La Fiscalía General de la Nación avanza hacia una nueva fase decisiva en las investigaciones por el escándalo de corrupción que se originó en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y que posteriormente se extendió al Instituto Nacional de Vías (Invías), con el presunto objetivo de direccionar contratos públicos para comprar apoyos políticos en el Congreso.

En este nuevo capítulo del macroproceso, surge con fuerza el nombre de Juan José Oyuela Soler, exdirectivo de Invías y director encargado de la entidad en 2023, señalado como una pieza clave en el presunto esquema de asignación irregular de contratos.

El rol de Oyuela en el entramado, según la Fiscalía

El nombre de Oyuela fue mencionado de manera directa durante la audiencia que podría derivar en medida de aseguramiento domiciliaria contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco.

La Fiscalía sustenta parte de su acusación en el testimonio rendido el 25 de marzo de 2025 por María Alejandra Benavides, exasesora de Bonilla, quien aseguró que Oyuela le entregó una tabla detallada de contratos del Invías. En dicho documento se incluían municipios beneficiados, valores, radicados y el nombre de congresistas interesados, con el fin de asignar recursos públicos a cambio de respaldo legislativo.

Según la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, Oyuela era el encargado de informar directamente al entonces ministro Bonilla sobre la disponibilidad presupuestal del Invías para cumplir con compromisos adquiridos con congresistas.

“Era la persona de pasar información al ministro Ricardo Bonilla del presupuesto disponible en el Invías para cumplir con los compromisos ilícitos”, afirmó la fiscal.

Proyectos por $160.000 millones y presiones internas

De acuerdo con la Fiscalía, con base en la información suministrada por Oyuela, Bonilla sostuvo reuniones con la entonces directora del Invías, Mercedes Gómez, y otros altos funcionarios, en las que exigió la estructuración de proyectos viales por $160.000 millones vinculados a compromisos políticos.

La fiscal Patiño señaló que el entonces ministro mostró molestia ante la negativa inicial de la directora del Invías y ordenó avanzar en la ejecución de los proyectos, lo que evidenciaría un acuerdo político que trasciende la legalidad.

Más de $612.000 millones en contratos bajo la lupa

Según la Fiscalía, los exministros Bonilla y Velasco habrían direccionado más de $612.000 millones en contratos y convenios de la UNGRD y el Invías para obtener respaldo a reformas clave del Gobierno, como la pensional y la de salud, además de votaciones relacionadas con el endeudamiento nacional.

En total, se investigan 79 contratos, de los cuales 74 corresponderían al Invías por más de $571.000 millones, y cinco a la UNGRD por cerca de $41.000 millones. Siete de esos proyectos se habrían concretado.

Los delitos imputados a los exministros son concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, cargos que no fueron aceptados.

¿Se aproxima la imputación de Juan José Oyuela?

Fuentes judiciales indicaron que, una vez concluya la fase preliminar contra los exministros y se resuelva la solicitud de casa por cárcel, la Fiscalía avanzará en nuevas pruebas técnicas, interrogatorios y verificación de expedientes, lo que podría definir la situación judicial de otros implicados, entre ellos Juan José Oyuela.

Otros frentes abiertos: Procuraduría y Contraloría

Oyuela también enfrenta cuestionamientos fuera del proceso penal. La Procuraduría adelanta indagaciones disciplinarias por el fracaso del programa Caminos Comunitarios para la Paz Total, un proyecto de cerca de $8 billones, que registró un avance de apenas 0,36% frente a lo proyectado.

La Contraloría, por su parte, identificó 48 hallazgos fiscales por más de $1.500 millones, relacionados con deficiencias en supervisión, estudios previos y manejo de recursos.

Adicionalmente, Oyuela fue investigado en 2022 por presuntas irregularidades en la reconstrucción del acueducto de Mocoa, obra que sufrió múltiples prórrogas y retrasos.

La Corte Suprema y los congresistas salpicados

En paralelo, la Corte Suprema de Justicia avanza en investigaciones contra cerca de 30 congresistas presuntamente beneficiados con proyectos del Invías y la UNGRD. Las pesquisas incluyen chats, testimonios y declaraciones clave, y se mantienen en etapa preliminar reservada, con posibles definiciones en 2026.

La Fiscalía también revisa una matriz de colaboración que detalla más de 60 proyectos viales, distribuidos entre distintas comisiones del Congreso y varios departamentos del país, con contratos que superan los $33.000 millones en algunos casos.