En un escenario que parece sacado de una novela de espionaje político, Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, uno de los nombres más sonados en el mundo del contrabando en Colombia, ha convertido su extradición en una batalla simbólica: la de un presunto criminal que busca refugio bajo la figura de víctima política.

El Supremo Tribunal de Justicia de Portugal no compró la narrativa. Lo dejó claro: no hay persecución política cuando los delitos por los que se le reclama son comunes, como concierto para delinquir y cohecho. Y sin embargo, el personaje que alguna vez movió millones en mercadería ilegal y tejió una red que alcanzó hasta puertos estratégicos del país, insiste en lo contrario: que el verdadero motivo por el que lo quieren de regreso en Colombia es porque se atrevió a tocar los hilos del poder.

Y ese hilo —convenientemente presentado en su apelación— lleva a Gustavo Petro. Marín Buitrago asegura que su pesadilla judicial comenzó después de denunciar que hizo un aporte de 500 millones de pesos a la campaña presidencial del ahora mandatario, dinero que según él fue recibido por el estratega Xavier Vendrell. Petro, por su parte, sostiene que jamás aceptó ese aporte y que incluso ordenó su devolución.

La acusación más grave que lanza Papá Pitufo no es la del aporte en sí, sino lo que vino después: supuestos “planes para silenciarlo”, amenazas de muerte a sus abogados y familiares, e incluso una cita presidencial que, según él, valida el miedo. “Si es cierto, me comprometo a protegerlo”, dijo Petro el 2 de febrero de 2025. ¿Fue un ofrecimiento sincero o una advertencia encriptada? Para los abogados del contrabandista, fue lo segundo.

En su intento por bloquear la extradición, Marín despliega una retórica digna de un discurso en campaña: “En Colombia, si dices la verdad que le conviene al presidente, estarás protegido. Si no lo haces… tu destino pertenece a Dios”. Es una línea provocadora, que mezcla política, religión y miedo, pero que, en el contexto judicial europeo, no basta sin pruebas sólidas.

Y ese fue precisamente el talón de Aquiles de su estrategia legal: no demostró persecución ideológica, ni diferencias políticas de fondo con el gobierno colombiano. Su caso, en esencia, es el de un hombre requerido por delitos penales concretos. Nada más.

No es nuevo que personas vinculadas al crimen organizado intenten camuflarse bajo el estatus de perseguidos políticos para evitar extradiciones. Lo llamativo aquí es la forma en que Marín ha intentado usar el nombre del presidente como escudo y, al mismo tiempo, como amenaza. Si la estrategia es de manipulación o si hay verdades incómodas enterradas bajo el polvo de los expedientes judiciales, eso solo el tiempo —y las autoridades competentes— podrán decirlo.

Por ahora, Portugal ha hablado: Papá Pitufo debe enfrentar la justicia colombiana. El asilo que reclama podría ser su último recurso para evitarlo. Pero a la luz de los hechos, su situación parece más la de un criminal acorralado que la de un disidente político.