuencia lógica de un coctel explosivo donde se mezclan la improvisación administrativa, los anticipos sin legalizar que superan los 17 billones de pesos y una desconexión absoluta con las realidades del servicio.

Las cifras son lapidarias y no admiten matices ideológicos. Que la Nueva EPS lidere el ranking nacional de tutelas con más de 76 mil recursos judiciales en apenas siete meses —un 11,5% del total nacional— demuestra que la crisis dejó de ser un problema de balances contables en oficinas con aire acondicionado para convertirse en una tragedia humanitaria diaria. Detrás de cada tutela hay un paciente crónico rezando por una cita que no llega, un enfermo de alto costo al que le niegan el medicamento vital o una familia agotada por el peregrinaje burocrático.

La reciente orden de la Corte Suprema de Justicia para exigir un plan de choque que ataje el desacato institucional confirma lo que los usuarios vienen denunciando hace rato: el sistema colapsó operativo y financieramente. Mientras tanto, el carrusel de funcionarios continúa; el nombramiento de un nuevo agente interventor, Roberto José Tercero Solano Navarra, busca calmar las aguas de una tormenta que ya arrasó con la confianza pública.

Gobernar la salud pública exige rigor técnico, empatía y, sobre todo, gestión financiera responsable. Cuando la política se impone sobre la viabilidad de las instituciones, los platos rotos siempre los pagan los mismos: los ciudadanos de a pie. La justicia tendrá que determinar responsabilidades penales y disciplinarias, pero el daño infligido a la credibilidad del sistema ya está hecho. Queda por ver si este remezón sirve para corregir el rumbo o si seguiremos contando tutelas mientras el sistema se desangra.