El escándalo de corrupción que sacude al Gobierno del presidente Gustavo Petro ha abierto una nueva crisis política en Colombia. Las recientes declaraciones del exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, han puesto en la mira a importantes figuras del Ejecutivo, incluyendo al propio mandatario.

Según Reyes, desde finales de 2023 el presidente tenía conocimiento de un presunto esquema de corrupción que involucraba la asignación irregular de recursos públicos mediante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El epicentro del escándalo radica en la utilización de los denominados «cupos indicativos», más conocidos como «mermelada», que habrían servido para comprar votos en el Congreso y garantizar la aprobación de las reformas del Gobierno.

Los hechos narrados por Reyes, respaldados por registros presupuestales y decisiones administrativas, describen una red de desfalco multimillonario. Más de 92.000 millones de pesos habrían sido utilizados para este propósito, y una suma aún mayor podría estar comprometida si se confirman las irregularidades dentro del Instituto Nacional de Vías (Invías).

La postura de Petro: discurso anticorrupción vs. realidad política

Uno de los elementos más llamativos de este caso es la posición de Gustavo Petro. A lo largo de su carrera, el mandatario ha construido su imagen política en torno a la lucha contra la corrupción, denunciando prácticas de clientelismo y compra de votos en gobiernos anteriores. Sin embargo, cuando el escándalo tocó a su propia administración, su respuesta ha sido cuestionable.

A pesar de las advertencias de Reyes en diciembre de 2023 sobre la continuidad de estas prácticas dentro del Ministerio de Hacienda, liderado por Ricardo Bonilla, el Gobierno no tomó medidas inmediatas. Bonilla solo fue removido en diciembre de 2024, y Petro justificó su salida no por su supuesta responsabilidad en el escándalo, sino porque, según sus palabras, lo querían «despedazar por ser leal al programa de Gobierno». Mientras tanto, Reyes, quien denunció las irregularidades, fue relegado y deslegitimado públicamente.

La oposición y la fractura interna del petrismo

El escándalo también ha provocado un terremoto dentro de las filas del petrismo. Figuras de la coalición de Gobierno han manifestado su preocupación por la forma en que la administración ha manejado el caso. La relación con el Congreso también se ha deteriorado, con varios legisladores, incluidos el presidente del Senado, Efraín Cepeda, y el presidente de la Cámara, Andrés Calle, implicados en la red de corrupción.

Desde la oposición, las críticas no han tardado en llegar. Para sectores de derecha y centro, este escándalo representa una confirmación de lo que han sostenido desde el inicio del mandato de Petro: que su Gobierno no es diferente a los anteriores y que el discurso anticorrupción ha sido solo una bandera electoral.

¿Complicidad o negligencia?

La gran pregunta que queda en el aire es si Gustavo Petro fue cómplice de este esquema o simplemente negligente al permitir que ocurriera en su administración. Si bien Reyes sostiene que el presidente fue informado directamente sobre las irregularidades, aún no hay pruebas de que haya participado activamente en el entramado. Sin embargo, el hecho de que haya mantenido a personas cercanas a Bonilla en posiciones clave, y su tibia reacción ante las denuncias, lo dejan en una posición difícil ante la opinión pública.

A medida que la investigación avance, se podrá determinar la verdadera responsabilidad de cada uno de los actores involucrados. Pero lo que ya es evidente es que este escándalo ha dejado una marca imborrable en la administración de Petro, erosionando su credibilidad y debilitando su capacidad de gobernar en lo que resta de su mandato.

El país, que alguna vez vio en él la esperanza de un cambio real, ahora se enfrenta a la dura realidad de que la corrupción sigue siendo un mal enquistado en la política colombiana, sin importar quién esté en el poder.