La Organización de los Estados Americanos (OEA) ha denunciado este miércoles al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por intentar consolidar su poder con una nueva reforma constitucional que, según la OEA, busca institucionalizar una dictadura “matrimonial” en el país centroamericano. El comunicado de la organización rechazó la reforma, acusando a Ortega de intentar aumentar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder a través de modificaciones a la Constitución que se presentan como “ilegítimas”.

La reforma fue presentada por Ortega el pasado martes ante la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y propone cambios fundamentales, entre los cuales destaca la ampliación del periodo presidencial de cinco a seis años y la creación de una figura de «copresidencia». El texto establece que la presidencia estará integrada por un “copresidente” y una “copresidenta” que serán elegidos cada seis años, en lugar de cinco como se estipula actualmente. Esto sería una modificación significativa que se suma a una serie de reformas constitucionales promovidas por Ortega desde que asumió el poder en 2007.

El Despacho de una Dictadura «Matrimonial»

La OEA no solo critica la reforma por su contenido, sino también por la forma en que refleja la concentración de poder en las manos de Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien ha ocupado roles clave en el gobierno. A la luz de estas modificaciones, la OEA calificó la reforma como una “aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial”, una expresión que subraya la creciente centralización del poder en una sola familia.

Según el comunicado de la organización, el pueblo nicaragüense merece una democracia auténtica, elecciones libres y respetuosas de los derechos humanos. Rechazaron rotundamente el carácter de estas reformas, que no solo perpetúan a Ortega en el poder, sino que además, socavan el Estado de Derecho y debilitan los mecanismos de control democrático.

Otros Aspectos de la Reforma

La reforma también incluye una serie de medidas controversiales que fortalecen el control del Estado sobre la sociedad nicaragüense. En su texto, se menciona que “los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense”, una disposición que ha sido utilizada por el gobierno de Ortega para despojar de su nacionalidad a opositores, periodistas, empresarios y activistas políticos que han sido críticos del régimen. Esta medida ha tenido un impacto devastador, ya que más de 450 personas han sido expulsadas del país desde las protestas de 2018, las cuales Ortega y su esposa consideran un intento de golpe de Estado orquestado desde Estados Unidos.

Además, la reforma incluye medidas que apuntan a fortalecer el control sobre los medios de comunicación y la Iglesia, restringiendo su libertad de actuación y prohibiendo que operen bajo «intereses extranjeros». En este contexto, el gobierno también busca eliminar cualquier tipo de oposición dentro de la prensa y las organizaciones religiosas que se han opuesto al régimen. La OEA calificó esta medida como un grave atentado contra la libertad de expresión y los derechos fundamentales de los nicaragüenses.

Una Reforma que Amplía la Represión

Uno de los aspectos más preocupantes de la reforma es la creación de una «Policía Voluntaria», una fuerza integrada por civiles que actuaría como un cuerpo auxiliar a las fuerzas de seguridad del Estado. Durante las protestas de 2018, el gobierno ya utilizó a grupos paramilitares, conocidos como «turbas», para reprimir a los manifestantes, y la creación de esta nueva policía podría intensificar la violencia contra los opositores y activistas.

La reforma también redefine a Nicaragua como un «Estado revolucionario» y establece como símbolo patriótico la bandera rojinegra del FSLN, la cual ha sido asociada con el movimiento sandinista que Ortega lideró en los años 80.

La Reacción Internacional y el Llamado a la Acción

La OEA ha instado a la comunidad internacional a redoblar la presión diplomática sobre el régimen de Ortega y Murillo, calificando de urgentes las medidas para garantizar justicia para el pueblo nicaragüense. La organización también ha solicitado sanciones para aquellos responsables de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos y miles de heridos.

El llamado es claro: el pueblo nicaragüense necesita una verdadera democracia, paz, y el fin de la dictadura que, según la OEA, está siendo institucionalizada por Ortega con el respaldo de su esposa Rosario Murillo. La comunidad internacional sigue atenta a la evolución de estos acontecimientos, mientras la lucha por la libertad y la democracia en Nicaragua continúa siendo un desafío significativo para la región.