Mientras Colombia se debate entre desafíos socioeconómicos y un calendario electoral que se acerca inexorablemente, la política pública y la comunicación institucional deberían caminar con prudencia y transparencia. Sin embargo, la más reciente denuncia de la representante a la Cámara Katherine Miranda sacude esa expectativa.

Según Miranda, el Gobierno Nacional adjudicó contratos de publicidad institucional por más de $70.000 millones de pesos durante la última semana de enero de 2026, pocos días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales —la norma que restringe la contratación estatal con fines políticos durante periodos preelectorales—.

La denuncia establece que entre el 26 y el 30 de enero, distintos ministerios y entidades del Gobierno suscribieron al menos 16 contratos, de los cuales 12 se concentraron en RTVC, sumando alrededor de $64.000 millones, es decir, cerca del 90 % del total adjudicado en ese periodo.

Lo que inquieta no es simplemente la cifra —que de por sí es alta—, sino el momento y la forma en que se efectuó. Para Miranda, esta contratación acelerada y concentrada podría significar un uso indebido de recursos públicos con fines políticos, disfrazados bajo la etiqueta de comunicación institucional.

“Firmar más de 70 mil millones de pesos en propaganda institucional justo antes de la Ley de Garantías, mientras el país atraviesa una emergencia económica y social, es una falta de respeto con los colombianos”, dijo Miranda en su denuncia, comparando el gasto con el periodo equivalente de 2022, cuando bajo el gobierno anterior la cifra fue apenas de $1.500 millones.

Ese contraste no es menor: una variación del más de 4.000 % en el gasto de publicidad institucional amerita, al menos, respuestas claras sobre criterios técnicos, objetivos de comunicación y proporcionalidad en el uso de fondos públicos.

La Ley de Garantías: ¿Se Vulneró su Espíritu?

La Ley de Garantías Electorales busca precisamente evitar que los gobiernos en ejercicio utilicen recursos del Estado para obtener ventajas políticas o influir en los votantes, especialmente en periodos cercanos a elecciones. Cuando más debería prevalecer la certeza y equidad, aparecen montos millonarios firmados en cuestión de horas, convocando inevitablemente a la sospecha.

No se trata solo de un debate técnico, sino de confianza pública. En un país donde las instituciones aún luchan por consolidar credibilidad y transparencia, decisiones como estas alimentan la percepción de que las normas pueden ser eludidas si el poder lo decide.

Miranda ya anunció que llevará la denuncia ante los organismos de control —Contraloría y Procuraduría— para determinar si la contratación se ajustó a los principios de legalidad, transparencia y neutralidad que rigen la administración pública.

Más Allá de la Denuncia: Un Debate Necesario

Que la oposición levante la voz es legítimo. Pero más allá del color político, lo que está en juego es la confianza de los ciudadanos en el uso de sus impuestos.

¿Será esta una excepción aislada en la carrera administrativa del Gobierno, o un síntoma de un problema mayor en la relación entre comunicación estatal y campañas políticas? Colombia merece respuestas claras, no solo denuncias fragmentadas.

Porque al final del día, la publicidad oficial no debería convertirse en un accesorio de campaña disfrazado de información institucional. El reloj electoral no debería dictar el ritmo de decisiones que comprometen la percepción y la legitimidad del Estado.