El empresario Víctor de Aldama, señalado como uno de los presuntos intermediarios clave del llamado “caso Koldo”, volvió a declarar este jueves ante la Audiencia Nacional de España y lanzó nuevas acusaciones que salpican a la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, a la petrolera estatal PDVSA y, de manera indirecta, al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).

Durante su comparecencia ante el juez Santiago Pedraz, en el marco de la investigación por un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos —estimado en hasta 220 millones de euros—, Aldama aseguró que un sobre vinculado a PDVSA le fue entregado personalmente por Delcy Rodríguez. Dicho sobre fue detectado por la Guardia Civil y figura en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO).

Según la documentación incorporada al expediente, el sobre tenía como remitente a Manuel Quevedo Fernández, entonces presidente de PDVSA, y como destinataria a la propia Delcy Rodríguez. La UCO sospecha que Aldama habría entregado el documento a uno de sus socios, Alberto Escolano, para su custodia, aunque el sobre no fue hallado tras la detención de este último.

Ante las preguntas del fiscal anticorrupción sobre el contenido y la finalidad del documento, Aldama se negó a dar detalles y se limitó a vincularlo con una presunta financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista. “Es un tema que estamos llevando usted y yo en privado”, respondió, una frase que en el entorno judicial fue interpretada como una posible señal de negociación con la Fiscalía.

El empresario también mencionó, sin profundizar, una supuesta financiación irregular de la Internacional Socialista, extremo que no desarrolló durante su declaración. A la salida de la Audiencia Nacional, el abogado de la organización Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, relacionó estas afirmaciones con la elección de Pedro Sánchez como presidente de la Internacional Socialista en 2022, aunque Aldama no aludió directamente a ese episodio ante el juez.

En su testimonio, Aldama volvió a señalar al actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por un presunto intento de impulsar un negocio de hidrocarburos cuando era presidente de Canarias. Según su versión, el proyecto buscaba instalar depósitos fiscales de combustible en una zona portuaria exenta de impuestos, con la participación de Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, y del empresario Manuel Salles.

Aldama afirmó que hubo viajes a Canarias e incluso a México para intentar conseguir una operadora de hidrocarburos con filial en el archipiélago, aunque el negocio no prosperó por falta de infraestructura y requisitos legales.

En cuanto a la causa principal, el empresario trató de desvincular a su socio Claudio Rivas, propietario de la empresa Villafuel, señalada por la Guardia Civil como eje de la trama. La UCO sostiene que ambos lideraban una organización criminal dedicada a delitos contra la Hacienda Pública y que habrían destinado hasta un millón de euros a la compra de voluntades políticas.

Aldama negó estas acusaciones y atribuyó los pagos irregulares a la empresaria Carmen Pano, a quien la UCO considera posible testaferro de Rivas. Según su relato, Pano le habría entregado entre 40.000 y 50.000 euros para hacerlos llegar a Ábalos y a Koldo García, aunque destinados a favorecer a otra empresa, Have Got Time.

El empresario negó de manera tajante haber entregado 90.000 euros en efectivo para que fueran llevados a la sede del PSOE en la calle Ferraz, como sostuvo Pano en sede judicial. “Es mentira”, afirmó.

Finalmente, Aldama se presentó como un mero intermediario, aseguró que su relación con Rivas se limitaba a negocios inmobiliarios y describió un contexto de presiones constantes por parte de intermediarios para destrabar licencias y proyectos en el sector energético, mientras la investigación judicial sigue avanzando.