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Nuevo estallido social en Colombia: ¿Legítima protesta o estrategia política?
El hundimiento de la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro ha detonado un nuevo llamado a las calles por parte de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y diversas organizaciones sociales. Las movilizaciones anunciadas para el 9 de abril de 2025, con epicentro en el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, evocan los estallidos sociales de 2019 y 2021, cuando las protestas derivaron en violencia y represión.
Si bien el descontento ciudadano es innegable, la pregunta que surge es si este nuevo «estallido social» responde a una genuina reivindicación de derechos laborales o si es una estrategia política ante la incapacidad del gobierno de Petro de materializar sus reformas en el Congreso.
El Congreso en la mira: ¿Bloqueo o equilibrio de poderes?
El rechazo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado con ocho votos en contra y seis a favor evidencia una realidad política incómoda para el petrismo: la falta de mayoría legislativa y de consensos. La CUT y sus voceros han responsabilizado a los congresistas opositores de «darle la espalda al país», sugiriendo que la única salida es la movilización popular.
Sin embargo, no se puede obviar que la reforma laboral también enfrentó cuestionamientos por parte de sectores independientes y económicos que advirtieron sobre sus posibles efectos negativos en la generación de empleo y en la formalización laboral.
¿Es entonces un «bloqueo» político o simplemente el funcionamiento natural de la democracia, donde las iniciativas deben debatirse y ajustarse para lograr consensos? Petro y sus seguidores parecen rehuir del juego institucional y recurrir a la calle como mecanismo de presión.
La calle como herramienta de gobierno
El presidente Petro ha insinuado la posibilidad de convocar una consulta popular para sortear la negativa del Congreso y aprobar no solo la reforma laboral, sino también la de salud. En paralelo, la CUT y otros sectores sociales aseguran que las movilizaciones serán permanentes y tendrán su punto culminante el 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores.
El antecedente inmediato de los estallidos de 2019 y 2021 genera preocupación. Aquellas protestas, que iniciaron como expresiones de descontento legítimo, derivaron en enfrentamientos violentos, vandalismo y un desgaste social significativo.
La gran interrogante es si Petro está dispuesto a utilizar la movilización ciudadana como un recurso de presión política para imponer sus reformas, sin mediar los canales institucionales. Una cosa es la protesta social y otra muy distinta el intento de gobernar a través de la agitación permanente.
¿Hacia dónde va Colombia?
Con un gobierno que cada vez más se distancia del Congreso y apuesta por la presión en las calles, el escenario político colombiano se torna incierto. La posibilidad de un nuevo estallido social puede traer consigo consecuencias impredecibles, desde una mayor polarización hasta el deterioro del orden público y económico.
La movilización social es un derecho, pero también lo es el equilibrio de poderes en una democracia. El verdadero desafío para el gobierno de Petro no es cuántas marchas puede convocar, sino cómo lograr acuerdos políticos que permitan transformar sus promesas en realidades concretas sin sumir al país en un nuevo episodio de incertidumbre y caos.
