JEP concluye que los ‘falsos positivos’ no fueron una política de Estado ligada a la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que no existen evidencias de que la política de Seguridad Democrática del expresidente Álvaro Uribe hubiera incluido de manera oficial el denominado «conteo de cuerpos» como indicador de éxito en la lucha contra grupos armados ilegales. Así lo informó Catalina Díaz, vicepresidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, quien aseguró que no hay documentos oficiales que estipularan esta práctica dentro de las estrategias del Gobierno.

No obstante, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 4 generales y 35 oficiales y suboficiales que integraron la Brigada IV del Ejército Nacional por su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada de 442 personas en Antioquia entre 2004 y 2007. Entre los altos mandos implicados se encuentran los generales (r) Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria.

Según la investigación, los militares impusieron de facto el «conteo de cuerpos» como un método de presión para mostrar resultados, con la finalidad de obtener incentivos y reconocimientos. Aunque esta práctica no estaba formalmente incluida en la política de Seguridad Democrática ni en documentos oficiales del Ejército, las pruebas indican que se convirtió en una conducta sistemática dentro de la brigada.

La JEP también reveló que, en varios de los casos, las víctimas fueron sometidas a torturas antes de ser asesinadas. «Ocurrió en 22 casos con 41 víctimas, especialmente campesinos del Oriente Antioqueño, quienes fueron arbitrariamente acusados de ser guerrilleros y torturados para obtener información o forzar entregas de material de guerra», explicó el tribunal de paz en su comunicado.

La magistrada Díaz enfatizó que la política de Seguridad Democrática no estipulaba el «conteo de cuerpos» como un criterio de éxito. Por el contrario, la estrategia de seguridad incluía indicadores como la disminución de secuestros, extorsiones y la mejora en la inteligencia militar. «Decía expresamente: las bajas no son lo más importante», agregó.

A pesar de que la JEP exoneró a la Seguridad Democrática de ser responsable directa de los «falsos positivos», dejó claro que la exigencia de resultados reflejados en bajas incentivó la práctica dentro del Ejército. Se evidenció, a través de comunicaciones radiales entre exuniformados, la presión por presentar muertos en combate, lo que conllevó a la perpetración de estos crímenes.

Con esta decisión, la JEP busca avanzar en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el país, mientras continúa el proceso contra los responsables identificados en estos hechos.